Ultimátum a Valledupar para obras de los Bolivarianos
Guillermo Herrera, ministro del Deporte, dijo que si la capital del Cesar no cumple, algunas disciplinas podrían disputarse en otras ciudades.
El ministro del Deporte, Guillermo Herrera, solicitó a las autoridades de Valledupar mayor celeridad en las obras de los Juegos Bolivarianos 2022, que están previstas a iniciar el próximo 24 de junio.
De lo contrario, algunas disciplinas de las justas podrían realizarse en otras ciudades del país.
“Si al 30 de marzo los escenarios donde se van a desarrollar deportes como béisbol, baloncesto, además la piscina olímpica, no están listos, nos los vamos a llevar para otras sedes.” afirmó el funcionario.
Agregó que “ese fue el anuncio que le hicimos a la Gobernación y a la Alcaldía, sé que han tratado de hacer un esfuerzo grandísimo, pero nosotros también necesitamos organizar eso deportivamente. Nos van a visitar diez países y tenemos que anunciar con suficiente tiempo si se van a desarrollar disciplinas como BMX, natación y béisbol”, explicó.
Asimismo, Herrera explicó que las obras de la piscina olímpica, que se llevan a cabo en la Universidad del Cesar, avanzan en un 38%, una situación que ha encendido las alarmas del Gobierno Nacional. En total, la construcción del escenario deportivo demanda una inversión de 16.928 millones de pesos.
A pesar del evidente retraso, las autoridades locales aseguraron que trabajan arduamente para cumplir con el cronograma.
“Estamos trabajando en horarios diurnos y nocturnos para cumplir con los cronogramas previstos. Faltan detalles relacionados con lo más complicado de la piscina, pero vamos por buen camino”, manifestó Esther Mendoza, secretaria de infraestructura departamental.
Tras la reunión del Comité Organizador, en el que también estuvieron el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano; la directora de los Juegos Bolivarianos, Ana Edurne Camacho; el alcalde de Valledupar, Mello Castro González, y el gobernador del Cesar (E), Andrés Meza, el ministro del Deporte destacó un aporte adicional de 14.000 millones de pesos del Gobierno Nacional para la organización y logística de los Bolivarianos.
“Si los Juegos se fueran a hacer mañana, desde el punto de vista de organización y logística ya estamos listos, porque todo el componente previo de preparación se ha venido ejecutado de acuerdo con lo programado. El Gobierno Nacional anunció un aporte adicional para seguir financiando aquellos aspectos de logística y organización que no lo tenían”, explicó el funcionario.
Retrasos
La Procuraduría indicó, a través de un comunicado de prensa, que encontró posibles inconsistencias en la gestión administrativa y contractual para la adecuación y construcción de la infraestructura requerida para la realización de estas justas deportivas, pues advirtió bajos porcentajes de avance en un importante número de contratos.
Ante esta situación, el ente de control instó a la directora general de la Organización de los Juegos Bolivarianos, al gobernador del Cesar, al alcalde de Valledupar y al director del Instituto Municipal de Deporte y Recreación, a adelantar un estricto seguimiento a los cronogramas de ejecución.
Asimismo, solicitó remitir información sobre la programación de obra, avances y subcontratos de actividades críticas para identificar con mayor certeza las problemáticas que podrían generar retrasos en la entrega de los espacios para la práctica de deportes.
Teniendo en cuenta el tiempo que resta para iniciar los juegos, el Ministerio Público puntualizó que del total de obras visitadas solo hay una que contempla tres escenarios con un porcentaje de avance superior al 50 %, y el contrato de la pista para BMX no ha sido adjudicado.
De igual manera, encontró que la mayoría de los plazos de los contratos en ejecución superan la fecha de inicio de los Juegos Bolivarianos, por lo que su entrega anticipada depende exclusivamente de la voluntad de los contratistas.
Finalmente, la Procuraduría recordó que esta actuación preventiva no implica coadministración, prejuzgamiento o injerencia en las decisiones administrativas, técnicas, jurídicas o de cualquier otra índole para las entidades, ni para los particulares que ejercen funciones públicas o administren recursos públicos.
