El Heraldo
Córdoba

Rifirrafe entre el Gobierno y campesinos del sur de Córdoba por el Pnis

Labriegos aseguran que no han cumplido con los acuerdos.

Este viernes 21 de enero se realizó en Montería una reunión entre las directivas del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Pnis, con líderes del sur de Córdoba adscritos a la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú, Asodecas, quienes han anunciado protestas ante lo que consideran como un retraso en la implementación de los programas establecidos en los acuerdos de paz firmados en La Habana.

Durante la actividad los representantes de ambos bandos se lanzaron acusaciones de lado a lado, pues mientras los campesinos aseguran que el Gobierno no avanza con la implementación; los voceros del Estado aseguraron que el retraso obedece a la negativa de algunos sectores que no permiten que se verifique la erradicación de los terrenos que ya deberían estar libres de hoja de coca.

Cervelión José Cogollo Acevedo, representante legal de la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú, Asodecas, promotora y defensora de los derechos humanos, aseguró que todo se trata de una fachada del Gobierno para desprestigiar la protesta.

“Nosotros tomamos la decisión de salir a una manifestación este sábado 22 de enero para exigir nuestros derechos por el incumplimiento del acuerdo de paz que debería beneficiar a los campesinos de todo el territorio nacional, especialmente en zonas afectadas por el conflicto armado”, indicó.

Según el líder campesino, la implementación se ha cumplido tan solo en un 5 por ciento en materia de pagos; mientras que al programa de Sustitución le han cumplido en un 1%.

 “El Gobierno nos dice que el país está desfinanciado, y que el presidente Santos había dejado el país sin plata por eso tienen un retraso, pero nosotros no creemos porque la firma del acuerdo fue hace cinco años, entonces es un incumplimiento total”, sostuvo.

Se supo que este sábado 22 de enero realizarán una concentración desde el municipio de Tierrralta: y el 23 será una movilización pacífica en el casco urbano de esta misma localidad.

“Le mostraremos a la opinión pública las inquietudes de cada sector que hoy se encuentra organizado, exigiendo la implementación del acuerdo de paz. Tendremos unos 1.300 campesinos movilizándose. Nosotros como organización nunca hemos tenido patrocinio de ninguna índole para nuestras movilizaciones, porque solamente nos acogimos a la implementación del programa de sustitución y vamos a defender nuestros derechos”, aclaró.

Con relación a las suposiciones del Gobierno de que en la zona se esté volviendo a sembrar hoja de coca, Cogollo  dijo que “sabemos que el Gobierno ha utilizado una fachada de mentira frente a la implementación del acuerdo y desprestigiar la protesta, para seguir estigmatizando la voluntad del pueblo. Si bien en Tierralta más de 3 mil familias nos acogimos al Pnis, somos unas 14 mil familias de esta localidad donde se solicita solucionar el tema de la tenencia de la tierra, vivienda digna, educación, conectividad en el territorio, y vías. No podemos ser ajenos  a que haya personas que han ingresado al territorio a sembrar hoja de coca, porque el Gobierno no ha asumido los espacios que dejó las Farc para así acabar con cualquier figura que esté pro de continuar con esto. Mientras no se cuente con vías, ni soluciones de vivienda dignas, acuerdos prediales, muchas personas tendrán el cultivo de hoja de coca como única salida para poder sostenerse económicamente, porque otra figura no existe, no hay forma de hacerlo con un plan de cultivos lícitos donde no hay por dónde sacarlos”, indicó.

En Córdoba se acogieron al Pnis 6.375 familias, de las cuales 3.433 corresponden al municipio de Tierralta.

“El Pnis como plataforma política”

Por su parte el director Nacional del Pnis, Hernando Londoño Acosta, durante su estancia en Montería, sostuvo que se bien podría haber interés en los grupos al margen de la ley para evitar que se verifique la siembra de hoja de coca, habría otros sectores tomando el Pnis como una plataforma para llegar a puestos de elección popular.

“Este sábado fue anunciada una manifestación y movilización en Tierralta  con el argumento del incumplimiento del programa en Córdoba, pero no se está incumpliendo y el Gobierno del presidente Iván Duque ha dicho que le va a cumplir a las 100 mil familias a nivel nacional en el marco de la política de paz con legalidad, eso equivale a unos 400 mil colombianos. Eso significa unos costos superiores a los $3.6 billones de pesos de los cuales este Gobierno ya ha entregado $2.2 billones de pesos a estas familias, ese presupuesto es tan significativo como decir que en Tierralta ya aprobamos inversiones por más de $53 mil millones de pesos a la fecha, recursos que en ese municipio se tardarían más de 25 años en llevarse a esas familias”, dijo.

Para el caso del departamento de Córdoba se han hecho inversiones de $103 millones de pesos y actualmente está en trámite una licitación que será adjudicada por $49 mil millones de pesos adicionales, lo que llevaría a más de $152 millones de pesos las inversiones.

“Lo que hay que tener claro es que el Pnis cuando se diseñó no tuvo en cuenta que las familias  que cultivaban coca estaban en el Parque Nudo de Paramillo o que estaban en zonas de reserva forestal de la ley segunda y entonces cuando usted quiere implementar proyectos productivos en un parque natural tiene que cumplir con los requisitos establecidos,   es decir, nosotros no podemos implementar proyectos de ganadería, porque la ley nos dice que allí solo se puede el pago por servicios ambientales, pero la gente no quiere así”, explicó.

La meta del Pnis es erradicar las 143 mil hectáreas de cultivos ilícitos reportadas en todo el territorio nacional, de las cuales en el departamento de Córdoba se han detectado 3.749, según el monitoreo de la Organización de Naciones Unidades, Onu, de las cuales han sido sustituidas 2.593.

“No entendemos por qué un grupo de campesinos ahora no quiere sustituir voluntariamente, tenemos claro que el negocio de la coca es rentable y que ningún cultivo lícito tiene esas rentabilidades, lo que nosotros necesitamos es generar conciencia de que estamos en la producción de una actividad ilegal. El cultivo de la coca parece ser un cultivo fácil, pero es ilícito, y esas economías están acabando con la producción local, la gente ya no quiere producir yuca, plátano, ni otros alimentos, sino sembrar coca porque es más fácil”, sostuvo el Director del Pnis.

Según el funcionario, el sistema  de monitoreo que utilizan las autoridades antinarcóticos ha permitido detectar que en esos territorios nuevamente hay cultivos ilícitos.

“Ellos alegan el incumplimiento, pero para poder llevar a cabo los proyectos productivos necesito que suscriban los convenios de uso de tierra y no los están suscribiendo. Necesito que accedan a pagos por servicios ambientales y no quieren. Necesito que me dejen ingresar a la Organización Naciones Unidas en Saiza, y en otras poblaciones del sur de Córdoba y no dejan entrar a la comisión. Entonces es un contrasentido en el que alegan incumplimiento, pero tampoco nos permiten ejecutar. Yo no quiero adelantar especulaciones, pero uno empieza a pensar que la negativa será porque hay coca y no quieren que se sepa”, sostuvo.

Según los reportes, la mayoría de familias han cumplido con las labores de erradicación en un 99%.

“En este momento se niegan aproximadamente unas 2 mil familias que están rechazando los derechos de uso y los acuerdos pero hay otras que no nos están dejando ingresar. No son precisamente las familias, sino grupos que están presionando a las comunidades para que no dejen entrar a verificar. Estamos hablando de grupos armados y seguramente hay intereses  de que el Gobierno no pueda ingresar para después decir que no se está cumpliendo, es decir estamos en una época preelectoral, y el Pnis se está utilizando en muchos territorios como una plataformas para acceder a corporaciones públicas, de hecho muchos de los líderes del Pnis están participando como candidatos a las curules de paz y a otras curules que están  disponibles en otras campañas”, dijo.

Desde el Gobierno se supo que el programa tiene cinco componentes correspondientes al tema de pagos, que está en el 100 por ciento; en el de huertas caseras, y asistencia técnica, en el 91% y en el de proyectos productivos, en el 20 por ciento.

“Aquí nos han dicho que vamos muy atrasados en los proyectos productivos, pero las familias recibieron $12 millones de pesos para mejorar la productividad de sus parcelas, recibieron hasta $2 millones de pesos para proyectos productivos de huerta casera, y cuentan con asistencia técnica y ya el 19 por ciento de las familias en Córdoba, es decir unas 1.200 familias  ya están implementando el proyecto productivo del ciclo corto”, puntualizó Londoño.

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