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Córdoba

Instalan campamento humanitario para familias mineras en Puerto Libertador

Decenas de familias aseguran que perdieron su sustento debido a la intervención a la mina El Alacrán.

En el municipio de Puerto Libertador, sur de Córdoba, fue instalado un refugio humanitario para atender a las familias mineras de la vereda El Alacrán, que aseguran haber sido afectadas por la fuerza  pública en un reciente operativo en contra del ‘Clan del Golfo’.

La situación fue desatada a raíz de las operaciones en contra de la minería ilegal, en la que se destruyeron máquinas utilizadas para la extracción de oro que, supuestamente, eran de propiedad de los campesinos.

La Red de Derechos Humanos del Sur de Córdoba rechazó las acciones, que calificó como estigmatización, y pidió un acompañamiento de la Defensoría del Pueblo.

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“En la inspección y verificación de daños y abusos se logra evidenciar graves violaciones a los Derechos Humanos, entre ellas el operativo realizado por varios hombres encapuchados, de señalamientos en contra del líder comunitario Farly Eliécer Velázquez y desde luego daños materiales cuantiosos que afectan el desarrollo de la Asociación de Mineros Artesanales del Alacrán y a las familias que subsisten del diario vivir en esta vereda y sus alrededores”, indica la entidad en su pronunciamiento.

De igual manera señaló que: “el Refugio Humanitario requiere el acompañamiento y apoyo de todos quienes defendamos la vida, la dignidad de las comunidades y el desarrollo integral de los territorios. Para el próximo sábado 20 de marzo de 2021, se llevará a cabo una Caravana Humanitaria desde la ciudad de Montería hasta el Refugio Humanitario de la Mina el Alacrán”.

Los habitantes de la mina El Alacrán aseguran que desde hace más de 40 años realizan la extracción de oro de manera artesanal y que ahora están siendo estigmatizados por parte de la fuerza pública, que los relaciona con el ‘Clan del Golfo’.

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La senadora cordobesa, Victoria Sandino aseguró que realizará un debate de control político por la situación de la mina El Alacrán.

“Radicaremos una carta al parlamento canadiense para que tengan conocimiento de lo que realiza la empresa Minerales Córdoba, para que observen la violación de los Derechos Humanos contra esta comunidad y también estamos preparando un debate de control político para que la institucionalidad responda frente a los hechos que están ocurriendo con la comunidad”, dijo.

Continuó: “Allí donde la empresa viene victimizando y estigmatizando a la comunidad que ya históricamente han sido amenazada también por grupos armados, poniendo en riesgo sus vidas y el liderazgo de las comunidades”.

La vereda El Alacrán, ubicada en zona rural de Puerto Libertador, subregión del Alto San Jorge, está compuesta por habitantes rurales, en su mayoría campesinos, campesinas, pueblos indígenas y negros.

“Yo estuve en esa mina, conozco las necesidades que tienen las comunidades y por eso transmito este mensaje solidario y también la disposición de seguir acompañando este proceso, porque no pueden seguir violentando las condiciones de las comunidades rurales”, puntualizó Sandino.

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Cabe recordar que el procedimiento fue realizado en horas de la madrugada de este domingo 14 de marzo, lo que hizo que decenas de familias salieran de sus casas y agolparan en la plaza del pueblo, temerosos de algún tipo de represalias, pues según ellos, están siendo estigmatizados.

En el sitio, las autoridades destruyeron máquinas y elementos utilizados aparentemente para labores de minería ilegal argumentados que se trataba de una economía a disposición de la banda criminal ‘Clan del Golfo’.

Entre tanto, la Defensoría del Pueblo manifestó que “llevamos varios años mediando y trabajando para buscar soluciones ante la problemática en la mina El Alacrán. Mantenemos una misión humanitaria para verificar la situación en que se encuentran las comunidades y adelantar actuaciones para su atención”, explicó este martes el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, quien ha liderado el acompañamiento a la comunidad.

El pasado 14 de marzo, desde primeras horas de la mañana la Defensoría del Pueblo sostuvo conversaciones con la Alcaldía de Puerto Libertador y participó en la reunión del Puesto de Mando Unificado, PMU, en donde se escuchó a la comunidad de la mina El Alacrán y se acordó el trabajo articulado de las instituciones para la protección de los derechos de los habitantes en esta vereda”.

Según el más reciente censo, la vereda El Alacrán, está conformada por 300 familias, equivalentes a unas 1.200 personas que devengan sus sustento de la minería artesanal.

El Defensor dijo que “se han adelantado reuniones con los líderes de la comunidad, las autoridades locales y la empresa Minerales Córdoba. Como resultado, y por solicitud de la Defensoría del Pueblo, se acordó la conformación de una mesa de trabajo entre las Instituciones, para buscar soluciones a la problemática que se viene presentando y propender por la garantía de los derechos de la población”.

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En las reuniones también han sido partícipes el Ministerio de Minas, la Agencia Nacional de Minería y la Alcaldía de Puerto Libertador.

“Ratificamos nuestro compromiso en la defensa de los derechos individuales y colectivos de las comunidades y para ello, desde la reunión sostenida el domingo pasado, ha desplegado actuaciones en territorio y exhortado al diálogo y trabajo articulado de las instituciones”, puntualizó Camargo Assís.

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