Familias desplazadas del sur de Córdoba aseguran que no hay garantías para el retorno
José David Ortega, vocero de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, Ascsucor, asegura que la solución al problema de desplazamiento no depende solamente de la presencia de las tropas militares.
Aunque las autoridades militares aseguran que están dadas las garantías para el retorno de las cerca de 800 familias desplazadas en el sur de Córdoba, los líderes campesinos sostienen que los grupos ilegales siguen teniendo el control del territorio.
El temor sigue haciendo mella en las más de 2 mil personas en condición de desplazamiento que permanecen albergadas en el corregimiento de Juan José, municipio de Puerto Libertador, sur de Córdoba, pues aunque las autoridades insisten en que están dadas las garantías para el retorno a sus lugares de origen, los campesinos aseguran que el control del territorio lo siguen teniendo los grupos al margen de la ley, que intimidan a la población hasta por mensajes de WhatsApp.
José David Ortega, vocero de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, Ascsucor, asegura que la solución al problema de desplazamiento no depende solamente de la presencia de las tropas militares, también requiere del volcamiento de la institucionalidad en las veredas amenazas donde adolecen de infraestructura educativa, hospitalaria y políticas sociales.
“Ellos creen que ya están dadas las condiciones, pero no es así, porque los grupos que están en territorio siguen teniendo el control. Esa gente solo con enviar un mensaje de WhatsApp intimida a toda la población”, aseguró Ortega.
Una de las situaciones que en mayor medida atemoriza a los campesinos, es el aparente uso de minas antipersonales instaladas en los caminos por donde precisamente, tendrían que transitar las familias para el retorno a sus hogares.
“Hay partes donde los caminos están minados. Los grupos delincuenciales ponen minas por la noche y las retiran por la mañana. No son campos minados permanentes, sino que usan las minas como un cerco para evitar el paso no solamente de los campesinos, también de los grupos rivales con los que se disputan el territorio”, explicó el líder campesino.
Según, el Ministerio Público, las familias en condición de desplazamiento son provenientes de las veredas Río Sucio, Puerto Mutatá, Soledad, Jagua, Rogero, el cabildo Zenú, de Buenavista, y el cabildo Emberá Katio, de Cañaveral. También han llegado familias provenientes de la zona rural del municipio de Ituango, Antioquia, lo que hasta la fecha suma cerca de 800 familias, equivalentes a unas 2.159 personas.
Se ha denunciado que en la zona hacen presencia las disidencias del frente 18 de las Farc, ‘los Caparrapos’ y ‘el Clan del Golfo’ que se disputan el control de los narcocultivos.
Las familias desplazadas aseguran que el Ejército hace presencia por un tiempo, pero luego se va, lo que hace que los grupos ilegales se reorganicen y nuevamente comiencen a presionar a la población civil. “Allá tiene que volcarse la institucionalidad completa para hacer trabajos humanitarios, transformar el territorio para que de una u otra manera la gente comience a tener confianza, porque solamente ‘la bota’ militar no le da confianza a la gente”, puntualizó Ortega.
Con un esquema de protección ‘alquilado’
De otra parte, el secretario de Gobierno del municipio de Puerto Libertador, Rafael Iván Martínez Ricardo, quien se encontraba asilado en Montería tras haber recibido amenazas de muerte en su contra, informó que pudo regresar al municipio.
“Aún no cuento con el esquema de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección, UNP, pero estoy andando con una unidad que me colocó la Policía Nacional. La Alcaldía está pagando un vehículo para que me transporte y otro escolta, porque debido a las condiciones de riesgo no puedo estar con una sola unidad”, aseguró Martínez Ricardo.
El Secretario de Gobierno del municipio de Puerto Libertador indicó además que “vengo reiterando que no es Rafael Martínez el que está amenazado, es la institucionalidad, porque se está afectando la posibilidad de que se ejerza esa función como tal, por eso hacemos esta petición muy respetuosamente a la UNP para que por favor le den celeridad al proceso”, dijo.
En charla con EL HERALDO, el funcionario hizo referencia a la reciente firma del convenio de Regiones Administrativas y de Planificación (RAP), entre Córdoba y el departamento de Antioquia, con el que el Gobierno Nacional se pretende conectar a los territorios y reforzar la institucionalidad.
“Vemos con muy buenos ojos que el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, se haya interesado en ayudarnos, porque la criminalidad que está padeciendo el Bajo Cauca antioqueño es la misma que hoy afecta al sur de Córdoba”, indicó Martínez Ricardo, quien continuó diciendo que “el municipio de Puerto Libertador se encuentra en ley 550 lo que le deja poco margen de maniobra para adelantar obras de impacto en la zona, por eso tenemos claro que no solamente se requiere del esfuerzo militar, también es la inversión social. Tenemos una situación especial con los campesinos del Programa de Sustitución Integral de Cultivos Ilícitos, Pnis, quienes piden ayuda con sus proyectos productivos, pero tampoco hay escuelas, no hay vías y no hay acompañamiento para el desarrollo social. Parece mentira, pero estos pueblos parece que estuvieran todavía en el siglo XVII o XVIII”, concluyó.
