El Heraldo
Las familias desplazadas han dormido en carpas y hamacas en parques de Montería, único departamento del Caribe con esta problemática.
Cortesía
Córdoba

Desplazados en Córdoba, un fenómeno que no para

Campesinos e indígenas son los principales afectados por el desplazamiento masivo en Córdoba. Piden garantías para el retorno a sus territorios.  

Con tres casos de desplazamiento en lo que va corrido del primer trimestre del año, Córdoba figura como el único departamento de la Costa Caribe donde se han registrado movilizaciones masivas por causa de la violencia.

Si bien otras jurisdicciones como Nariño con 28 casos de desplazamiento; Valle del Cauca, con 25, y Cauca con 14, llevan la delantera en cuanto a incidencia de este flagelo, en Córdoba más de 2 mil familias indígenas y campesinas padecen desde hace tres meses por no poder estar en sus territorios, según ellos, porque son agredidos por los grupos armados que incursionan en sus resguardos.

La difícil situación de hacinamiento, exposición de enfermedades y accidentes en los albergues, llamó la atención de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, Ocha, que pidió a las autoridades nacionales y locales que se brinden las garantías para que no se vulneren los derechos de estas personas.

Los censos han establecido que en total se trata de 647 familias desplazadas en Montería, es decir 2.181 personas, de las cuales 1.059 son niños, niñas y adolescentes.

Precisamente esta semana las comunidades indígenas y campesinas completan tres meses en condición de desplazamiento por causa de la injerencia de grupos armados en sus territorios ancestrales.

Según la Defensoría del Pueblo, el accionar de los grupos armados ilegales están generando situaciones que aterrorizan a la población y generan el desplazamiento masivo de las comunidades, por cuenta de amenazas, homicidios, reclutamiento forzado, presencia de artefactos explosivos, restricciones a la movilidad, disputas por el control territorial y social, entre otros aspectos que generan terror y zozobra en el territorio.

Los indígenas Embera Katío del Alto Sinú llevan cerca de tres meses desplazados en Montería.

Sobrevuelos y enfrentamientos

Según los denunciantes, son frecuentes los sobrevuelos, enfrentamientos, bombardeos e intimidaciones que han alterado el normal desarrollo de las cotidianidades del resguardo Emberá Katío del Alto Sinú, instalado en zona rural de Tierralta, al sur de Córdoba.

“No podemos salir a cazar, pescar, cosechar nuestros alimentos, porque corremos el riesgo de ser agredidos por los grupos armados, e incluso por la fuerza pública”, dice David Bailarín Domicó, uno de los líderes de los Cabildos Mayores del Río Sinú, y Río Verde.

El informe señala que durante el primer semestre de este año se han presentado 102 eventos de desplazamiento masivo nivel nacional, donde 44.290 personas se movilizaron de manera forzada a otros lugares por cuenta del conflicto armado, pertenecientes a 15.340 familias, que tuvieron que dejar sus hogares.

Las autoridades a nivel nacional prendieron las alertas ante el incremento de casos de desplazamiento y se iniciaron mesas de diálogo que permitan garantizar el retorno.

Edwar Petro Delgado, representante de las comunidades campesinas del Alto Sinú, sostiene que “inicialmente en las reuniones no teníamos las garantías del nivel nacional para establecer algunos protocolos para el retorno de las familias indígenas y campesinas”.

El líder jornalero afirma que “vemos las actuales conversaciones como un escenario fundamental en el que encontremos las garantías a través de los compromisos establecidos y lograr un retorno a nuestras comunidades tanto campesinas como indígenas”.

Hay diálogos para el regreso de los indígenas.

Roces constantes

Los indígenas aseguran que los impasses en el terreno no solo se registran con los grupos ilegales, pues según ellos, también han recibido agresiones por parte de la Fuerza Pública.

Uno de los incidentes más recientes fue denunciado en febrero de este año en la vereda El Barro, del Montelíbano, en la subregión del Alto San Jorge, sur de Córdoba, donde un hombre resultó herido cuando decenas de campesinos protestaban por el aterrizaje de un helicóptero en sus terrenos.

El vocero de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, Ascsucor, José David Ortega, sostiene que “así llega el Estado a las comunidades del sur de Córdoba, solo con represión a la gente. En la vereda El Barro, de Montelíbano, un herido con arma de fuego, una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, abren fuego a menos de 100 metros de una vivienda campesina”.

Del suceso quedaron algunos videos en los que se evidencia el momento en que un helicóptero arriba a una zona despejada, mientras que decenas de campesinos rodean el sector, y luego se muestra a un hombre adulto que sangra por causa de una aparente herida de bala en la pierna izquierda.

“Las comunidades se resisten a la erradicación forzada, porque el Gobierno no ha cumplido con la aplicación del  Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Pnis,  para la represión y la fuerza si hay recursos, pero para la inversión social y La Paz nada”, expresa Ortega.

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