Cristian Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés, procesados por la masacre de Chimá, Córdoba, que cobró la vida de tres ciudadanos, fueron cobijados una vez más con medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.
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Esta vez fue el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Ciénaga de Oro, con funciones de control de garantías, el que accedió al pedido de la Fiscalía General de la Nación por el delito de abigeato agravado por la confianza y por el monto que es cercano a los mil millones de pesos.
El juez José Luis Julio Hernández ordenó la privación de la libertad de Cristian Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés en la cárcel Las Mercedes, de la ciudad de Montería.
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El administrador judicial accedió en la tarde de este jueves 19 de junio al pedido del ente investigador-acusador al considerar que la medida de aseguramiento era “proporcional y necesaria” y porque además “debía brindarse protección a la comunidad y a las víctimas”, así como por la magnitud del asunto dada la cantidad del dinero y era un delito cuya pena es superior a los 4 años.
El reconocido abogado penalista Lesmer Quintero Argel, que es el defensor de los procesados Cristian Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés, apeló la decisión considerando que el juez de Ciénaga de Oro no valoró los elementos materiales probatorios que él le puso de presente, entre ellos 12 entrevistas.
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“El juez se detuvo en situaciones que no eran del grueso de la investigación. Tuvo argumentos circulares”, anotó el abogado Lesmer Quintero Argel.
