De acuerdo con Amnistía Internacional, los crímenes de derecho internacional y los abusos y violaciones de derechos humanos en el marco del prolongado conflicto armado interno en Colombia aumentaron en las zonas rurales donde estaba en disputa el control de los territorios anteriormente dominados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP).
Sin embargo, y pese a que persisten aún muchas dificultades para el respeto y goce pleno de los derechos humanos (DD.HH.), hay que reconocer también que el país ha dado grandes pasos en la construcción del Estado Social de Derecho que consagra los principios plasmados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre estos derechos.
Es así como la Defensoría del Pueblo ha advertido que este avance ha sido posible gracias a que muchas entidades se han sumado al esfuerzo por promocionar y proteger los DD. HH. En el documento en el que se analiza el mencionado avance se afirma 'que el Estado colombiano ha robustecido sus políticas en torno a la promoción y protección de los DD. HH. y emprendido acciones efectivas desde todas las ramas, con el fin de que todos los ciudadanos pueden gozar efectivamente de sus derechos'.
Entre esas acciones está la Política Pública de Garantías y Respeto a la Labor de Defensa de los DD. HH. y el Liderazgo Social, y de acciones para proteger los derechos, la vida y el accionar de los líderes sociales y las personas defensoras de Derechos Humanos, quienes a diario luchan por sus comunidades con valentía y gallardía, siendo, no pocas veces, amenazados y atacados por personas o grupos criminales.
