Procuraduría pidió a la JEP decisión sobre caso de menor desvinculada
La adolescente de 13 años perdió una de sus manos al ser capturada por el Ejército en 2013 y fue acogida por el ICBF.
BOGOTÁ. La Procuraduría informó este jueves en un comunicado que pidió a la JEP resolver de fondo y con celeridad la situación jurídica de una ex combatiente de las FARC reclutada a los 13 años en 2010, y quien luego de haberse desvinculado en 2013, aún no ha sido aceptada como compareciente ante esa Jurisdicción, a pesar de haber demostrado con suficiencia su condición de excombatiente y víctima del conflicto.
"Hay pruebas suficientes de que, luego de haber sido capturada por el Ejército durante un enfrentamiento con las extintas FARC en el que perdió una de sus manos, la adolescente resolvió dejar las armas y fue acogida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, hasta que cumplió la mayoría de edad. Además, se encuentra registrada y activa en el Comité Operativo para la Dejación de Armas, CODA, como parte del proceso de reintegración que emplea la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, y ha recibido asistencia psicosocial, beneficios económicos, educativos y de formación para el trabajo", se lee.
Para el Ministerio Público, con esas pruebas se darían por cumplidos los requisitos solicitados por la magistratura para garantizar el acceso a la JEP. El concepto sobre el caso, remitido por el procurador primero delegado ante la JEP, Alonso Pío Fernández Angarita, señala que “si bien, al interior de la JEP no existe unanimidad sobre la aceptación del certificado CODA para lograr la acreditación del factor personal, debe tenerse en cuenta que la solicitante no tiene investigaciones penales en su contra y tampoco registra sanciones o inhabilidades por parte de la Procuraduría, tal y como está demostrado en el expediente”.
Agrega la entidad que “la Jurisdicción podría estar ante una víctima del conflicto armado, sujeto de especial protección (…) en cuanto que con ocasión del conflicto fue víctima de un bombardeo que le generó secuelas graves y permanentes en su cuerpo”.
Y concluyó que permitir que esta excombatiente acceda a la JEP no solo es una garantía para las víctimas, pues con sus aportes a la verdad se fortalece el ejercicio de construcción de memoria histórica, sino que, además, se convierte en un eje fundamental para demostrar el patrón criminal que ejecutaban las extintas FARC al reclutar niños y niñas con un objetivo militar.
