Un par de lamentables episodios que involucran a una buena cantidad de uniformados sacuden en su orgullo a la fuerza pública colombiana.
El primero es el de la captura en diferentes departamentos del país de 23 militares tanto activos como retirados por presunta corrupción. La operación fue adelantada por el propio Ejército Nacional a través de su contrainteligencia y el Gaula Militar, en un trabajo coordinado con la Policía Nacional, Grupo Investigativo de Delitos contra la Administración Pública y la Fiscalía General de la Nación.
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Los miembros de la fuerza pública son señalados por presuntas irregularidades administrativas que se estarían realizando en el proceso de incorporación de soldados. Por ello, la Fiscalía los imputaría por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, peculado por uso, falsedad en documento público, fraude procesal, abuso de función pública y prevaricato.
Advierte en este sentido el ente castrense que 'en cumplimiento a la política de transparencia y cero tolerancia con la corrupción, seguirá facilitando el apoyo necesario a las autoridades judiciales, conforme el principio constitucional de colaboración armónica; así mismo, se dará inicio a las investigaciones internas a que haya lugar'.
Los uniformados son sindicados de presuntamente estar beneficiándose con el trámite de las libretas militares y el proceso de incorporación. Y aunque el Ejército no ha entregado detalles sobre el caso, lo que se sabe es que el proceso lo tomó la justicia ordinaria luego de que fuera remitido por la Justicia Penal Militar.
Y es que la fuerza pública ha estado afrontando numerosos escándalos de gestiones indebidas al interior de la tropa.
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En marzo pasado, reveló la revista Semana, fueron capturados tres oficiales, entre ellos un mayor del Ejército, dentro de una instalación militar en Bogotá, por supuesta corrupción con el manejo de un contrato de combustible.
El oficial capturado se encontraba en curso de ascenso a teniente coronel y estaba acompañado de dos oficiales, dos suboficiales activos y dos civiles.
Al parecer, el 7 de diciembre del 2020 en el Valle del Cauca fueron descubiertos los hechos relacionados con un contrato por un valor de 6.000.000 millones de pesos para la adquisición de Acpm y lubricantes.
Así mismo, en 2021 la propia institución informó que fueron capturados dos oficiales y un suboficial por presunta corrupción administrativa tras las órdenes de captura emanadas de la Fiscalía General de la Nación especializada en delitos contra la administración pública.
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'Según las primeras informaciones, se habrían ubicado en el Batallón de Infantería Vencedores, en Cartago, Valle del Cauca, al parecer irregularidades en solicitudes de pagos correspondientes a rubros de gastos reservados. (…) La operación lleva varios meses en desarrollo, cumpliendo con todos los preceptos establecidos en la Ley Estatutaria de Inteligencia y Contrainteligencia'.
La alerta llegó a los organismos de investigación luego de una información que habría entregado una subteniente, quien habría hecho la respectiva denuncia.
Y es que todos estos hechos se han conocido luego de que la institución presentara hace un par de meses el plan de renovación que se tiene preparado para la fuerza en los próximos años.
