La naturaleza, una víctima sin voz del conflicto armado
La deforestación, la siembra de coca y la minería ilegal son algunas de las afectaciones sufridas por el territorio. Expertos señalan cuáles fueron los impactos en la región Caribe.
Las aguas de este cauce quedaron putrefactas. Nadie podía bañarse, nadie podía pescar en ellas, nadie podía beberla”. Así recuerda *Jairo las acciones que diferentes grupos armados ejercieron durante los años 2001 y 2005, a lo largo del Canal del Dique, donde las autoridades presumen que más de 900 cuerpos fueron arrojados y la navegabilidad fue utilizada para un desplazamiento “más rápido” de esos actores del conflicto que ejercían presión en las comunidades ribereñas.
Pero no solo esta área de la región fue víctima directa del conflicto armado. Los Montes de María (Bolívar), la Sierra Nevada de Santa Marta, así como diversos cuerpos de agua y terrenos del Atlántico, César, Sucre y Córdoba recibieron los impactos directos de la guerra.
*José, un campesino de Córdoba, recuerda cómo a mediados de la década de los 90 “los hombres con camuflado” llegaron y destruyeron parte del ecosistema del río San Jorge para desviar o extraer el agua para sus beneficios en grandes solares de Montelíbano.
Estos antecedentes fueron dos de los tenidos en cuenta para que la Unidad de Investigación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconociera como “víctima silenciosa” al medioambiente en el país, además este escenario tendrá un capítulo especial dentro del informe que presentará la Comisión de la Verdad el próximo 28 de junio.
Esos dos escenarios fueron tomados en cuenta luego de los diferentes estudios independientes e informes de representantes de víctimas que, a lo largo de los últimos años, realizaron diversos ambientalistas e ingenieros que los ha llevado a calificar como “devastador” los impactos del conflicto en los ecosistemas del país. También resaltan que en la actualidad no ha habido una medición objetiva de esos estragos, pues “existe un vacío jurídico” que impide ordenar un estudio de dichos estragos. (Ver recuadro)
Rosalina González Forero, doctora en ingeniería y coordinadora de la línea de estudios ambientales del doctorado de agrociencias de la Universidad de La Salle, señala, por ejemplo, que las acciones de las minas antipersonales que llevan más de 50 años enterradas en los suelos de Colombia han generado un impacto toxicológico “que no ha sido estudiado”, lo que pone en riesgo la calidad de los alimentos que en esas tierras se cultivan.
Un estudio realizado por la Universidad de La Salle, y en el que participó la investigadora, determinó que “los suelos de Antioquia y Caldas son los más afectados por el proceso de desminado, por la cantidad de artefactos explosivos encontrados, que ocasionan una alta retención del TNT, que se ha catalogado a nivel internacional como tóxico, situación preocupante teniendo en cuenta que se están entregando tierras desminadas para actividades agropecuarias”, señala la investigación.
Por otra parte, la especialista considera que los cultivos de coca “han conllevado a la degradación del medio ambiente”, pues en estas zonas se ha deforestado gran cantidad de hectáreas que, a su vez, han erosionando los suelos, promoviendo la pérdida de microclimas. A esto se suma la utilización de químicos para hacer que las plantas de coca crezcan de manera acelerada.
“La minería ilegal ha sido otro aspecto bien crítico, pues no se han tenido en cuenta acciones de mitigación por la extracción de estos minerales”, dijo González Forero.
En la zona de la Costa Caribe, señaló la especialista, hubo muchos cultivos de marihuana que conllevaron a la deforestación de varios territorios, donde se retiró lo natural para acondicionar la tierra, lo que “menoscabó el suelo biológico” y, por lo tanto, provocó un cambio en el ecosistema.
Juan Carlos Betancur, coordinador de un informe del ‘Observatorio de territorios étnicos’ de la Universidad Javeriana, indicó que a lo largo del conflicto los diferentes cuerpos de agua (ciénagas, ríos, lagunas y cuerpos artificiales) no solo se dio la desaparición de los cuerpos de víctimas, sino que estos hechos afectó los cauces.
Para el investigador, se determinó que el control sobre los cuerpos de agua impidió a las comunidades el uso de los territorios, el aprovechamiento agrícola y cultural. “Hubo una coacción de los derechos colectivos y la posibilidad del control y ordenamiento territorial de las poblaciones a sus propias tierras”.
De acuerdo con Betancur, uno de los informes realizados por el observatorio identifica cuatro dinámicas del conflicto en los territorios negros del Caribe. Uno, el interés por controlar el acceso, tenencia a la tierra y de los recursos hídricos. Segundo, un interés en el control y aprovechamiento de economías legales e ilegales; tercero, el control político, social, económico y territorial de estas comunidades y de sus territorios, y en cuarto lugar un racismo estructural. “Este último entendido ha limitado las posibilidades del reconocimiento de sus territorios”, destacó el académico.
Johana Herrera Arango, profesora e investigadora de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana y miembro del Observatorio de Territorios Étnicos, manifestó que al tratarse de un conflicto de tan larga duración que ha involucrado la reconfiguración del territorio y movilización de economías para financiar la guerra, las consecuencias varían en los distintos ecosistemas.
La experta sostuvo que los cultivos de uso ilícito son uno de los principales problemas que ha dejado el conflicto en Colombia en términos de forestación, de contaminación de suelos y de contaminación de redes hídricas.
“En regiones como los Montes de María, sur de Bolívar y zonas del Cesar, se ha vinculado la existencia de cultivos de palma a las estructuras armadas; pero además los derramamiento de petróleo, con la voladura de oleoductos, ha tenido afectaciones muy directas sobre el ambiente y sobre los ecosistemas. También el desplazamiento forzado como consecuencia del conflicto armado ha dejado unas implicaciones concretas en los recursos naturales”, acotó la investigadora.
Herrera Arango señaló que es importante entender los ríos como espacios con valor cultural y patrimonial para los pueblos que lo habitan. Además del valor ecológico.
Los estudios presentados por el Observatorio señalan que el bosque seco de María la Baja y San Jacinto fue deforestado con el recrudecimiento del conflicto paramilitar.
“Lo anterior lo pudimos evidenciar en las imágenes satelitales de finales de los 90 y comienzos del 2000. Los pobladores dicen que los paramilitares pensaban que la guerrilla se escondía en los troncos de árboles como el caracolí, cedros y otras especies presentes en el bosque seco y el área de transición hacia planicies inundables. Así que empezaron a talar para evitar el refugio de los guerrilleros. Luego empezaron a vender la madera. Esto mismo lo identificamos en la zona sur de Valledupar”, precisó la académica.
Para Herrera Arango, poco se ha dicho sobre el impacto del conflicto en las costas y océanos, pero han sido muchas las limitaciones a la navegación de los pueblos del mar por la presencia del narcotráfico.
Marta Salazar, coordinadora costa Caribe de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) señala que si bien, al principio hubo un vacío jurídico, a partir de la expedición de los decretos étnicos, el esfuerzo se ha orientado a valorar y reconocer los daños y la consecuente medida de reparación.
“Las primeras normas de justicia transicional no tenían una mirada muy dirigida ese tema. Luego se emitieron unos decretos étnicos que permitieron un abordaje normativo con una mirada integral, enfocado a los daños causas al territorio. Desde allí empezamos a echar la mirada a ese tema para buscar soluciones”, señaló Salazar.
