Hay más de 272 esquemas de protección para ex-Farc
Así lo aseguró Emilio Archila, consejero para la Estabilización. Dijo que la Fiscalía indaga 235 crímenes contra excombatientes.
El asesinato de cuatro excombatientes de la antigua guerrilla de las Farc en lo que va de enero encendió las alarmas de diferentes organizaciones que le solicitaron al Gobierno y al Estado colombiano garantizar la seguridad de estas personas en sus territorios.
A ese llamado se sumó la ONU, que en su último informe sobre el Acuerdo de Paz reiteró que para evitar más crímenes contra ex-Farc “es necesario asegurar más personal de la Unidad Nacional de Protección (UNP)”.
Frente a las condiciones de seguridad de los exguerrilleros, Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, aseguró que “no hay medida que no se haya tomado” con el propósito de garantizar la seguridad de los 13.144 excombatientes que permanecen firmes en la paz.
“En la UNP tenemos una unidad especial que está compuesta por el Gobierno y excombatientes donde se analizan los casos de amenazas que llegan. En la actualidad tenemos más de 272 esquemas de protección que cubren a más de 400 excombatientes y que operan con medidas tan fuertes como se requieran”, manifestó el funcionario en medio de una rueda de prensa virtual.
Según Archila, dichos esquemas están conformados por 1.190 hombres y mujeres de protección y 535 vehículos. “Esperamos que para este primer trimestre se sumen cerca de 600 nuevos escoltas”.
La Consejería para la Estabilización destacó que de quienes tienen este esquema “solo se han presentado dos homicidios y en ambos casos lo que facilitó el crimen fue que los protegidos abandonaron los esquemas de manera temporal”.
Investigaciones
Se destacó que los números de asesinatos de excombatientes en 2020 con respecto a 2019 “se redujeron cerca de un 12%”, pues en el año que acaba de terminar “hubo 65 homicidios y en el año inmediatamente anterior se registraron 74”. Las cifras corresponden a registros de la Fiscalía y Policía.
En su intervención, el consejo aseguró que la unidad especial de la Fiscalía investiga 235 homicidios, 14 desapariciones y 41 tentativas contra excombatientes, “registrando avances en el esclarecimiento de 146 casos”.
“Según la Fiscalía, en el 77,77% de los atentados contra excombatientes los victimarios han sido organizaciones criminales armadas. En su orden: las disidencias, ELN, ‘Clan del Golfo’, grupos criminales y Ejército Popular de Liberación”, dijo el funcionario.
“Se han producido 36 condenas, en un tiempo promedio de esclarecimiento de los hechos de 1 año y 2 meses”, destacó Archila.
En la actualidad, según el ente de investigación, 257 personas están vinculadas como presuntos responsables de homicidios a excombatientes, de las cuales 141 están privadas de la libertad. “También se han expedido 53 órdenes de captura, con las que ya se tienen 10 capturados y se ha ofrecido recompensa de hasta $500 millones”, detalló el consejero.
La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que ya son 249 los exguerrilleros asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 entre el Gobierno y las Farc.
El Gobierno y el Fondo Multidonante de la ONU firmaron un convenio de cooperación por más de $11 mil millones para desarrollar una estrategia de prevención y protección que garantice la seguridad de líderes sociales y reincorporados en zonas de alto riesgo, en tres departamentos de Colombia.
“Anunciamos la aprobación de un proyecto para que los líderes y lideresas de derechos humanos y reincorporados puedan ejercer su liderazgo libres y seguros, brindando a su vez oportunidades económicas que también permitan generar escenarios de reconciliación con la población reincorporada”, dijo Jessica Faieta, coordinadora residente del Sistema de la ONU en Colombia.
Con los recursos se beneficiarán 1.000 personas directamente y más de 10 mil de forma indirecta, cien organizaciones de base, 3 defensorías regionales, 3 procuradurías provinciales, 3 personerías municipales, 3 seccionales de la Fiscalía, 3 alcaldías y 3 gobernaciones.
La ejecución del proyecto será liderada por el Ministerio del Interior, la Fiscalía, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Consejería para la Estabilización, y contará con el apoyo técnico de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito y el Programa de Desarrollo para las Naciones Unidas.
