Colombia

Fiscalía acusa a funcionarios por direccionar fallos judiciales en Atlántico

Entre los acusados están la procuradora delegada, Faicy León Mass; la asesora del Tribunal del Atlántico, María Navarro Lobo y cuatro abogados. 

Tras una investigación de la Fiscalía, que puso al descubierto un entramado criminal de corrupción para direccionar fallos judiciales, fueron acusados la procuradora delegada Faicy León Mass; la asesora del Tribunal Administrativo del Atlántico, María Milagros Navarro Lobo; y los abogados Victoriano Apolinar, Yenny Bustamante, Yina Paola y Sindris Benthan.

De acuerdo con el ministerio público, la red de corrupción habría direccionado seis fallos en favor de particulares que demandaron administrativamente a distintas entidades en el Atlántico entre abril y agosto de 2014.

“Inicialmente, se conoció que los abogados, al parecer, le dieron 10 millones de pesos a un juez Administrativo de Barranquilla y otra suma a una juez de Sabanalarga a efectos de obtener una rápida y favorable decisión en un caso tramitado en esos juzgados”, señala la Fiscalía en una comunicación oficial emitida este jueves.

Así las cosas, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción acusó formalmente a la procuradora delegada por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho impropio, así como a María Navarro de cohecho impropio y cohecho propio. A los abogados, por su parte, se les acusó por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.

De acuerdo con la Fiscalía, Navarro habría proyectado una sentencia en la que el Tribunal Administrativo del Atlántico habría ordenado a la Policía indemnizar a un grupo de personas. Decisión que fue avalada por Leon Mass con la adquisicón de 12 millones de pesos para ambas funcionarias.

Asimismo, Navarro acordó el recibimiento de 20 millones de pesos para promover un fallo que declarara responsable a la Policía de un presunto actuar irregular de un uniformado que dejó a varias personas afectadas.

“La procuradora y los abogados ofrecieron y entregaron dinero a un funcionario judicial encargado de proyectar y/o suscribir un fallo de primera instancia. Aquí se acreditó que conocieron la decisión anticipadamente como garantía de que saldría a su favor y así poder desembolsar la suma pactada”, informó la Fiscalía.

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