EE. UU. niega entrada a tres exmilitares colombianos investigados por la JEP
El secretario de Estado, Antony Blinken, anunció que los ex altos mandos y sus familiares no podrán entrar al país norteamericano por “las atrocidades y abusos” cometidos en el marco del confllicto armado colombiano.
El Gobierno estadounidense anunció este jueves la sanción contra tres exmilitares colombianos por su participación en "graves violaciones a los derechos humanos".
A través de un comunicado firmado por el secretario de Estado, Antony Blinken, el Gobierno estadounidense anunció "medidas para promover la rendición de cuentas" contra el coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez, el coronel Juan Carlos Figueroa Suárez y el general Iván Ramírez Quintero, los tres ya retirados del servicio activo.
La sanción está motivada "por su participación en graves violaciones de los derechos humanos durante las décadas de conflicto armado interno de Colombia".
Como resultado de la acción, los tres no son elegibles para entrar en Estados Unidos, una sanción que también aplica a "cinco de sus familiares".
Estados Unidos, afirma el texto, "ha apoyado con orgullo el Acuerdo de Paz de Colombia desde su firma en 2016", un acuerdo que "aborda las atrocidades y los abusos relacionados con el conflicto que tuvieron lugar durante más de 50 años, a través de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición".
Este sistema se basa en varias instituciones de justicia de transición que promueven la justicia y la rendición de cuentas. En particular, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que trabaja para acabar con la impunidad de los delitos relacionados con el conflicto.
La JEP integra la justicia reparadora y el reconocimiento con los procesos penales para asegurar que las víctimas jueguen un papel central en todas las etapas del proceso de paz.
"Estados Unidos felicita a la JEP por su trabajo vital en apoyo de las víctimas y sobrevivientes del conflicto y continuará trabajando junto con socios colombianos e internacionales para apoyar la implementación total del Acuerdo de Paz de 2016", añade el comunicado.
Por su parte, la embajadora de Estados Unidos para la Justicia Global Penal, Beth Van Shaack, declaró que este tipo de decisiones “permiten a Estados Unidos promover la rendición de cuentas por parte de los funcionarios del gobierno que cometen violaciones de los derechos humanos, así como impedir o disuadir la comisión de violaciones y abusos en el futuro”.
