El Heraldo
Colombia

¿Es compatible la reforma a la justicia con clamor por seguridad de alcaldes?

Penalistas y juristas dan sus puntos de vista en EL HERALDO sobre qué tan viable es la mezcla de la humanización de la pena con los desarmes, pie de fuerza, juicios expeditos y agravamiento por riesgo.

Opiniones encontradas genera la posibilidad de una confluencia entre la reforma a la justicia o de humanización de la pena del Gobierno y los clamores de los alcaldes de las ciudades más importantes del país, por ejemplo, para que se adelanten campañas de desarme, se dicten agravantes por el riesgo contra los ciudadanos, se aumente el pie de fuerza, se establezca un proceso penal expedito y se construyan casas de justicia y más URI.

El Ejecutivo, tras un consejo de seguridad nacional con varios mandatarios locales, entre ellos el alcalde de Barranquila, Jaime Pumarejo, anunció que la ruta a seguir considera una campaña de desarme, encabezada por el presidente y los alcaldes, mediante una estrategia de hacer ofertas de pago por las armas; mecanismos para el crecimiento del pie de fuerza en las ciudades, el aumento de las actividades de interdicción y el equilibrio de responsabilidades en el tratamiento penitenciario entre el Gobierno Nacional, los departamentos y las alcaldías.

Así mismo, una sanción especial a la recurrencia y los agravantes de los delitos que pongan en riesgo a los ciudadanos; una detención relativamente corta pero eficaz; un proyecto de ley con un procedimiento penal expedito para tratar delitos con penas cortas y facilitar la construcción de cárceles con estándares sencillos y otro de Asocapitales que plantea un mecanismo de financiación para construir centros de atención ciudadana como casas de justicia o Unidades de Atención Inmediata (URI).

El director de la Corporación Excelencia en la Justicia, Hernando Herrera, advirtió que la reforma del Gobierno “tiene un fin loable”, que es precisamente reducir el hacinamiento carcelario y buscar la humanización de las penas, pero eso no puede hacerse en contravía de realidades que hay que tener en cuenta.

“Lo primero: cómo el delito se ha incrementado, especialmente en las principales ciudades del país. Lo segundo: cómo también se ha incrementado el fenómeno de la reincidencia, es decir de personas que tienden a cometer el mismo delito varias veces. Y lo tercero: se le están entregando facultades a un organismo como el Inpec, que hoy en día no tiene la potencialidad institucional para asegurar la conducencia de medidas como estas”, explicó.

Desde ese punto de vista, concluyó el jurista, la observación y la revisión que a este respecto hagan las alcaldías y los alcaldes debe ser elemento necesario a la hora de debatir estos aspectos por parte del Congreso de la República.

Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, señaló que en su criterio “sí es perfectamente compatible, porque lo que pretende es hacer más ágil la justicia en la medida en que se van a eliminar algunos delitos, se van a sacar personas de las cárceles que de verdad no deberían estar allá y vemos que hay un efectivo proceso de resocialización, entonces por supuesto que es una muy buena iniciativa que hay que apoyar y que va a permitir que el sistema penal se concentre en lo que verdaderamente es importante”.

Y el penalista Juan José Castro puso de presente que habría que ver si esas son las propuestas que están enviando todos los alcaldes, “porque con las de Bogotá uno inicialmente podría pensar que están en desacuerdo, no se compagina tanto lo que ambos plantean”. 

Sin embargo, asevera el abogado que “si se dan las características, en mi caso, acertadas, por parte del Ministerio de Justicia de que este tema salga adelante, esto impactaría seguramente en descongestiones judiciales por ejemplo por despenalizaciones de conductas, descongestionamiento de cárceles, que permitirían que la justicia pudiera funcionar con menos congestión y de hecho ese es uno de los principales problemas del sistema, porque eso llega directamente a la impunidad, que es el principal problema del sistema”, dijo.

Según el jurista,  en ese entendido una descongestión de fiscales, en la que se pudieran resolver de una manera más rápida los procesos tendría un impacto en la seguridad.

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