El Gobierno nacional publicó este sábado su nueva política nacional de drogas, que busca cambiar el 'paradigma actual' de más de medio siglo de lucha fallida contra las drogas y así enfocar esfuerzos en perseguir a grandes narcotraficantes y apoyar a campesinos que transiten a economías lícitas.
Bajo el nombre de 'Sembrando vida desterramos el narcotráfico', el programa, de 83 páginas y trazado para 10 años (2023-2033), está firmado por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y hace un diagnóstico de la situación, enumera las políticas públicas sobre el tema para trazar la política nacional.
Se esperaba que fuera el propio presidente Gustavo Petro quien la anunciara esté sábado en Cali en el cierre de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe de Drogas, pero el presidente se ha limitado a incidir sobre el 'genocidio' que ha dejado la 'fallida guerra contra las drogas' impulsada por Estados Unidos desde hace medio siglo en Latinoamérica.
'Hoy previsiblemente la dinámica de la política llamada guerra contra las drogas, hecha en EE.UU. hace 50 años, trasladada a la UE (Unión Europea) y por ahí a las Naciones Unidas, ha hecho víctimas a todas las sociedades latinoamericanas de sus consecuencias', alegó el presidente.
Esta política busca, según el Gobierno, enmendar alguno de estos daños para, sobre todo, quitar esfuerzos a la persecución de los campesinos que cultivan hoja de coca para ponérsela a las redes criminales narcotraficantes.
Y tiene dos tiempos, que el Gobierno ha denominado 'Oxígeno' y 'Asfixia'; la primera va enfocada en la transformación territorial y en darles alternativas a los cultivadores de coca, y la segunda en desarticular y perseguir a las organizaciones criminales que se benefician con el narcotráfico.
'La Política Nacional de Drogas establece una estrategia para que las comunidades rurales que dependen de las economías ilícitas ligadas a las drogas transiten de manera progresiva y sostenible a economías lícitas, a través de un proceso de reconversión productiva', se lee en el documento.
Explicado por el ministro en una entrevista con EFE, esto supone 'un abanico de posibilidades para el tránsito de economías ilegales a economías legales'.
