Un nuevo testigo de la Fiscalía reveló que en medio del cuestionado contrato del dengue en La Guajira, por 17.500 millones de pesos, había que darle 200 millones de pesos a los Ballesteros, refiriéndose al exsenador Jorge Ballesteros, y a su hijo, el exgobernador guajiro al momento de la contratación, José María ‘Chema’ Ballesteros, a quien también se le sigue una pesquisa al respecto en la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema.
EL HERALDO tuvo acceso a la declaración del testigo estrella –de quien no se revela su nombre por cuestiones de seguridad-, quien además narra cómo contrataron a los propios familiares de los funcionarios y de los contratistas, por millonarias sumas de dinero y sin trabajar un solo día.
Del mismo modo, este diario conoció informes del DNP y la Contraloría, en los que se alerta por los retrasos de más de 24 meses en la ejecución y por la pérdida de recursos públicos. Igualmente, la Fiscalía revela amenazas en el proceso, ‘arreglo’ de funcionarios judiciales y sobre la aparente intervención del exfiscal Gustavo Moreno y compañía en el caso –en el que todos los implicados están libres-.
En julio de 2016, este diario ya había revelado que en medio del convenio 019 de 2014, con miles de millones de las regalías, más conocido como el contrato del dengue, hubo, según la interventoría de la Universidad Nacional, aparentes pagos millonarios por caja menor sin soportes, disminución del personal a contratar para obtener mayores ganancias, giros anticipados que no estaban establecidos en el contrato, no entrega de extractos bancarios a la interventoría y el no pago a la entidad que realizaba esta función.
Todos están libres
En medio de las audiencias de judicialización, la fiscal 46 Anticorrupción, Ángela Santana, expuso más de 100 pruebas contra el exsecretario de Salud de La Guajira, Gonzalo Araújo; el exasesor jurídico del departamento, Marcos Pedraza y el contratista, Freddy Díaz Quijano, a quienes les imputó los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos, peculado por apropiación y falsedad en documento público y privado.
No obstante, la jueza 47 de garantías de Bogotá los dejó libres porque supuestamente no halló inferencia razonable de responsabilidad y, ahora, tras la apelación de la fiscal, el juez 27 de conocimiento de Bogotá decidirá hoy sobre la medida a los imputados.
Entre tanto, la pesquisa contra el exgobernador Ballesteros la lleva, por su fuero constitucional, el fiscal 11 delegado ante la Corte, Julio Ospino.
La plata para los Ballesteros
En la declaración del testigo –quien trabajaba para el contrato del dengue-, rendida entre febrero y marzo pasado, pone de presente que el contratista Díaz Quijano le informó 'que él tiene que hacer un pago de 200 millones de pesos al señor gobernador Ballesteros. Entonces, me dice que el gobernador había puesto un asesor para ese trámite: el revisor se llama Carlos Galvis'.
Luego, narra cómo iban a sacar los 200 millones de un contrato con las camionetas de propiedad de los mismos contratistas: 'Yo tengo una camioneta de mi propiedad, una Toyota. Él me dice que como no se pudo hacer el trámite para los 200 millones del gobernador, que tenían que legalizar por las camionetas, entonces él me pide el favor que le preste mi camioneta para hacerle un contrato para netamente legalizar: ahí es cuando se hacen tres contratos para Oswaldo Castro, Ronald Díaz (hermano del contratista) y para mí'.
A su vez, las personas que iniciaron el proyecto y que denunciaron irregularidades, Boris Corrales y Eduardo Sierra, declararon en su momento que 'el papá del gobernador José María Ballesteros, Jorge Eliécer Ballesteros Bernier, les hace pedimento de dineros para celebrar el contrato, en reunión suscitada en la casa de la Gobernación de La Guajira', y agregan que el exsenador les dice: 'yo hablo con José María y cuadro todo esto, mi hijo ya sabe que yo manejo la parte de Salud aquí en la Gobernación'.
Así sacaban los pagos
Sobre el presunto actuar del exsecretario de Salud de la Gobernación, cuenta el testigo: 'Yo escuché en la oficina que había una persona que colaboraba mucho, que era el secretario de Salud, que lo mencionan con un apellido, Araújo. Con él hablaban mucho, me imagino que era para agilizar los desembolsos'.
La Fiscalía detalló en la imputación y solicitud de medida que hubo detrimentos patrimoniales con el pago de nómina de la contratista Olfis, con recursos públicos pagados a personas que no habían realizado la actividad, todos pertenecientes a una misma familia y contratos ‘corbata’, así mismo con pago por actividades de transporte cuando no se prestó el servicio (camionetas) y con sobrecostos en la compra de implementos.
Señala el ente acusador que Oswaldo Castro, Ronald Díaz y la empresa Baraka fueron contratados para la misma actividad de revisión de nómina; que Magda Castro (hermana de Oswaldo) fue contratada como socializadora pero que solo entregaba folletos y que no había rendido ningún informe del convenio sino hasta que fue citada en la Fiscalía, por lo que el ente de control penal advierte: 'este es uno de los hechos constitutivos de obstrucción a la justicia, pues al ver la actuación de la Fiscalía, Freddy (Díaz, el contratista), ha tratado de incidir en los testigos, corrigiendo y arreglando de esta manera las irregularidades que se venían presentando en la ejecución del convenio'.
Así mismo, señala el organismo de investigación, Eduardo Acosta fue contratado como auxiliar de investigación pero 'no sabe con exactitud cuántas veces se desplazó a la ciudad de Riohacha, máxime que cumplía actividades como conductor, ni mucho menos dio claridad en cuántas oportunidades se reunió con Freddy Díaz, y no conocía la placa del vehículo que presuntamente manejaba'.
También figuran en la pesquisa María Elvinia Romero, a quien se le contrató como auxiliar de enfermería, pero nunca se desplazó a Riohacha, ya que laboraba en la IPS del hermano del contratista: 'era para ahorrarse su pago'; Nancy Angarita (novia de Rónald Díaz), contratada como enfermera y sobre quien el testigo dice 'tengo plena seguridad de que ella no hacía el trabajo, siempre uno la veía en Bucaramanga'. Y Gladys Otero (esposa del contratista), según el testigo, es contratada porque 'por medio de la corporación Baraka, Freddy me pide el favor que la esposa, él me manifiesta que necesita que reciba un sueldo, que porque ella no trabaja, (…) a ella se le hizo un contrato laboral con el cargo de técnico en contabilidad (…), pero esta persona simplemente firmó el contrato, y yo mensualmente le transfería a una cuenta que yo le hice abrir de nómina'.
Y Eduardo Sierra, uno de los estructuradores del contrato que denunciaron las irregularidades, refiere una llamada de Díaz Quijano: 'me entra una llamada a mi celular: le habla Freddy Díaz, yo sé que usted le metió el pecho a este proyecto, le ofrezco un contrato bueno de más de 300 millones de pesos, usted no va a hacer nada, sino que yo le voy a agradecer lo que usted hizo por el proyecto'.
Finalmente, de todo lo que sobraba de Baraka, el testigo cuenta que le daban mensualmente a Díaz Quijano de 2 a 3 millones de pesos, y que se contrató entonces a otra empresa, Humanus, y que desde entonces de lo que sobraba le daban al contratista entre 8 y 10 millones de pesos al mes.
Los amenazados
Expuso la Fiscalía en las audiencias una serie de amenazas que, además, han recibido tres personas en relación con este contrato del dengue.
El exfuncionario Jorge Juan Orozco, quien advirtió en su momento que Olfis no contaba con los requisitos para ser contratada, contó al ente investigador: 'cuando me iba a desplazar para mi casa en Valledupar, un carro me hace señas, yo le bajo el vidrio pensando que había cometido alguna infracción y me insultan y me amenazan, que no fuera sapo (…), que estaba encompinchado con el loco de Vélez (Jorge Enrique Vélez, el exgobernador encargado de La Guajira que denunció el contrato del dengue)'.
El exsecretario de Salud de La Guajira, Stevenson Marulanda, narró que le hicieron llamadas donde no le hablan pero le ponían música fúnebre. Según la Fiscalía, como anterior supervisor del convenio, afirmó que este no era viable, que se habían incumplido actividades y que en una oportunidad se le trató de inducir en error en relación con el alquiler de vehículos.
Y Boris Corrales, uno de los estructuradores iniciales del proyecto y quien hizo las denuncias, dijo que le llegó un sufragio con su nombre a su casa.
Patrimonio de Olfis: $5 millones
Arroja la investigación penal, además, que en medio del contrato del dengue, que aún está en ejecución, y en el que se han hecho dos desembolsos por un total de 4.366 millones de pesos, hubo una presunta apropiación de recursos públicos por 471 millones de pesos.
Encontró en todo esto la Fiscalía que Olfis 'no tenía la capacidad y experiencia en el objeto del contrato', ya que fue creada en 2008, con dirección de operaciones en una residencia de la ciudad de Bucaramanga y cuyo patrimonio neto en 2012, 2013 y 2014 era de 2 millones 500 mil, de 2 millones 600 mil y de 5 millones de pesos, respectivamente.
Por ello, se pregunta el ente: '¿cómo es posible que una empresa con este capital ínfimo celebre un convenio de 17.500 millones de pesos?'.
Además, establecieron los investigadores que Olfis acreditó su experiencia con un contrato suscrito en Sao Paulo, Brasil, pero 'la Fiscalía pudo verificar que no existe un documento elaborado por el Hospital Asociación de Sanatorio Sirio que acredite ese cumplimiento'.
Igualmente, señala la Fiscalía que el contratista 'utilizó abusiva y groseramente el nombre de la Universidad de Santander, Udes, y de su rector para la aprobación del proyecto', pues necesitaba del respaldo de la alma máter para generar credibilidad. Sin embargo, el rector, Jaime Restrepo, dijo al organismo acusador que 'se le dijo que no (a Díaz) porque considerábamos que nosotros no teníamos esa capacidad de acompañar un proyecto de tanta envergadura'.
Por ello, concluye la Fiscalía, los funcionarios que tramitaron el convenio del dengue en 2014, el exsecretario Araújo, el exasesor Pedraza y el exgobernador Ballesteros 'tenían pleno conocimiento de la irregularidad que estaban haciendo'.
¿El exfiscal Moreno tras el dengue?
De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, a un comité técnico y jurídico de evaluación en la Fiscalía del caso del dengue llegaron los fiscales Rodrigo Aldana, salpicado por recibir aparentes pagos del exsenador cordobés Otto Bula -detenido por el caso Odebtrecht- y Óscar del Toro, al que el exdirector anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, mediante una resolución invitó a integrar los comités de la Unidad Anticorrupción, a pesar de que es un fiscal asignado a los Tribunales de Cundinamarca.
Moreno está detenido por, presuntamente, favorecer procesos de corrupción, entregándoles a los sindicados información reservada de los casos. Y la defensa de los imputados por el caso del dengue, de acuerdo a fuentes del ente de control penal, estaría muy bien enterada de los pormenores de la pesquisa.
Además, el testigo del contrato con Olfis narró cómo al parecer tenían ‘arreglados’ a funcionarios judiciales en el caso, lo que les aseguraría que no los enviaran a la cárcel, como en efecto ocurrió: 'yo le dije ‘oiga Freddy por qué usted no pide que de pronto le trasladen su audiencia para Bucaramanga por si le dan una medida de aseguramiento, pues esté en su casa', entonces él me dijo que no, que se hacía en Riohacha porque allá de todos modos los abogados de los otros imputados, del gobernador o de los que sea, allá ya tenían organizado las cosas'.
Y agregó al respecto: 'me manifiesta (Freddy) que a mí no me van a dar medida de aseguramiento sino simplemente que me van a dar de pronto es una medida que no puedo salir del país'.
La preocupación de las autoridades frente al tema está dada porque el eventual juicio por este caso se desarrollaría en la península, donde tendrían todo 'organizado'.
Hay un retraso de 24 meses
EL HERALDO conoció el más reciente informe del DNP, fechado el 23 de mayo pasado, en el que advierte que el contrato del dengue va en un avance físico del 13 por ciento y en un avance financiero del 26 por ciento, a pesar de que inició su ejecución hace más de dos años.
'El convenio inició su ejecución el 20 de mayo de 2015, habiendo transcurrido al jueves 22 de mayo de 2017, un periodo de 2 años y 2 días equivalentes al 75% del tiempo establecido en el cronograma del proyecto aprobado', se lee en el informe.
Así mismo, advierte Planeación que el proyecto no cuenta con Comité de Ética Institucional que respalde el cumplimiento de la normatividad en las actividades relacionadas con el desarrollo del proyecto, donde se verifique el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento de los equipos y de las muestras biológicas.
Por su parte, la Contraloría, en un informe de auditoría del 29 de noviembre de 2016, al que tuvo acceso EL HERALDO, establece un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
Señala en un aparte el ente de control fiscal que 'el convenio ha sido objeto de numerosos reparos que llaman la atención de la Contraloría, pues existe un riesgo concreto de pérdida de los recursos invertidos'.
Y precisa 'fallas en la planeación del proyecto, toda vez que no se tuvieron en cuenta las dificultades que tendría la toma de muestras a un número tan elevado de personas y que hoy se traducen en retrasos en el cronograma planteado, comportando un riesgo sobre los recursos invertidos en el mismo'.
