El Heraldo
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, explicó ayer a periodistas los alcances del polémico decreto Mindefensa
Colombia

Decreto de primera línea enciende el debate

El Centro Democrático anunció demanda. Polémica por video de Gustavo Bolívar reunido con la primera línea. Minjusticia dijo que la idea es que “esa violencia callejera baje su temperatura”. 

Este lunes se conoció públicamente el Decreto 2422 del 9 de diciembre de 2022, de cuatro páginas, que le permitiría al Gobierno postular ante los jueces de la República a integrantes de la denominada primera línea señalados de cometer delitos en el marco del paro nacional para que sean “gestores de paz” en la política de paz total.

La disposición está suscrita por el presidente Gustavo Petro, los ministros del Interior, Alfonso Prada y Defensa, Iván Velásquez; la viceministra de Justicia, Johana Delgado, y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, Mauricio Lizcano.

En uno de los considerandos, se lee: “Que el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022 (o Ley de Paz Total) con el objetivo de promover el desescalamiento de la conflictividad social, la reconciliación entre los colombianos, y propiciar un ambiente proclive a la consecución de la paz, otorgó al presidente de la República la facultad de admitir como voceros a ciudadanos(as) pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad”.

En sí, lo que ordena el decreto es crear la Comisión lntersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana.

Esta instancia estará integrada por los ministros del Interior, Justicia, Defensa y el director del Dapre, y tendrá como función principal “recomendar la admisión o exclusión de ciudadanos(as) pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad como voceros en el marco de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022”.

SIGUEN PROCESOS

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció este lunes a periodistas: “Vamos a definir seguramente esta misma semana los lineamientos que debemos establecer los miembros de la comisión y proceder a hacer la revisión para formular las recomendaciones al presidente”.

En este sentido, aclaró que dicha comisión deberá “definir quiénes y en qué condiciones podrían ser designados como promotores en los términos de la ley, pero son recomendaciones al presidente, que es el que toma la decisión”.

Agregó que se debe examinar caso por caso, “y esta decisión no significa conclusión de procesos ni de investigaciones: es una decisión referente a privaciones de la libertad a las personas que resulten designadas como promotores” y que la comisión tendrá que definir cuál sería la naturaleza de los delitos, si hay exclusiones, si están condenados o imputados, y eso tiene que ver con la actividad que se debe asumir esta misma semana.

Y concluyó el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia que “la tarea no es cuestionar las pruebas ni los procesos, solo definir de acuerdo con los criterios que adoptemos quiénes podrían ser designados como promotores”.

ALIAS 19 NO ESTARÍA

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó que miembros de la primera línea condenados, como alias 19, señalado de delitos de gravedad en el marco del paro nacional, no podría ser liberado de la cárcel para convertirse en “gestor de paz”.

“La ley no tiene restricción alguna, pero en los lineamientos que estableceremos le recomendaremos al presidente que sean las personas con la mayor vocación de contribuir a la reconciliación y de cumplir con tareas humanitarias, y probablemente (los condenados como alias 19) no puedan cumplir con esas tareas”, dijo el funcionario a periodistas.

Agregó que las liberaciones de negociadores se han producido con figuras similares en gobiernos anteriores: “Ellos siguen respondiendo por sus procesos, es una figura análoga a la que se ha usado en gobiernos anteriores de Santos y de Uribe, en el que unas personas salen de la cárcel para cumplir funciones de vocería y cuando terminan esos procesos de vocería vuelven a la situación en que estaban antes, salvo que esa situación judicial haya evolucionado”.

Explicó que la comisión recomienda al presidente Gustavo Petro los postulados para ser “gestores de paz” y “la resolución del presidente se le remite al juez de ejecución de penas si es el caso y si después hay demandas o controversias, en este país como en todo estado de derecho, los jueces tienen la última palabra y eso se respeta”.

Concluyó Osuna que la labor que cumplirán estos voceros “es una función de reconciliación, de trabajos humanitarios. Buena parte de esta apuesta consiste en que la sociedad pueda reencontrarse con el trabajo de estas personas para que esa ira, esa violencia callejera que tuvimos, también baje su temperatura y podamos todos los colombianos hablar un lenguaje de fraternidad y de reencuentro”.

QUÉ DICE PROCURADURÍA

En el marco de la conmemoración este lunes del Día Internacional de los Derechos Humanos, en Cartagena, la procuradora Margarita Cabello Blanco cuestionó la posibilidad de que sea una comisión intersectorial la que decida sobre delegar a miembros de la primera línea como gestores de paz.

“Si bien la ley autoriza voceros para incidir como gestores en los procesos de diálogo para alcanzar La Paz Total, estos no pueden ser cualquier persona, la misma ley estipula que deben ser reconocidos y autorizados por los grupos armados que participan en el proceso”.

A su vez, para la jefe del Ministerio Público quien debe reglamentar la ley para designar los gestores de paz, es el Congreso y no el presidente de la República por medio de decretos. A su vez, planteó entre sus dudas que habría en esa decisión una violación a la separación constitucional de poderes.

Por otra parte, se conoció que el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa se reunirán para evaluar la liberación de los jóvenes miembros de la primera línea.

El encuentro se llevará a cabo este miércoles 14 de diciembre en la Casa de Nariño.

OPOSICIÓN ANUNCIA DEMANDAS Y BOLÍVAR RESPONDE

La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, anunció en Twitter: “Procederemos a demandar el decreto para liberar la primera línea que es abiertamente ilegal e inconstitucional, e interpondremos las acciones legales contra los firmantes. No pueden pasar por encima de la ley”.

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras, líder de Cambio Radical, cuestionó en su columna dominical en ‘El Tiempo’ el hecho de que “sin importar a qué maroma jurídica tenga que acudirse, el Gobierno cumplirá su compromiso con esta horda de delincuentes que mucho contribuyó al posterior éxito de su campaña”.

Entre tanto, luego de que circulara el pasado fin de semana un video del senador Gustavo Bolívar reunido con integrantes de la primera línea y autoridades gubernamentales, el parlamentario del Pacto Histórico desmintió: “Nunca he hecho reuniones clandestinas. Una en la ONU con el general Sanabria, otra en el Sena con el director Londoño y esta en el Ministerio de Justicia con el ministro a bordo, todas públicas”.

Agregó en este sentido: “Pedí que fuera sin teléfonos para salvaguardar la seguridad de los jóvenes que iban a hacer denuncias de violaciones de DD. HH. y porque no falta el infiltrado de la ultraderecha queriendo grabar lo que hablamos. Ya ha pasado varias veces”. “Estamos en manos de bandidos”, escribió Gutiérrez, agregando: “Que el gobierno Petro sepa que no puede pasar por encima de la Ley, por más que quiera favorecer y premiar a criminales que lo llevaron a la Presidencia”.

Así mismo, el fiscal Francisco Barbosa le dijo a la revista capitalina Semana: “El Ejecutivo no puede incidir en decisiones tomadas por la Rama Judicial frente a delitos comunes, como los que se cometieron en el marco de las violentas protestas. (...) Esto es peligroso para la comunidad, peligroso para la víctima y un riesgo de obstrucción a la Justicia”.

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