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Colombia

Decomisan 192 goteros de interferón Beta sin certificado Invima

El Invima de manera articulada con la Polfa, incautó los medicamentos fraudulentos en Popayán.

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, en un trabajo articulado con la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), realizó diligencias de inspección, vigilancia y control, en virtud de las cuales decomisó 192 goteros de un medicamento fraudulento denominado Interferón Beta sublingual, que se encontraban en la Fundación Julio Klinger, en la ciudad de Popayán, e impuso medidas sanitarias de seguridad para suspender las actividades allí realizadas, con el fin de salvaguardar la salud pública.

La entidad señala por medio de un comunicado que “la Fundación Julio Klinger no cuenta con habilitación en ningún servicio de salud, ni con Certificación de Buenas Prácticas de Elaboración para la preparación y manipulación de medicamentos; tampoco está autorizada por el Invima para adelantar estudios clínicos en relación con el medicamento Interferón”

Los goteros de 30 ml, decomisados se encontraban almacenados en cadena de frio sin control de temperatura, sin etiquetas o información del producto allí contenido, cada uno con un costo de COP$80.000.

También se encontraron volantes del producto con información de su composición, contraindicaciones y usos, los cuales no están certificados por el Invima, lo que implica que presuntamente, se trata de un producto fraudulento, debido a que no cuenta con registro sanitario.

El Invima manifiesta que desconoce su composición por parte de esta Entidad regulatoria y que la publicidad que se estaba realizando respecto de las indicaciones y usos de este producto como tratamiento para Covid-19, coronavirus, SARS-CoV-2, o síntomas asociados, no solo contraviene la normatividad sanitaria, sino que, al no contar con respaldo ni evidencias científicas, generan riesgo para la salud individual y colectiva.

Estos hechos son materia de investigación por la Dirección de Responsabilidad Sanitaria del Invima, encargada de adelantar el proceso administrativo sancionatorio, para definir si se infringió la normatividad sanitaria y si por estos hechos, hay lugar a la imposición de sanciones, garantizando el debido proceso, los derechos de defensa y contradicción de los presuntos infractores.

Además, estos hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de Nación para que se tomen las medidas a que haya lugar y se determine si se trata de delitos que atentan contra la salud pública.

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