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Capturan a senador Eduardo Pulgar por posible soborno

La Corte Suprema no solicitó la suspensión del congresista de La U, advirtiendo que la decisión es sin perjuicio de lo que pueda resolver el Senado.

La Corte Suprema de Justicia confirmó que el alto tribunal ordenó la captura del senador Eduardo Pulgar, de La U, por el intento de soborno a un juez de Usiacurí, en el marco del caso Unimetro.

La detención se produjo, según fuentes de la Fiscalía, en la mañana de este martes por parte de un grupo de agentes del CTI adscrito al alto tribunal, que lo abordaron en el Aeropuerto El Dorado, de Bogotá, al que el parlamentario había arribado desde Barranquilla para asistir el próximo miércoles a la sesión presencial de Congreso en pleno para la elección de magistrados de las altas cortes.

Agregaron las fuentes del ente acusador que Pulgar, por ahora, será trasladado al búnker de la Fiscalía.

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema ordenó la detención del senador Pulgar por el delito de cohecho por dar u ofrecer, dentro de la investigación que le adelanta por el intento de soborno en cuestión y los delitos de tráfico de influencias y posible corrupcion electoral, que son delitos contra la participación democrática.

"Tras dictarle medida de aseguramiento, #SalaDeInstrucción de @CorteSupremaJ ordena captura del senador Eduardo Pulgar por tráfico de influencias, en proceso originado en posible oferta ilegal a juez y que también le sigue por delitos de cohecho y violación de topes electorales", publicó el alto tribunal en Twitter.

El presidente de la Sala Especial de Instrucción, el magistrado Héctor Javier Alarcón Grannoblez, en un comunicado expedido este martes, precisó que "la Corte Suprema de Justicia, Sala Especial de Instrucción, con fundamento en el artículo 330 de la Ley 600 de 2000 informa que en decisión proferida el 26 de noviembre de 2020, por mayoría, con un salvamento de voto, impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario al senador de la República, Eduardo Enrique Pulgar Daza, por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias en concurso homogéneo, previsto en el artículo 411 del Código Penal".

Precisa el alto tribunal que "en la misma decisión, la Sala se abstuvo de imponer medida por el delito de violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales, y determinó que, de conformidad con el artículo 354 del Código de Procedimiento penal, no era procedente definir la situación jurídica por el delito de cohecho por dar u ofrecer".

Frente a la situación del parlamentario en el Congreso señala el togado: "En consecuencia, para la efectividad de la medida se ordenó la captura, sin que encontrara procedente solicitar en forma previa la suspensión del congresista".

Sin embargo, advierte que esa resolución se toma "sin perjuicio de la decisión que al respecto le corresponde adoptar al Senado de la República con sujeción al artículo 277 de la Ley 5 de 1992, al que se ordenó comunicar la decisión una vez en firme".

La captura se da luego de que a finales de octubre Pulgar guardara silencio al rendir indagatoria ante la Sala de Instrucción, tras estar señalado de sobornar al juez en el caso de la Universidad Metropolitana de Barranquilla.

Entonces, el legislador fue vinculado formalmente al proceso.

La diligencia, que no duró más de una hora, fue presidida por el magistrado ponente Marco Antonio Rueda, quien emitió una ponencia resolviendo la situación jurídica del parlamentario del Partido de la U.

Desde agosto pasado la Corte había llamado a indagatoria a Pulgar por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y delitos contra la participación democrática.

Contra el legislador se conoció un audio en el que se evidenciaría que habría aparentemente intentado sobornar al juez Andrés Fernando Rodríguez para que fallara a favor de Luis Fernando Acosta Osío con el fin de que su familia siguiera ejerciendo el poder en la rectoría de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, que es disputada por la familia Acosta Bendeck tras el fallecimiento del exsenador y fundador Gabriel Acosta.

A los pocos días de la denuncia, la Corte Suprema de Justicia le abrió indagación preliminar al senador y este rindió versión libre en el Palacio de Justicia.

La decisión se produce, además, luego de que a mediados de noviembre el fiscal 11 delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Julio Ospino, imputara el delito de prevaricato por acción agravado al magistrado del Tribunal Superior de Barranquilla, Demóstenes Camargo, por el caso Unimetro.

"Se le imputa en calidad de coautor el delito de prevaricato por acción por la decisión del 7 de noviembre de 2017 que usted suscribió con su compañero de sala Jorge Eliécer Mola Capera, quien en la actualidad está acusado por la suscripción de este fallo de tutela y por otros hechos", dijo el representante del ente acusador al formular los cargos contra el togado ante el magistrado Ramiro Riaño, del Tribunal Superior de Bogotá.

"Ese fallo de tutela terminó favoreciendo unos pactos de la familia Acosta que se encuentran en disputa por la titularidad de la Fundación Acosta Bendeck, dueña del Hospital y de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, así como dilatando un proceso penal a través de un abuso de la acción de tutela", agregó el fiscal.

Precisó la imputación además que "este fue el mismo caso donde el doctor Mola Capera decidió conceder una medida cautelar por la que igualmente se encuentra acusado ante la Corte Suprema de Justicia, por ser ella manifiestamente contraria a derecho (...). Terminaron decidiendo en forma contraria al derecho, sin sustento probatorio, sin soporte jurídico y por eso usted se encuentra hoy aquí".

Criticó Ospino la conducta de Camargo a pesar de "la posición distinguida que posee, debido al cargo que ostenta de magistrado del Tribunal Superior de Barranquilla, así como los recursos económicos que le permiten llevar un nivel de vida superior al promedio de los ciudadanos colombianos".

El mismo delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó el pasado 21 de febrero al también magistrado del Tribunal Superior de Barranquilla, Eliécer Jorge Mola Capera, los delitos de prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito por valor de $1.350 millones.

Al respecto, el representante de Víctimas, Raúl Romero, ha explicado que "esto viene ligado a otras situaciones como el caso del senador Eduardo Pulgar, donde hay una intención de sobornar a un juez de la República y otros hechos de corrupción por los que ya la justicia tomó cartas en el asunto para esclarecerlos".

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