En el marco de su 58 periodo extraordinario de sesiones en Panamá, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, realizará una audiencia por varios casos de ejecuciones extrajudiciales o mal llamados 'falsos positivos' perpetrados durante los años noventa en Colombia.
La diligencia, programada para el 17 y 18 de octubre, 'se relaciona con las alegadas ejecuciones extrajudiciales de Gustavo Giraldo Villamizar Duran, el 11 de agosto de 1996; Elio Gelves Carrillo, el 28 de mayo de 1997; Carlos Arturo Uva Velandia, el 21 de junio de 1992; y Wilfredo Quiñónez Bárcenas, José Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramírez Jorge, el 4 de septiembre de 1995', se lee en el comunicado del ente de la OEA.
Al respecto, el tribunal del sistema interamericano advirtió: 'la Comisión estableció que todas estas muertes habrían ocurrido a manos de agentes de seguridad del Estado y tuvieron lugar en el contexto denominado como 'falsos positivos', consistente en alegadas ejecuciones extrajudiciales en el marco del conflicto armado, con un modus operandi caracterizado por la muerte de civiles durante operativos, posteriormente presentados al público como miembros de grupos armados ilegales dados de baja en combate, mediante diversos mecanismos de distorsión de la escena del crimen y de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos'.
La Comisión determinó además que hubo privación arbitraria del derecho a la vida, en los casos de Gustavo Giraldo Villamizar Duran y de Elio Gelves Carrillo, y violación del derecho a la honra y la dignidad debido a que fueron presentados como miembros de grupos armados ilegales. Así mismo, en los casos de Elio Gelves Carrillo, Carlos Arturo Uva Velandia, Wilfredo Quiñónez Bárcenas, José Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramírez Jorge, la Comisión determinó que debido a que su muerte habría estado precedida de una privación de libertad en la cual pudieron prever su destino fatal, estas personas también fueron víctimas de afectación a sus derechos a la integridad y libertad personales.
Concluyó el organismo adscrito a la Organización de los Estados Americanos que en todos los casos habrían existido múltiples factores de impunidad: 'el conocimiento de los hechos por la justicia militar, el incumplimiento del deber de investigar con debida diligencia, el incumplimiento de la garantía de plazo razonable'.
Finalmente, advierte el comunicado de la audiencia que en los casos de Quiñónez, Romero y Ramírez, el Estado habría incumplido su deber de investigar con la debida diligencia las posibles torturas que sufrieron antes de ser asesinados.
Según Human Rights Watch, HRW, entre 2006 y 2008 se registraron en el país unos 2.500 casos de 'falsos positivos'. El Gobierno, por su parte, reporta que a la fecha se han dictado 1.242 sentencias por estas ejecuciones extrajudiciales.
