La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se encuentra ad portas de emitir una decisión histórica: su primera sentencia contra los máximos comandantes de las extintas FARC-EP por los crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con el secuestro sistemático de personas.
Este jueves 31 de julio y viernes 1° de agosto de 2025, a partir de las 9 de la mañana, se llevará a cabo la Audiencia Pública de Verificación en el marco del Caso 01, que investiga “la toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”. Durante esta diligencia, la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad determinará si se cumplen las condiciones jurídicas, fácticas y restaurativas necesarias para imponer Sanciones Propias.
Entre los siete exintegrantes del antiguo Secretariado de las FARC que enfrentan esta evaluación se encuentra Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como ‘Timochenko’ y último comandante en jefe de la organización guerrillera. Lo acompañan Pastor Alape, Julián Gallo, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda y Jaime Alberto Parra.
Cabe destacar que la JEP rechazó recientemente una tutela presentada por los exguerrilleros para frenar esta audiencia de verificación, permitiendo así que el proceso continúe según lo programado.
El proceso judicial ha involucrado un procedimiento dialógico que se ha extendido por más de cuatro años, en el cual los comparecientes han reconocido su responsabilidad y han contribuido al esclarecimiento de la verdad. Este ejercicio ha contado con la participación de más de 4.100 víctimas acreditadas, convirtiéndose en uno de los procesos más amplios de justicia transicional del país.
La Sala de Reconocimiento ha logrado consolidar una base de datos con 21.396 víctimas plenamente identificadas, lo que demuestra la magnitud del impacto de estos crímenes en el país.
La investigación de la Sala de Reconocimiento identificó que el secuestro constituyó una práctica sistemática y masiva de las FARC, ejecutada bajo tres patrones claramente definidos que revelan la naturaleza organizada de estos crímenes.
El primer patrón estableció que los secuestros formaban parte de una política adoptada oficialmente por el Secretariado desde 1993. Esta directriz exigía a cada frente guerrillero financiarse a sí mismo y aportar recursos a la estructura nacional. Los fondos obtenidos a través de estas actividades criminales estaban parcialmente destinados al objetivo estratégico de la eventual toma de Bogotá.
El segundo patrón incluyó como víctimas tanto a civiles como a militares y policías, muchos de los cuales permanecieron retenidos durante años en condiciones extremas. La Fiscalía ha documentado específicamente 245 casos de uniformados cuya liberación fue condicionada a negociaciones políticas o intercambios.
El tercer patrón reveló que en las zonas donde las FARC ejercían control territorial, los secuestros se utilizaban como mecanismo de castigo y como herramienta de control poblacional. Muchas de estas víctimas fueron posteriormente desaparecidas forzadamente, agravando aún más el impacto de estos crímenes.
Aunque los estatutos internos de las FARC establecían formalmente dar “buen trato” a los cautivos, los testimonios de las víctimas y los informes recibidos por la JEP evidencian una realidad completamente opuesta. La Sala concluyó que esta supuesta directriz únicamente implicaba mantener con vida al secuestrado, pero no preservar su dignidad humana, quedando el trato real a merced de la voluntad individual de los guerrilleros a cargo.
Los relatos documentados revelan un patrón sistemático de maltrato que incluyó encadenamientos, amarres y marchas forzadas sin consideración por la edad o el estado de salud de las víctimas. También se registraron golpes, gritos, burlas y vigilancia constante durante momentos de intimidad personal.
Las condiciones de cautiverio se caracterizaron por encierros prolongados en situaciones de hacinamiento y falta de higiene básica, acompañados de negligencia médica deliberada y alimentación deficiente o en mal estado. Los casos más graves incluyeron violencia sexual, golpizas durante interrogatorios, desplazamientos forzados como forma de castigo y desapariciones.
La crueldad se extendió también hacia las familias de los secuestrados, mediante cobros dobles por rescates, burlas, amenazas constantes y el ocultamiento deliberado de información sobre la suerte de los cautivos, generando un sufrimiento adicional e innecesario.
Durante la audiencia de verificación también se presentarán los compromisos institucionales necesarios para apoyar los proyectos restaurativos que formarán parte integral de las sanciones. Estas medidas incluirán restricciones de derechos pero no contemplarán prisión carcelaria, estando condicionadas al cumplimiento de tres requisitos fundamentales: verdad plena, reconocimiento integral de responsabilidad y acciones concretas de reparación a las víctimas.
El testimonio de Diva Cristina Díaz Aponte, una de las víctimas de secuestro por parte de las FARC, resume la expectativa de miles de afectados: “He tenido la esperanza de poder conocer la verdad”.
Tras la conclusión de esta audiencia de verificación, la Sección de Reconocimiento deberá proceder a emitir la sentencia definitiva y, con ella, las primeras sanciones propias contra los máximos responsables de las FARC por crímenes sistemáticos en la historia de la justicia transicional del país.
