Tras permanecer poco más de una semana en poder de las disidencias de las Farc, fueron liberados los nueve contratistas de la Gobernación del Cauca que habían sido secuestrados el pasado 17 de julio mientras realizaban una misión humanitaria en el municipio de López de Micay.
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La confirmación la hicieron fuentes militares a medios nacionales de comunicación, que indicaron que los trabajadores fueron entregados a una comisión humanitaria en la costa pacífica caucana. Posteriormente, fueron trasladados a Popayán, donde reciben atención médica antes de reencontrarse con sus familias.
La noticia también fue confirmada por el Ministerio del Interior, que celebró la liberación a través de su cuenta oficial de X. “El Ministerio del Interior celebra la liberación de los nueve ciudadanos, funcionarios de la Gobernación del Cauca, quienes habían sido secuestrados en el municipio de López de Micay cuando atendían un encuentro con las juntas de acción comunal”, señaló la entidad.
Y agregó: “Según las primeras informaciones de las autoridades, los liberados se encuentran en buen estado de salud luego de más de una semana de cautiverio en poder del Bloque Occidental de las disidencias de las Farc que lidera alias Iván Mordisco”.
Los liberados son Eivar Alfonso Guerrero Anaya, Sergio Andrés López, Angélica María Barona, Leidy Rocío Guengue, Paola Andrea Maca, Mónica Alejandra Bambagué, Manuela Caicedo Arango, María Elizabeth López y Elizabeth Yanganá. Estuvieron en cautiverio durante nueve días.
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El secuestro fue atribuido al Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las extintas Farc, bajo el mando de alias Iván Mordisco. Según el comunicado que difundió esa estructura armada el pasado 22 de julio, los contratistas fueron “retenidos” por supuestamente “hacer entrega e instalación de equipos militares a miembros del Ejército Nacional”.
No obstante, la Gobernación del Cauca denunció desde el primer momento que las víctimas hacían parte de un equipo técnico encargado de promover el diálogo territorial, facilitar el acceso a programas sociales y fortalecer la participación ciudadana.
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En un comunicado difundido el viernes 18 de julio, las autoridades departamentales calificaron lo ocurrido como una agresión directa a las labores humanitarias que el Estado realiza en regiones apartadas.
El mismo 22 de julio, el Bloque Occidental Jacobo Arenas anunció el inicio del “protocolo para la liberación” y solicitó el repliegue de la fuerza pública durante 72 horas. “Esperamos que la fuerza pública cumpla el compromiso de replegarse por 72 horas para así garantizar las condiciones mínimas de seguridad”, expresó el grupo armado en un comunicado.
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En ese mismo documento, aseguraron que los trabajadores estaban “sanos y salvos” y afirmaron que “se les ha brindado todo lo necesario”. También enviaron un mensaje a sus familiares, lamentando “la instrumentalización de la Gobernación del Cauca”.
El gobernador del departamento, Octavio Guzmán, rechazó el secuestro y lo calificó como una violación al Derecho Internacional Humanitario. “Lo ocurrido en López de Micay es una clara violación al Derecho Internacional Humanitario”, escribió en su cuenta de X.
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Hasta el momento, no se ha informado si habrá acciones judiciales o militares contra los responsables del secuestro.
