Este viernes 25 de julio se conoció el documento completo firmado por los gobierno de Venezuela y Colombia para establecer una zona binacional en la frontera el pasado 14 de julio. En el acuerdo están las firmas de Coromoto Godoy, ministra de Comercio Exterior venezolana; la de Diana Morales Rojas, ministra de Comercio, Industria y Turismo colombiana y Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela.
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“Reconociendo la importancia de profundizar la integración económica bilateral, promover el comercio justo y equilibrado, y fortalecer los lazos históricos de cooperación entre ambos países acuerdan suscribir el presente Memorándum de Entendimiento para la creación y desarrollo de una Zona de Paz, Unión y Desarrollo Binacional”, se lee en el documento.
También se lee en otra parte del acuerdo: “Las partes coordinarán con las autoridades competentes para abordar los temas relacionados con cultura, educación, salud, comercio, turismo y cualquier otro que tengan a bien designar. Asimismo, las Partes podrán acordar la creación de otras Zonas Binacionales para ampliar y profundizar la unión y el desarrollo conjunto, al amparo de lo previsto en este Memorándum de Entendimiento”.
Según lo señalado en el escrito, se acordaron entre ambos gobiernos coordinar mecanismos como: Designación de puntos focales nacionales; Creación de un equipo de trabajo bilateral; Reuniones periódicas y alternancia; Respeto a los marcos legales nacionales.
En total son 11 artículos, entre los cuales se acuerdan trabajar en conjunto entre ambos gobiernos en los diferentes temas referentes a actividades propias de la frontera, como comercio y seguridad, entre otros.
Hay que recordar que en el Consejo de Estado fue interpuesta una demanda en contra de esta zona económica binacional entre Colombia y Venezuela.
Los abogados Abelardo de la Espriella -también candidato presidencial- y Germán Calderón demandaron ante el Consejo de Estado el memorando de entendimiento celebrado por la ministra de Comercio, Diana Morales, con Venezuela, para crear la primera zona económica binacional en la frontera.
Esto, se lee, “sin tener la competencia para suscribir lo que verdaderamente resulta ser, un tratado o convenio internacional, atentatorio de nuestra soberanía nacional, de nuestra seguridad territorial y de la existencia de nuestra nación”.
Exponen los juristas al respecto que “una decisión de tal entidad amerita a todas luces la celebración de un instrumento de la calidad de un tratado o un convenio internacional, y recuerdan que es función del Congreso “aprobar o improbar los tratados internacionales que el Gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional”, y que además corresponde es al presidente “celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la aprobación del Congreso”.
