El expresidente Iván Duque denunció una persecución política contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que enfrenta un proceso judicial por los delitos de manipulación a testigos, soborno en actuación penal y soborno.
De acuerdo con la Fiscalía, Uribe “ideó, promovió y respaldó una estrategia orientada a manipular el curso de la justicia penal, utilizando a terceros con el objetivo deliberado de forzar la retractación de testigos clave” y “construir una narrativa exculpatoria que favoreciera sus intereses personales”.
En este caso, la fiscal Marlenne Orjuela presentó ante la jueza 37 testigos, así como videos, audios, fotografías y documentos. Sin embargo, la defensa del mandatario ha asegurado que el proceso ha carecido de garantías.
“ Se interceptaron más de 20.000 comunicacionesd e manera ilegal, se impuso una medida de aseguramientos in prueba alguna, y se pasó de acusador a acusado sin razón legal”, dijo Duque en diálogo con la W.
Renglón seguido, el exmandatario acusó al presidente Gustavo Petro de liderar una campaña de desprestigio en contra de Uribe.
“Petro está tratando de sacar a Uribe de la escena política. Usa la presidencia para sugerir culpabilidades y buscar beneficios políticos“, aseguró.
Proceso largo
Esta querella se remonta a 2012 cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos al senador de izquierdas Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Contrario a lo esperado por el expresidente, la Corte Suprema no abrió investigación contra el congresista y, en cambio, le inició un proceso al exmandatario por manipulación de testigos.
Uribe renunció en agosto de 2020 a su escaño de senador para dejar de estar aforado y que su caso pasara a la Justicia ordinaria, por lo que la Fiscalía decidió que no había pruebas para perseguirlo judicialmente.
Por ello, su equipo de abogados solicitó hasta en dos ocasiones el cierre del caso, lo que fue negado tanto por los juzgados de primera instancia en los que fue presentada como por el Tribunal Superior de Bogotá, hasta que en 2024 la Fiscalía decidió acusarlo y el juicio comenzó este año.
Las víctimas del caso consideran que el expresidente, a través del abogado Diego Cadena, buscó en las cárceles sobornar a testigos, como el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, para que no declararan en contra de Uribe y sus posibles vínculos con el paramilitarismo, en la disputa que mantenía con Cepeda.
