Carlos Ruiz Massieu, representante especial del secretario general de la ONU y jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, destacó este viernes ante el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York los esfuerzos de paz en Colombia que, admitió, a veces no han dado los frutos esperados.
“El Acuerdo Final de Paz de 2016 estableció el camino a seguir: una hoja de ruta holística e integral para abordar problemas estructurales profundamente arraigados que han impulsado la violencia en Colombia durante décadas. Durante los primeros años de implementación, se sentaron bases importantes sobre las que se debe seguir construyendo en el futuro. Los más de 13.000 excombatientes de las FARC-EP que dejaron las armas de buena fe comenzaron un camino arduo de reincorporación pacífica en la sociedad”, reportó el directivo del ente multilateral.
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Agregó acto seguido que algunos de los cambios que se están produciendo en Colombia no son estrictamente medibles en la implementación de las disposiciones del Acuerdo y explicó que el proceso de paz ha contribuido de manera decisiva a la apertura del espacio político en el país.
“La ciudadanía colombiana están ejerciendo sus derechos de participación como nunca antes y existe un rechazo generalizado a la violencia política”, señaló.
Cuestionó también Ruiz Massieu que en el vacío de presencia estatal en el país es “que vemos proliferar grupos armados y prosperar las economías ilícitas, lo que alimenta la violencia y obstaculiza el desarrollo en las zonas afectadas por el conflicto”.
“Colombia es hoy un país muy distinto al que era en los años previos a la firma del Acuerdo de Paz. Los indicadores de violencia continúan por debajo de los niveles registrados durante el periodo y el punto más álgido del conflicto”, indicó.
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Dijo que son ya 474 el número de firmantes del Acuerdo de Paz asesinados desde 2016, y tristemente se sumaron cuatro más desde la publicación del informe.
“El atentado contra la vida del Senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el 7 de junio, además de ser un hecho grave y repudiable, generó un fuerte impacto en la sociedad colombiana. El atentado evocó episodios de violencia del pasado en el ámbito político. Subrayó, con mayor urgencia que nunca, el imperativo de sacar la violencia del ejercicio de la política — un objetivo explícito del Acuerdo de Paz. En respuesta a este atentado, la Defensoría del Pueblo, con el acompañamiento de la Conferencia Episcopal de Colombia, y el apoyo de instituciones y representantes de la comunidad internacional, incluyendo a la Misión de Verificación, convocó a los líderes, partidos y movimientos políticos a suscribir una serie de compromisos por un proceso electoral en paz. Confío en la amplia aceptación de este pacto y su estricta implementación”, expresó.
Y concluyó que “en su búsqueda de la paz, los colombianos y las colombianas tienen una historia profundamente arraigada de resiliencia y persistencia. A veces, sus esfuerzos no han dado los resultados esperados; otras veces, gracias a la paciencia y la perseverancia, han logrado avances significativos. El Acuerdo de Paz de 2016 es un ejemplo claro de ello. El camino hacia la paz nunca es fácil, ni está libre de obstáculos, pero mantener el rumbo siempre vale la pena”.
