El vicecontralor Carlos Mario Zuluaga, autor del alarmante informe financiero sobre las EPS revelado en los últimos días por el ente de control fiscal, le dijo a EL HERALDO que el sector salud en el país es financieramente insostenible y que por ello peligra la capacidad de garantizar el acceso y la calidad de la salud en Colombia.
¿Cómo ve el estado del sector salud en el país?
El estado del sector salud en Colombia es crítico y financieramente insostenible. De acuerdo con los estados financieros certificados y dictaminados por las EPS a diciembre de 2024, estas empresas acumulan pasivos por $32,9 billones, lo que compromete gravemente la capacidad de garantizar el acceso oportuno y de calidad a los servicios de salud.
¿A qué se debe esta situación?
Esta situación no es coyuntural ni reciente: es el resultado de fallas estructurales del modelo, debilidades en la regulación y una falta de respuestas efectivas frente a alertas reiteradas. Además, el sistema presenta un creciente deterioro en la atención al usuario, reflejado en el aumento alarmante de las peticiones, quejas y reclamos. Solo en 2024 se registraron más de 1,6 millones de estas, lo que representa un incremento del 23,2% frente a 2023. El 91% de estas quejas está asociado a barreras de acceso a servicios, medicamentos y tecnologías en salud, lo cual evidencia que las deficiencias estructurales del sistema están impactando directamente la garantía del derecho a la salud.
¿Cuál es la principal advertencia de la Contraloría?
Desde la Contraloría General hemos advertido que la sostenibilidad del sistema de salud está en riesgo, y que su inercia actual solo profundiza la pérdida de confianza ciudadana. Hoy más que nunca, los datos fiscales, el comportamiento del sistema y la voz de los ciudadanos convergen en un mismo diagnóstico: la salud no puede esperar más reformas sin control ni medidas sin evaluación.
¿Cómo ve la salud particularmente de las EPS que han sido intervenidas?
La salud financiera de las EPS es alarmante. De las 29 EPS activas, solo seis cumplen con los requisitos de habilitación financiera establecidos por la normativa vigente, es decir capital mínimo, patrimonio adecuado e inversión en reservas técnicas, y estas apenas cubren al 10,92% de la población afiliada. Es decir, el 89% de los colombianos está afiliado a entidades que no cumplen los requisitos mínimos de solidez. Particular preocupación genera el estado de las EPS intervenidas por la Superintendencia de Salud. Ninguna de ellas cumple con los indicadores de solvencia, y las medidas adoptadas no han mejorado su estabilidad ni la calidad de los servicios que prestan. Un ejemplo grave es la Nueva EPS, que con más de 11,5 millones de afiliados no ha presentado estados financieros certificados para dos vigencias consecutivas, las de 2023 y 2024, y registra patrimonio negativo. Su permanencia sin correcciones estructurales representa un riesgo sistémico nacional.
¿Cómo se podría plantear un nuevo modelo de aseguramiento en vista de que este es inviable financieramente?
El actual modelo de aseguramiento, tal como está concebido, ha llegado a un punto de agotamiento estructural; por ende, el país debe dar la discusión frente a un modelo que parta de tres principios: transparencia en el uso de los recursos, sostenibilidad financiera real y garantía efectiva del derecho a la salud. Un modelo que fortalezca la capacidad pública y territorial, que garantice una red prestadora estable y suficiente, evitando la fragmentación de servicios, con reglas claras para su control y auditoría previa al giro y seguimiento en tiempo real al flujo de los recursos.
¿En medio de la polarizada discusión política en el país en torno a los cambios que requiere el sector salud, qué cree usted que se podría concertar para mejorarlo?
Desde la Contraloría proponemos avanzar en una concertación nacional técnica y transparente, que permita articular acciones concretas entre el Gobierno, los entes de control, los actores del sistema, el Congreso y la ciudadanía, donde se promueva un sistema que permita la trazabilidad de recursos que garantice que cada peso invertido en salud cumpla con su propósito social, con mecanismos de inspección, vigilancia y control que tengan mayor capacidad técnica y operativa; así como la implementación de un sistema de auditoría integral sobre las cuentas médicas y los contratos. Lo anterior en el marco de un esquema de transición ordenada evitando trasladar riesgos y barreras de acceso a los usuarios.
