Un giro totalmente inesperado podría dar el caso del coronel Óscar Dávila a quien involucraron en las interceptaciones ilegales a Marelbys Meza, ex empleada doméstica de la canciller Laura Sarabia.
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En principio las conclusiones de Medicina Legal dictaminaron que la muerte de Dávila fue un suicidio, sin embargo, una denuncia que llegó a la Fiscalía General de la Nación involucra a 10 funcionarios de la entidad forense -5 profesionales especializados forenses, 2 técnicas forenses y 3 asistentes forenses- que habrían alterado el dictamen.
Los funcionarios señalados habrían cambiado de tal manera las conclusiones del informe que la muerte se podría tratar de un homicidio y no de un suicidio como se dijo en 2023.
El ente acusador compulsó copias a la Comisión de Disciplina Judicial que aperturó un expediente el pasado 5 de mayo por este caso que reposa en el despacho del magistrado David Daza Daza.
“Un total de 23 funcionarios accedieron al caso, de los cuales solo 12 tenían competencia funcional para hacerlo, mientras que los 11 restantes, incluido un exfuncionario cuyo usuario seguía activo sin justificación, habrían ingresado sin autorización, en algunos casos por simple curiosidad”, se lee en el auto como conclusión de la auditoría realizada por la Subdirección de Servicios Forenses.
Asimismo, se compulsaron copias a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en el nivel central, para investigar la conducta del entonces director seccional de Medicina Legal en Cundinamarca.
La Fiscalía informó en junio de 2023 que desde el punto de vista forense la muerte del oficial, del equipo de seguridad de la Presidencia, ‘tiene las características propias de un suicidio‘.
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El coronel hacía parte de la oficina en la que Marelbys Meza fue sometida a una prueba de polígrafo y donde también le sacaron una copia espejo de su celular, esto con el fin de tratar de averiguar por el responsable de una pérdida de dinero en la casa de Sarabia.
Tras su muerte, que se efectuó muy cerca de su domicilio y en un vehículo, se conoció que iba a colaborar con la justicia aportando toda la información que sabía respecto al caso de Meza, así lo dejó saber en una carta que le envió al fiscal general en la que exponía su disposición de participar en una entrevista o interrogatorio.
