Este miércoles 7 de mayo se realizó el Congreso Nacional de Municipios 2025, organizado por la Federación Colombiana de Municipios, en la ciudad de Cartagena. En este evento estuvo presente el presidente Gustavo Petro, quien escuchó las intervenciones de los mandatarios municipales, quienes realizaron varios reclamos por la falta de inversión y la situación de orden público que golpea a las comunidades.
La alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo Gutiérrez, durante su intervención hizo un fuerte llamado al presidente Petro por la difícil situación de orden público que enfrenta su población. Además hizo referencia al secuestro del menor de 11 años, quien fue sacado de su vivienda por hombre fuertemente armados, y que hasta la fecha no se tiene información de su paradero.
“Esto es un S.O.S de todos nuestros municipios, porque la seguridad de nuestro territorio está en sus manos”, expresó Castillo.
Además, Víctor Julián Sánchez, alcalde de Soacha y presidente de la FCM, insistió en que es necesario reforzar el pie de fuerza en los municipios, y recordó al presidente Petro el compromiso adquirido de otorgar 5 mil millones de pesos para cada ente territorial.
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“La paz total solo será posible si garantizamos la seguridad de nuestras comunidades”, dijo Sánchez, quien requirió el apoyo del Gobierno para la prevención ante la ola de emergencias generadas por las lluvias.
Asimismo, la alcaldesa de Puerres, Nariño, Graciela Hernández, cuestionó que no han recibido el respaldo por parte de los ministerios para viabilizar los proyectos necesarios.
“Estamos tristes porque en los ministerios ni siquiera una cita nos han dado, hemos trabajado día y noche para tener viabilizados los proyectos (…) es un descaro que algunos ministerios no nos hayan desembolsado la plata”, manifestó.
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Y agregó: “Le pedimos que nos diga con claridad, ¿hay o no hay recursos?. El presupuesto ha crecido el 19% en su periodo, pero vamos a sus ministerios y nos dicen no hay plata (…)¿Qué vamos a hacer con los proyectos en fase III? Hace un tiempo, en este atril, usted se paró como yo y como a usted le costó tener la credencial a nosotros también, no nos ganamos en un paquete de papas, nos costó mucho para tenerla”.

Julián Lora, alcalde de Entrerríos, se refirió a los PPL y denunció que alrededor de 22 mil presos están en las estaciones de Policía y no están en las cárceles ni centros de reclusión, y recalcó que están a cargo de los entes territoriales.
“Nosotros los municipios de sexta categoría no somos sostenibles, necesitamos del Gobierno Nacional para ejecutar”, expresó.

Por su parte, Luis Carlos Amézquita, alcalde de Lérida, denunció un caso de traslado de docentes, por lo cual estudiantes de su terrario se quedaron sin recibir clases.
“¿Por qué se están llevando los docentes? Y la respuesta de la Secretaria Departamental es que es por la cantidad de niños. ¿Entonces en las veredas los niños no tienen derecho a la educación? Nosotros somos los que tenemos que darles la cara a los padres de familia. Nuestros niños se están quedando sin docentes”.
Ana Dolores Solano, alcaldesa del municipio de Mutiscua, Norte de Santander, realizó una serie de peticiones al presidente Petro en materia ambiental.
“Usted dijo que iba a defender los páramos hasta con su propia vida, hoy quiero decirle existen muchos páramos que declararon parques nacionales, usted sabe que en el momento en que declaran parques nacionales, estas propiedades se vuelven, inembargables, imprescriptibles. Entonces, ¿qué pasa con nuestros campesinos?, ellos quieren que esos predios se los compre el Gobierno, y los pueden entregar a los municipios, a las Juntas de Acción Comunal”.

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Y añadió: “Hay 96 propietarios que necesitan vender para darle estudio a sus hijos, para comprar una casa”.
Finalmente, hizo un llamado al presidente Petro para que cree un subsidio para la población en condición de discapacidad.
Rafael Bolaños Pino, alcalde de Quibdó, se refirió sobre el secuestro de Arnold Rincón, director de la Corporación Autónoma Regional del Chocó, Codechocó, y los problemas de seguridad que atraviesa el departamento de Chocó.
“No podemos llevar a cabo nuestra labor a cualquier rincón del departamento, no podemos movilizarnos con tranquilidad, no podemos llegar a las comunidades rurales. Por eso nos podemos recortarle los recursos a la Fuerza Pública, se requieren recursos para tener la capacidad de respuesta para atacar a los grupos delincuenciales que están en el territorio y que amenazan la labor de los servidores públicos”, dijo.
“Pedimos que haya una misión Chocó, así como hay una misión Guajira, donde podamos llegar con una apuesta institucional amplia”, agregó.
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