La Procuraduría informó este jueves en un comunicado que, atendiendo solicitud de la Registraduría, hace presencia y control preventivo a la visita que con el fin de recaudar información sobre temas de contratación, realiza la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, a la entidad de la Organización Electoral.
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'La Registraduría pidió al Ministerio Público que en estas diligencias sirva como garante, pues sienten vulneradas sus funciones y competencias ya que la SIC solicitó documentación sometida a reserva', se lee.
El ente de control agrega que la SIC busca hacer un rastreo de información y equipos de computadores de la Registraduría, lo que ha generado reclamos de varios funcionarios del organismo electoral, que argumentaron posible violación al derecho a la intimidad.
Entre tanto, el registrador Hernán Penagos, durante la apertura este jueves del 14° #CAMP de Asobancaria, aseveró que 'la Registraduría Nacional es la única entidad constitucionalmente encargada de custodiar los datos de la identificación de los colombianos'.
{"titulo":"Corte Constitucional pone la lupa en la contratación tras ECI de La Guajira","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/corte-constitucional-pone-la-lupa-en-la-contratacion-tras-el-eci-de-la-guajira-1078481"}
Y agregó al respecto: 'Tenemos dos misiones. Una es llevar a cabo las elecciones y la otra es salvaguardar la información de la identidad. La meta a cuatro años es alcanzar los niveles más altos de confianza. Nos comprometemos a trabajar arduamente en auditorías para proteger con total transparencia toda la información de la entidad'.
Por su parte, la superintendenta de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, explicó en sus redes sociales que las visitas de inspección a la Registraduría se adelantaron en el marco de las facultades de la SIC como entidad que vigila que en procesos de contratación pública no se afecte la libre competencia.
'A raíz de la desinformación generada con las visitas adelantas en los últimos días, me permito resaltar lo establecido por la Corte Constitucional respecto a las mismas: '(...) las superintendencias están facultadas para, entre otras: ingresar a las instalaciones de las empresas y examinar sus archivos, recaudar toda la información conducente para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales cuyo control les compete, solicitar a las personas naturales y jurídicas el suministro de datos, informes, libros y papeles de comercio que se requieran para el correcto ejercicio de sus funciones; y tomar declaraciones de los funcionarios de la empresa'.
{"titulo":"Congreso Internacional de Derechos Humanos: Género y Enfoque Diferencial","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/congreso-internacional-de-derechos-humanos-genero-y-enfoque-diferencial-1078471"}
Además, señaló la funcionaria, 'la Corte Constitucional en Sentencia C – 165 de 2019 estableció: '(...) no existe un deber constitucional ni legal en cabeza de las superintendencias de informar, previamente, la realización de las vistas de inspección pues las visitas administrativas de inspección no son diligencias o actuaciones cuya práctica requiera autorización judicial previa o control de legalidad posterior'.
Y concluyó Rusinque que 'nadie dice que tengamos función de policía judicial ni es lo que estamos ejerciendo. Tenemos una función de policía administrativa. Aplicamos rigurosos procesos de cadena de custodia para garantizar la integridad de la información legítimamente recaudada en las visitas administrativas. Repito, ni allanamos, ni decomisamos, ni incautamos celulares, ni computadores ni nada por el estilo'.
