La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión de seis meses para ejercer cargos públicos al exalcalde de La Jagua de Ibirico y actual senador de la República, Didier Lobo Chinchilla, por sobrecostos que superan los 3.000 millones de pesos en paquetes nutricionales para la recuperación de niños desnutridos o en riesgo de malnutrición, y de madres lactantes y gestantes, cuando se desempeñó como mandatario de esa localidad en el periodo 2012.-2015.
El Ministerio Público señaló que Didier Lobo participó y aprobó la actividad contractual del Acuerdo No. 340 de 2012, celebrado con la 'Unión Temporal Servicios Nutricionales Complementarios', que generó sobrecostos de $3.919’048.122.60.
Según la Procuraduría, Lobo Chinchilla no actuó con diligencia y vulneró los principios de economía y de responsabilidad que rigen la contratación estatal, toda vez que permitió un detrimento del presupuesto oficial destinado para la adquisición de los complementos nutricionales con costos superiores a los bienes entregados.
La falta fue calificada como gravísima a título de culpa grave.
El fallo de única instancia también sancionó a la exsecretaria de Salud del municipio, Cenith Mireya Echávez Ospino (2012-2015), con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 10 años.
El ente de control estableció que la exfuncionaria incurrió en una desatención elemental de sus funciones y permitió que se realizaran de forma irregular los estudios previos, que sirvieron para establecer el presupuesto oficial y adelantar la Licitación Pública 004 de 2012 y la posterior celebración del Contrato No. 340, con sobrecostos superiores a los $3.900 millones.
La investigada desconoció el principio de economía, ya que no actuó con austeridad, y vulneró el principio de responsabilidad por no realizar un análisis de mercado y costos que permitiera establecer los valores reales de los productos adquiridos.
La falta fue calificada como gravísima a título de culpa gravísima.
La Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, tras un análisis a los valores pactados frente a los precios del mercado, especialmente de los almacenes de grandes superficies de Valledupar, cuantificó en más de $3.900 millones el sobreprecio.
