El Heraldo
Cesar

Investigan posible daño patrimonial por más de $10 mil millones en Chiriguaná

La Contraloría imputó cargos de responsabilidad fiscal a tres exalcaldes de ese municipio del Cesar, por presuntas irregularidades en ejecución de un contrato para construir aulas escolares.

Un posible daño patrimonial por más de 10 mil millones de pesos investiga la Contraloría General de la República en el municipio de Chiriguaná, Cesar. Se trata de presuntas irregularidades en la ejecución del contrato 002 de 2010, para la construcción de aulas en 19 centros educativos de la localidad, las cuales, a pesar de haber sido recibidas a satisfacción por la administración, según una auditoría del organismo de control, estas se encontraban inconclusas. 

Por estos hechos, según publicó Radio Guatapurí, la Contraloría delegada Intersectorial imputó cargos de responsabilidad fiscal a tres exalcaldes, a dos exfuncionarios de la administración municipal y a cinco contratistas. El contrato fue suscrito en 2010, durante el mandato del entonces alcalde Ramón Díaz Corzo, por un valor de 17 mil 941 millones de pesos, con el Consorcio Ambientes Escolares del Cesar, con un plazo de ejecución de 12 meses. Como interventor de la obra se designó a la Unión Temporal Consultoría Infraestructura Educativa II Etapa, mediante el contrato N°037 del 17 de marzo de 2010. 

No obstante, el proyecto, objeto de múltiples suspensiones y modificaciones, fue terminado en 44 meses. Luego de entregadas las obras a satisfacción del municipio de Chiriguaná, en 2018 la Contraloría, en desarrollo de sus auditorías por tratarse de recursos de regalías, verificó que en muchas de las instituciones educativas las obras estaban inconclusas, la mayoría en estado de abandono, y otras no funcionaban. 

Además del exalcalde Ramón Díaz Corzo, también fueron imputados los exmandatarios Gustavo Enrique Dagil y Zunilda Toloza; así como los exfuncionarios Juan Carlos García y Luis Rafael Rocha, secretarios de Planeación para la época, quienes fungieron como supervisores del contrato; y los contratistas David Alberto Orozco, Germán Villanueva, Carlos Segundo Venegal, Construsocial, BB Ingenieros SAS, Obras Especiales Obresca, como firmas integrantes del consorcio. 

El ente de control también vinculó como terceros garantes a las cuatro compañías que concurrieron en la expedición de las pólizas de cumplimiento del contrato y de garantía de la obra. 

Las instituciones educativas y sus sedes, afectadas con las obras inconclusas, son el Centro educativo Arenas Blancas, Luis Felipe Centeno – sede Las Margaritas, Manuel Germán Cuello – sede 1 (Rincón Hondo), Santa Rita, La Sierra, y La Aurora.  

La Contraloría otorgó a los imputados un término de diez días hábiles, para presentar argumentos de defensa frente a la imputación efectuada, así como para solicitar y aportar las pruebas que pretendan hacer valer, para posteriormente determinar cuál es el grado de responsabilidad de cada uno de los vinculados y el monto que cada uno deberá pagar por el detrimento patrimonial al municipio de Chiriguaná.  

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