Herencias malditas: muertes y prisión en Valledupar
Conflictos familiares y homicidios se han registrado en los últimos años en la capital del Cesar para la apropiación de bienes y dinero de las víctimas.
En una especie de maldición se han convertido algunas herencias en Valledupar. Disputas familiares y muertes se han registrado entre parientes en los últimos años en esta capital para quedarse con propiedades y dinero que constituían el patrimonio de las víctimas.
Hijos, nietos, sobrinos, hermanos, esposos y esposas han terminado en prisión por participar en los crímenes de familiares en un acto de codicia. Son varias las historias de personas que ahora pagan condenas sin haber logrado el propósito de disfrutar de esas riquezas.
Uno de los casos de mayor revuelo ocurrió el 17 de noviembre de 2014, cuando fue encontrado muerto a golpes en su vivienda del barrio Pontevedra, al norte de Valledupar, Candelario Medina Beleño, un albañil de 63 años que tras un momento de suerte se había ganado $600 millones como premio de una lotería. Los dos hijos de este hombre, a quienes sacó adelante trabajando como maestro de obra en las construcciones de la ciudad, fraguaron asesinarlo luego que este se negara a compartir su fortuna con ellos.
Según la investigación, cegados por la ambición, Javier Darío, en ese entonces de 30 años, e Ismael Antonio Medina, de 33, decidieron darle muerte para quedarse con parte del dinero y los bienes que alcanzó a comprar su padre. Fue así como en complicidad con otras dos personas, cumplieron su plan, asesinándolo con las mismas herramientas que usaba la víctima en su trabajo.
Las sospechas del asesinato recayeron desde el comienzo en estos hijos del albañil, teniendo en cuenta que, de acuerdo con testimonios de personas cercanas, la relación entre ellos no era la mejor, incluso ya lo habían amenazado por no querer darle parte del premio.
Tras más de un año de investigación, los dos hermanos fueron capturados en la misma vivienda donde había sido hallado el cuerpo de Candelario con politraumatismos en el cráneo y tórax causados con objetos contundentes. Los dos fueron llevados ante un juez para su judicialización.
Javier Darío Medina reconoció en un preacuerdo con la Fiscalía que participó en el crimen y fue condenado a 25 años de prisión, mientras que su hermano Ismael Antonio, quien no se allanó a los cargos, fue cobijado con una sentencia de 40 años de cárcel.
Además de los dos hermanos, el ente investigador determinó que en el crimen también participaron Álvaro Javier Tapias, amigo de los hermanos Medina; y José del Carmen Marrugo, alias ‘Cafú’, a quien habrían buscado para que cometiera el homicidio.
Miguel Ángel Rojas Páez fue condenado a 17 años y medio de prisión tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía, y reconocer que en medio de una riña que se generó por la disputa de una casa que habían dejados sus abuelos, asesinó de un tiro a su tío político Yacin Enrique Arciniégas, en hechos ocurridos el 14 de enero de 2015, en el barrio Callejas, al norte de Valledupar.
La casa de la discordia está ubicada en el barrio Gaitán, que era propiedad de Carlos Páez y María Fuentes, quienes criaron allí a sus tres hijos: Rosalba María, Clara Inés y Carlos. Con la muerte de sus padres, los herederos iniciaron el litigio para la repartición del inmueble avaluado en ese entonces en $250 millones.
En ese proceso estaban, cuando Rosalba María llegó acompañada de su marido Yacin Arciniégas, a la vivienda de su hermana Clara para abordar el tema de la sucesión; se formó la discusión, llegó Miguel Ángel, hijo de Clara, y apuntó con un arma a Rosalba, por lo que Yacin le dijo que se calmara y este le disparó, según relató la viuda.
“La casa está dividida en cuatro y mientras se resuelve el proceso de sucesión le planteé que se quedara con uno de los apartamentos, lo administraran y cobraran el arriendo, pero a Miguel Ángel no le gustó”, dijo Rosalba.
Un día después de la tragedia familiar, Miguel Ángel, un zootecnista en esa fecha de 30 años, se entregó a la Fiscalía; y aunque inicialmente no se allanó a los cargos, posteriormente confesó consiguiendo una rebaja de la pena. El homicida fue enviado a prisión, pero luego de una solicitud de sustitución de medida, la juez cuarta de los Juzgados de Ejecución de Penas, María del Pilar Soto, le concedió detención domiciliaria, por lo que la funcionaria judicial ahora está siendo investigada por prevaricato.
La noche del 17 de agosto de 2010, Ana Iris Batista invitó a cenar en un restaurante al norte de la capital del Cesar a su esposo, Julio Eliécer Bracho, un sargento del Ejército, quien por esos días disfrutaba de un descanso; estando en el sitio, hombres en motocicleta asesinaron a tiros al militar en un supuesto atraco.
Las investigaciones del crimen tiempo después revelaron una espeluznante teoría. Según las autoridades, todo había sido un milimétrico plan de la mujer para darle muerte a su compañero y quedar como única beneficiaria de un seguro de vida, un carro y otros bienes que en su carrera de 19 años en el Ejército logró acumular la víctima.
Eduardo Elías Gámez Bracho, hermano del sargento asesinado, dijo que “esto nos llenó de impotencia, Julio tenía una cadena de oro y el anillo, y no se los llevaron. A raíz de eso nos pusimos el reto de averiguar por qué lo habían asesinado. La Fiscalía comenzó a investigar y salieron elementos de juicio que permitieron hoy en día tener a tres personas condenadas”.
Un año después del crimen, la Fiscalía en Valledupar logró demostrar que los autores materiales del homicidio fueron Olga del Carmen Coronado Atencio, alias la Chiqui, quien fue condenada a 26 años de prisión; Deiner Zúñiga Cobo, alias Kevin y Elías Mandón Chogo, alias Elías, quienes deberán pagar 35 años de cárcel, integrantes de una banda criminal, a quienes supuestamente contactó la mujer para que perpetraran el homicidio.
La Fiscalía fue recaudando los elementos probatorios para acusar a Ana Iris Batista como la autora intelectual del crimen; entre las pruebas que tiene, y que quizás son las más contundentes están los testimonios y declaraciones juradas de las tres personas condenadas por este hecho.
Y en otro proceso, a 18 años de prisión fue condenado Alfonso Rafael Martínez Cantillo como responsable de la muerte del líder social Edilberto Cantillo Meza en hechos registrados el 4 de febrero de 2017, en el municipio de El Copey, al parecer por conflictos familiares asociados con la herencia de una finca.
Pastor Guaje Blanco y su hijo Noé de Jesús Guaje fueron condenados a 37 años de prisión como determinadores del asesinato de la compañera sentimental de su padre y abuelo, respectivamente, Rosa Isabel Mosquera Quiroga, de 66 años. Los dos contrataron a un sicario para acabar con la vida de la mujer, a fin de evitar que esta se quedara con los bienes de su familiar, un ganadero de 86 años.
El 11 de julio de 2012, Rosa Isabel Mosquera y su esposo Abel Guaje, salieron temprano de su finca Avianca, en jurisdicción de Chimila, corregimiento de El Copey (Cesar), a realizar diligencias personales en Valledupar; abordaron un bus y cuando este transitaba en inmediaciones del corregimiento de Caracolicito, un pasajero se levantó y sin mediar palabras le disparó a la anciana.
De acuerdo con la Fiscalía Los Guaje, contrataron a una persona para que asesinara a Rosa Isabel. El ente acusador como prueba principal tuvo el testimonio de alias Aníbal, perteneciente a una banda delincuencial y quien se encuentra condenado por diferentes delitos.
El caso que se relaciona con familiares del acordeonero Dagoberto ‘El Negrito’ Osorio ocurrió el 25 de julio de 2013. Ese día, Luis Osorio, un agricultor de 52 años, asesinó de un tiro de escopeta a su hermano Diomedes, con quien venía teniendo conflictos por una finca que ambos habían adquirido en el municipio de Becerril. Después del crimen, Luis Osorio huyó hacia Venezuela, pero el 27 de febrero de 2016, la Policía lo capturó en Cúcuta, Norte de Santander, durante un procedimiento de requisa a un bus donde este se desplazaba como pasajero, luego de percatarse, al solicitarle la cédula, que tenía una orden judicial en su contra por homicidio.
Para la fecha de la aprehensión, Yolima Hernández, viuda de Diomedes, dijo que “esta situación es difícil, porque quien es señalado de matar a mi esposo es su hermano y esto genera tristeza en la misma familia. Solo quiero que haga justicia”.
En 2017, Luis Osorio, en un preacuerdo con la Fiscalía aceptó haber dado muerte a su hermano, indicando que actuó con ira e intenso dolor, luego que Diomedes lo atacara con un machete, tras una discusión que antes había tenido con un hijastro de este, por lo que el Juzgado Quinto Penal del Circuito lo condenó a 7 años y seis meses de prisión.
