Condenados siete del ‘cartel de las pensiones’
Fueron procesados por concierto para delinquir, fraude procesal y cohecho, señalados de participar en el desfalco al sistema pensional y financiero.
El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Valledupar con funciones de conocimiento condenó a siete implicados en el llamado ‘cartel de las pensiones’ que defraudó al sistema pensional y financiero del país por más de 90 mil millones de pesos.
Se trata de Sandra Patricia González Atencio, Mario Alberto Alarcón Pabón, Rolando José Vargas Russo, Patricio García de Caro, Kalim Alberto Acosta Cabarcas, Oswaldo Díaz Rodríguez, y María Carolina Ovalle García, hallados responsables de los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, cohecho por dar u ofrecer.
En abril de 2016, la Fiscalía General de la Nación fue informada a través de un escrito anónimo que en la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar se elaboraban a cambio de dinero dictámenes de pérdida de capacidad laboral con el propósito de que trabajadores de las compañías mineras Carbones del Cerrejón, Drummond y Prodeco y empleados de entidades públicas obtuvieran prematura e ilegítimamente pensión de invalidez. Se decía que el diagnóstico más común era de naturaleza psiquiátrica.
“Una vez tuvo conocimiento de esta situación, la Fiscalía, a través de su delegado, desarrolló un plan metodológico a partir del cual se adelantaron actividades por parte de agentes encubiertos, se interceptaron los números telefónicos de las personas que presuntamente se encontraban vinculadas con estas irregularidades y fue como se pudo establecer la participación de estos ciudadanos en el proceso de valoración médica de una serie de patologías cuya base fáctica muestra una baja y en algunos casos insuficiente concordancia con las condiciones clínicas que fueron objeto de consideración por parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar”, señaló el ente acusador.
Indicó que “a partir de allí se obtuvo el reconocimiento de pensiones de invalidez, se tramitó el reconocimiento de la afectación de pólizas de seguros de vida; así como la satisfacción de obligaciones crediticias adquiridas de manera dolosa por quienes acudían a los servicios de las personas que habían conformado una organización que a partir de actos de corrupción conculcó bienes jurídicos como la seguridad pública, la administración pública, así como la recta y eficaz administración de justicia”.
Como consecuencia de la aceptación de los cargos por parte de los procesados, se dispuso la ruptura de la unidad procesal y la generación de una radicación, bajo la cual se adelantaron las diligencias. El 8 de agosto de 2018 la Fiscalía 12 seccional de Valledupar presentó escrito de acusación con allanamiento a cargos y fijar la pena.
