Los diferentes resguardos yupka, en la Serranía del Perijá, con jurisdicción en el municipio de Codazzi y el municipio de Becerril, en el Cesar, hicieron un pronunciamiento en relación a los hechos sucedidos, el pasado 1 de junio, en la vereda El Once, donde se registró la matanza de varias reses y especies menores.
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En principio se había dicho que eran más de 50 animales, sin embargo, las autoridades indígenas indicaron que fueron 11, sin desconocer su responsabilidad en lo ocurrido, pero indicando que lo hicieron debido a necesidades puntuales que están viviendo en esta región.
Explicaron que, ante la grave situación de hambre que atraviesa el pueblo yukpa, producto de reiteradas afectaciones a la seguridad alimentaria, al medio ambiente, al ejercicio de su gobierno propio y ante la ocupación en consulta ilegítima de sus territorios, por decenas de cabezas de ganado, la comunidad tomó la decisión colectiva de sacrificar y consumir 11 reses.
Desmintiendo así que lo hicieron por un hecho violento y de represalias por una supuesta disputa territorial. Asimismo, que el hecho no fue una acción impulsiva sino una respuesta desesperada a la falta de garantías para la vida digna, la alimentación, la desatención estatal, y a la constante vulneración de sus derechos fundamentales y territoriales como pueblo indígena.
También indicaron que la presencia masiva de ganado en sus territorios ha provocado daños ambientales, destrucción de sus cultivos, contaminación de fuentes de agua y una amenaza constante a su forma tradicional de vida y subsistencia.
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Explicaron además, que la parte media y alta de la Serranía del Perijá no son aptas para ganadería extensiva ni mucho menos para engorde por las claras afectaciones ambientales, entre ellas, el río Casacará, que es la segunda fábrica de agua de la región Caribe. Por lo que la ganadería extensiva y abierta ha generado un daño ambiental irreparable en por lo menos 400 hectáreas.
“Las pocas extensiones de tierras que aún se conservan no pueden seguir siendo destinadas a la ganadería extensiva, práctica que ha demostrado ser incompatible con la sostenibilidad del territorio”, indicó una vocera del pueblo yukpa.
Por ello hicieron un llamado a la reflexión colectiva sobre la necesidad de proteger las partes medias y altas de la Serranía del Perijá, que son espacios vitales para la producción de cultivos como el café y de pan coger, y sobre todo para la conservación de fuentes de agua y generación de oxígeno.
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De igual manera hicieron referencia a que siguen siendo vulnerados de distintas maneras y recordaron que en el año 2018 dos niños indígenas yukpa, de la vereda El Once, fueron envenenados por un campesino, y el 24 de marzo de 2024 fueron envenenados y asesinados por un plaguicida, cinco niños más, siendo que ese químico está prohibido desde 2022 por la Corte Constitucional.
“El resguardo yukpa de Iroka ha actuado con total responsabilidad y respeto, no han invadido predios de campesinos, ganaderos o palmicultores, han reiterado hasta el cansancio que respetan la institucionalidad y los distintos modelos económicos presentes en la Serranía del Perijá, siempre que esto respeten las normas ambientales y el ejercicio de su gobierno propio, sin embargo, esta voluntad de paz no puede seguir siendo interpretada como debilidad o indiferencia. Por ello exigimos que se respete con las mismas firmeza con la que estamos respetando”, puntualizaron a través de un vocero.
