Desde el pago de facturas de teléfonos celulares hasta el transporte de pacientes inexistentes, sirvieron, de acuerdo con la Fiscalía, para que el ex gerente de la EPS Dusakawi Enoc Clavijo y el contratista Hernán Osorio desviaran $3.905 millones de la salud destinados a los pueblos indígenas del Cesar, Magdalena y La Guajira.
En la audiencia en la que el Juez Segundo Penal Municipal con funciones de control de garantías, Néstor Primera, ordenó enviar a la cárcel a los dos capturados por la millonaria defraudación, la Fiscalía reveló detalles de las maniobras irregulares cometidas para, presuntamente, apropiarse de los dineros transferidos por la Nación dentro del régimen subsidiado de salud para la atención de sus 235.000 usuarios en los tres departamentos costeños mencionados, la mayoría de ellos de las etnias arhuaca, yukpa, wiwa, kankuama, kogui y wayuu de la Sierra Nevada y la Serranía del Perijá.
Clavijo y Osorio fueron capturados el pasado jueves en Valledupar, en un operativo conjunto del Gaula Militar y el Cuerpo Técnico de Investigación. De inmediato, la Fiscalía les imputó los delitos de peculado en concurso homogéneo sucesivo y asociación para cometer el delito contra la administración pública, cargos que no aceptaron. La denuncia fue presentada en 2014 (ver Denuncia de los arhuacos puso al descubierto una tenebrosa mafia).
Empresas de fachada
En Dusakawi operó toda suerte de anomalías. Medicamentos que nunca fueron entregados, materiales para mantenimientos no recibidos, irregularidades en la caja menor, incremento exagerado de usuarios en las diferentes zonas donde el número de afiliados era incluso superior al número de habitantes de veredas y corregimientos y empresas de fachada fueron algunas de las irregularidades documentadas por la Fiscalía.
Clavijo generó 'gastos exorbitantes' por la adquisición de elementos y servicios a 'usuarios inexistentes', ocasionando un eminente detrimento patrimonial y un posible fracaso de la firma, expresó el delegado de la Fiscalía. Indicó que hubo 'manipulación de todo el manejo administrativo' porque no se cumplían los requerimientos mínimos para la contratación, olvidando que se trataba de recursos públicos.
Negocio de comida
Ante el juez, el ente investigador dijo que los implicados en el ilícito fraguaron estrategias para apoderarse de la plata que debía ser destinada a la atención médica de los indígenas. Una de ellas fue contratar no solo con empresas inexistentes, sino con otra cuyo objeto social era muy diferente a los relacionados con los servicios de salud.
Por eso aparecen contratos con una empresa a nombre de Hernán Osorio, cuyo negocio era la venta de ropa, comida y otros artículos de consumo popular.
'Había –expresó la Fiscalía en la audiencia– una empresa registrada con una dirección, y era una fachada donde no se evidencia que funcione un establecimiento de comercio'. Los investigadores realizaron entrevistas y verificación de campo, pero no obtuvieron información sobre una compañía dedicada a ventas en el sector salud.
Lo que sí hallaron fue que la dirección del negocio era la residencia de la mamá de Hernán Osorio y además con entrevistados supieron que este se dedica a la 'comercialización de ropa'.
Se trataba de una comercializadora a nombre de Hernán Elías Osorio, con NIT 77032717-1, registrada el 27 de noviembre de 1995 en la Cámara de Comercio de Valledupar, con dirección en la calle 17 No 5-42, con el objeto social de suministro de bienes y servicios tales como confecciones en general, comidas preparadas, víveres, verduras, frutas frescas y equipos de oficina.
Sin soportes
Según la investigación, con los documentos analizados de Dusakawi pudieron determinar que a la comercializadora Hernán Elías Osorio Villeros (que no existe) le pagaron más de $1.009 millones.
Los giros fueron autorizados por Enoc Clavijo, también los contratos fueron firmados por este, pero los investigadores no encontraron soporte alguno de la entrega o relación de personas que recibieran los servicios.
Incluso, observaron pagos de servicios de telefonía y de alimentos supuestamente para entregarlos en algunas veredas, cuando esos gastos no tenían nada que ver con la destinación que debe dársele a los recursos de la EPS que son de destinación específica para la salud.
Sin recibidos
El informe de la Revisoría fiscal de 2011, que explica los procedimientos acordados para la prestación de servicios de la EPS, encontró que los recursos no fueron destinados adecuadamente.
'Se radicaron facturas que no fueron relacionadas en la contabilidad de la empresa y tampoco se archivaron por parte de Enoc Clavijo, mientras que Hernán Osorio no demostró el recibido' de lo que dice que entregó, precisó la Fiscalía.
Otros procedimientos de la Revisoría fiscal y la Supersalud hallaron que Clavijo firmaba los contratos y autorizaba las facturas sin tener soporte alguno para esas adquisiciones.
La Fiscalía indicó que con la plata de la salud de los indígenas pagaron el servicio de telefonía celular y otros servicios a Hernán Osorio. Los gastos sumaron entre 12 y 16 millones.
Igualmente, la EPS dice que pagó la compra de artículos y alimentos no perecederos para indígenas de la Alta Guajira, sin que existan soportes de que fueron recibidos por la comunidad wayuu ni por otras personas.
La Fiscalía reveló que está investigando transacciones con otras personas, por unos $2.000 millones.
La feria de contratos con recursos de la salud de los indígenas de la Sierra Nevada y Perijá involucra, de acuerdo con las denuncias hecha por líderes arhuacos hace dos años, a una 'red de corrupción', afirmó al abogado Alejandro Arias.
Denuncia de los arhuacos puso al descubierto una tenebrosa mafia
Valledupar
El abogado y miembro de la Confederación Indígena Tayrona, Alejandro Arias, destaca que fueron los líderes del pueblo arhuaco quienes 'prendieron las alarmas' ante los 'manejos irregulares' en la EPS Dusakawi: el 27 de marzo de 2014, autorizados por los mamos, radicaron una denuncia ante la Fiscalía General. 'No solo esas dos personas, ahora presas, están vinculadas a este caso de corrupción. Hay más gente involucrada', enfatiza Arias, y asegura que también hay 'otras organizaciones' metidas en el desfalco.
