Aunque alias Luisito no alcanza la mayoría de edad ya tiene a cuestas un largo prontuario que incluye varios hurtos y el homicidio de un subintendente de la Policía, que se opuso a un atraco que en 2010 intentó cometer este delincuente juvenil.
Sus entradas y salidas al Centro de Recepción y Observación del Menor Infractor, Cromi, en Valledupar han sido tan reiterativas como sus fechorías.
Luisito comenzó a delinquir a los 13 años de edad. El suyo es apenas uno de los casos de un flagelo que va en aumento en la capital del Cesar, donde por la flexibilidad de la Ley 1098, o Sistema de Responsabilidad Penal del Menor, los adolescentes no reciben castigos ejemplares por su accionar delictivo. Incluso, son considerados víctimas.
'Estamos prácticamente con los brazos cruzados, porque salimos a capturarlos, pero son dejados en libertad. Esto es un desgaste', dice un investigador de la Policía.
Van 22 judicializados. Esta situación es aprovechada por adultos que inducen a los menores a cometer actos delictivos, para evadir su responsabilidad directa en los mismos. Este año, la Policía ha atendido 53 noticias criminales, 48 en flagrancia y cinco a través de denuncias. A corte de marzo iban 22 menores judicializados, más de la mitad de los casos registrados en 2014. El hurto a personas es el delito que cometen en mayor proporción en esta capital.
Actualmente en el Cromi están detenidos 22 adolescentes por diferentes delitos. De estos, 20 son hombres y dos mujeres. El accionar delincuencial de menores de edad se ha convertido en un 'dolor de cabeza', acepta otra fuente consultada.
La mayoría de los que cometen delitos son drogadictos y, tras ser capturados, los dejan a disposición de la Fiscalía. Luego, ante un juez con funciones de control de garantías, el trato es diferente al de los adultos porque el menor infractor también 'es considerado como víctima, y a menos que se trate de delitos graves como homicidio, secuestro, extorsión o ataques sexuales, son recluidos por pocos meses', explica el intendente Jaime Padilla, jefe de protección de la Policía de Infancia y Adolescencia en el Cesar.
Por ese tipo de delitos –homicidios, secuestro, ataques sexuales y extorsión– los menores responsables son trasladados a un centro especializado donde pueden estar entre cuatro y ocho años privados de la libertad. Por otras violaciones legales el tiempo de rehabilitación es más corto.
Después del hurto, en Valledupar los actos delictivos que más cometen los jóvenes son el tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, y porte y tráfico de estupefacientes.
AZOTE EN LA PERIFERIA. Los barrios más afectados por la delincuencia juvenil son los que están ubicados en la periferia de Valledupar, los cuales colindan con las invasiones. Allí buscan refugio después de cada arremetida delincuencial. Por eso, señala el intendente Padilla, la mayoría de los casos se registran en los sectores de Mareigua, Nuevo Milenio y La Nevada, lo que no descarta que estén presentes en otras áreas residenciales de esta capital.
Con adultos. 'No tenemos bandas identificadas de menores atracadores. Lo que sí sabemos es que actúan en compañía de otra persona, que puede ser otro adolescente o un adulto, y por lo general se movilizan en motos', manifiesta Padilla.
Acepta el uniformado que la mayoría de los atracos o robos cometidos por los adolescentes no son denunciados, porque las víctimas saben que no habrá resultados contundentes y en cambio se arriesgan a retaliaciones de estos delincuentes.
Según investigaciones adelantadas, jóvenes entre los 13 y 17 años de edad son los que cometen atracos y robos a mano armada, generalmente con cuchillos, lo que deja una estela de heridos y muertes.
Padilla indica que, por lo general, estos menores son integrantes de hogares disfuncionales, de padres separados, o donde los adultos responsables trabajan todo el día, se ausentan o tienen problemas con el alcoholismo o la drogadicción.
Julio Orjuela, edil de la Comuna Tres de Valledupar, a quien a veces los vecinos le piden ayuda por la inseguridad, fue víctima de un atraco a manos de muchachos que no alcanzaban la mayoría de edad.
'Me cercaron en bicicletas, sacaron cuchillos y me quitaron el celular y la cartera. Afortunadamente no me hicieron daño. Como soy conocido como líder en el sector, me devolvieron los documentos', explica el edil durante la instalación de un puesto de mando de la Policía en el barrio Mareigua, para controlar la ola delincuencial en ese sector.
Ante este flagelo, la Alcaldía de Valledupar estableció un plan de choque para prevenir las conductas delictivas en los barrios. 'Trabajamos con toda la institucionalidad, como las secretarías de Gobierno y Salud, que están reforzando las tareas de prevención para evitar que más jóvenes se metan a la delincuencia', dice el alcalde Fredys Socarrás Reales.
El coronel Jorge Urquijo, comandante operativo de la Policía en el Cesar, precisa que la ley establece que un menor así sea infractor no pierde su condición. 'Lo primero que hay que trabajar es el tema de la prevención para que no se conviertan en delincuentes; por supuesto que cuando queda a disposición de las autoridades ya son los jueces y los fiscales de adolescencia los que aplican las leyes'.
Las falla del sistema. En el informe ‘Pantalones cortos, mochilas rotas’, la Procuraduría General de la Nación analizó las fallas del sistema de responsabilidad penal en el menor, las cuales generan impunidad y hasta reincidencia de los jóvenes infractores que llegan a sacarle provecho a esa situación.
Dice que en el tipo de sanción impuesta, la norma (Ley 1098, artículo 179) le brinda al juez un amplio grado de movilidad para aplicarla, lo cual genera en ocasiones incongruencias, de ahí la importancia de perfeccionar la norma en apoyo a la labor del juzgador.
El Ministerio Público también cuestiona los escasos seguimientos poscumplimiento de las sanciones o remisiones de los jóvenes a protección, al cumplirse la sanción judicial.
Pese a que la intención del Bienestar Familiar es proyectar esta actividad, en la actualidad nadie, de manera sistemática, realiza acompañamiento luego de la sanción a los adolescentes, por fuera de apoyos esporádicos de algunas de las ONG contratadas por el ICBF para ejecutar las sanciones impuestas. Las remisiones ocasionales a protección poscumplimiento de las sanciones de orden judicial, sugeridas por parte de los entes ejecutores de las medidas, son también pocas veces realizadas por parte del ICBF.
Estos factores suelen combinarse con el medio sociofamiliar desfavorable del joven, señala la Procuraduría.
Las sanciones que contempla la ley para aquellos jóvenes judicializados son la amonestación, las reglas de conducta, la libertad vigilada, la prestación de servicio a la comunidad, el medio semicerrado, la privación preventiva de la libertad y la privación de la libertad (Ley 1098/06 Artículo 177).
Mientras la primera es competencia del Instituto de Estudios del Ministerio Público (Ley 1098/06 Artículo 182), la segunda es supervisada por los funcionarios de los juzgados para adolescentes. La ejecución de todas las demás le corresponde al Bienestar Familiar.
