Peajes internos caldean los ánimos en Cartagena
Protestas por cobro de peajes se presentaron tras informe de Contraloría que habla de un presunto daño patrimonial a la ciudad por $300 mil millones.
Los ánimos vuelven a caldearse en Cartagena por cuenta de los cuatro peajes construidos hace 20 años como una estrategia para financiar la construcción de la vía de acceso al puerto.
La temperatura en torno al polémico cobro terminó de subirse luego de que el 21 de enero pasado la Contraloría General de la República reveló los resultados de un informe según el cual la Tasa Interna de Retorno por parte de la Concesión Vial de Cartagena se habría cumplido en el 2015, lo que habría causado un daño patrimonial a la ciudad de más de $300.000 millones.
Estas presuntas irregularidades advertidas por el ente de control generó la reacción inmediata del alcalde distrital, William Dau, que en las pasadas elecciones había prometido el desmonte de los mismos.
“A partir de hoy le estamos diciendo al concesionario que levante las talanqueras y que dejen de cobrar los peajes”, reclamó el mandatario distrital que luego se fue a varios de los peajes a verificar el cumplimiento de la orden impartida.
Grupos de ciudadanos, muchos de ellos exacerbados, han protestado durante varios días en las casetas de los peajes para exigir que cesen los cobros. Incluso algunos arremetieron contra las instalaciones y llegaron al extremo de agredir a empleadas de la concesión.
El gerente de Convial, René Osorio, pidió a Dau que garantice la seguridad de los empleados de las casetas, petición que también hizo la Procuraduría General de la República.
Conservar el orden
Algunos sectores calificaron a Dau de “incendiario” . Una de esas fue la exmagistrada y ex candidata a la Alcaldía Adelina Covo.
“Usted no se comporta como un alcalde. Su primera función según la Constitución es cumplir y hacer cumplir las normas y la segunda conservar el orden público en la ciudad. Tiene que guardar la compostura y con su declaración y presencia en los peajes, se puede pasar de la protesta legal a unas protestas violentas. Tenga cuidado alcalde que eso en el Código Penal se llama asonada y tiene pena de prisión”, le reclamó.
Entre las salidas a este lío le recomienda a Dau pedirle un informe a Edurbe sobre la actual Tasa de Retorno Interno de la concesión, que se estableció para construir, operar y transferir unas vías, que en su opinión, mejoraron la movilidad.
“Los peajes debían funcionar hasta recaudar la inversión. Por lo tanto, el alcalde debe solicitar un concepto de su Oficina Jurídica. Si el contrato ya se cumplió, que busque el respaldo de los organismos de control. Es lo que se llama control preventivo para garantizar la transparencia y el debido proceso”, añade. Para la ex magistrada el alcalde puede puede liquidar el contrato, si se pone de acuerdo con el concesionario, o darlo por terminado de manera unilateral.
Seguirán luchando
Covo califica de “excelente” la labor del Comité Antipeajes. “Demostró que es necesario retirar los peajes, pero el alcalde debe seguir los procesos legales, además él tiene una oficina jurídica, que parece no usar. Eso es tan grave porque al pasar el tiempo podría dar espacio a que la concesión inicie un proceso que le permita revertir la situación”, puntualiza.
Erick Urueta, presidente de la Veeduría de la Rama Judicial en Cartagena, y miembro del Comité Antipeajes denunció que algunos de sus integrantes han recibido amenazas, pero seguirán adelante hasta el desmonte de los peajes.
El miércoles 27 el concejal del Distrito, Javier Julio Bejarano, Fidian García, conocido como el ‘El Capitán no más peajes’, Nixon Torres y Óscar Bonilla, presentaron una tutela en el Juzgado 6o. Civil del Circuito de Cartagena.
Con esta acción buscan tumbar el cobro de los cuatro peajes internos porque consideran que la concesión vial está cometiendo un abuso por cuanto sigue recaudando, pese al proceso de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República contra 39 exfuncionarios, entre ellos varios exalcaldes.
Son cuatro casetas instaladas en Bazurto, Manga, Ceballos, La Heroica y Corralito de Piedra, las dos últimas en Mamonal.
El TIR, es el porcentaje pactado entre el Distrito con la concesión dentro de su contrato para la recuperación de la inversión en la ejecución de las obras.
En su argumento la Contraloría sostiene que en los informes de la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar, Edurbe, en desarrollo del contrato interadministrativo vial, “no se evidencia una relación de los costos y gastos ni mucho menos un análisis sobre su pertinencia y relación con las obras. En este sentido no se encuentran verificados ni analizados los costos y gastos incurridos en las obras y la operación de la concesión”.
Siete ex alcaldes de Cartagena; exdirectores del Departamento Administrativo de Valorización Distrital de Cartagena, VAL; y exgerentes y exsubgerentes de la Empresa de Desarrollo Urbano, Edurbe, deberán dar explicaciones sobre estos señalamientos.
Dentro de los vinculados como presuntos responsables fiscales están la Concesión Vial de Cartagena, y dos exdirectores del Departamento Administrativo de Valorización Distrital de Cartagena, VAL.
Acciones legales
Ante este panorama Dau prometió hacer “todo lo posible para que este robo a mano armada al pueblo cartagenero no quede impune”, declaró, y sostuvo que se enfocará en acciones legales que generen efectos inmediatos.
“Yo mismo me llevé tremenda sorpresa cuando la Contraloría escribió que la TIR se logró entre los años 14 y 15 de la concesión, esto es entre 2013 y 2014. No hay derecho a ser tan desalmados con la ciudad”, declaró. Según los cálculos de los entes de control, a corte del 2020 se habría recaudado $ 89.401.568.125
Expuso que en el contrato suscrito con el concesionario fueron pactadas cláusulas que impiden que de forma inmediata la administración de manera unilateral termine o suspenda ese contrato, por lo que hay que explorar opciones que generen resultados más pronto.
Acciones
El abogado Óscar Borja, uno de los juristas que lidera la campaña para eliminar los peajes, dijo que el objetivo de la concesión era buscarle una entrada y salida a la carga del puerto. Si bien el tramo, de 18 kilómetros, era de interés nacional, afectaba barrios del Distrito, lo que obligaba al pago de peajes para cualquier ciudadano que tratara de salir o llegar a su casa o lugar de trabajo en su vehículo.
Muchos de los afectados -explica- viven cerca de la obra, y se ven obligados a varios pagos al día, pues salen de sus casas a los empleos y a mediodía regresan a almorzar. Y a las 2:00 p.m repiten la ruta de la jornada laboral. Es una imposición injusta contra la comunidad”.
Asegura que el bolsillo no aguanta más. “Cada vez que un usuario pasa en su vehículo paga $3.000, o sea que si trabaja, estudia o hace alguna gestión, le representa $12.000 diarios”.
El proyecto denominado Acceso Rápido a la Variante de Cartagena, se realizó entre 1998 y 2002, en las administraciones de los alcaldes Nicolás Curi y Carlos Díaz. “Esa obra debió financiarla el puerto o, los transportadores”, agrega.
Está vigente
La Concesión Vial de Cartagena respondió con su gerente René Osorio, que seguirá operando porque el contrato no ha terminado.
Dijo que según la supervisión financiera que Edurbe realiza al contrato de concesión, la TIR actual es del 16.85% por lo cual no se ha recuperado.
Asegura además que el concesionario carece de competencia constitucional y legal para suspender la ejecución del contrato de manera unilateral.
Para Osorio la solicitud de suspender los cobros no es procedente, pues dos decretos firmados por Dau el año pasado mediante los cuales mantuvo las tarifas para este 2021, en el que reconoció además la vigencia del acuerdo. “Al no haberse recuperado la inversión, sin que un fallo definitivo de autoridad diga lo contrario, este pacto sigue vigente y se debe respetar”, puntualiza.
Una medida mínima de distancia de 150 kilómetros sería una de las alternativas de solución que se han ofrecido desde el Congreso para poner fin a la polémica por el cobro de peajes en Cartagena.
El representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, Fabián Díaz, propuso además eliminar los peajes que se encuentren situados dentro de los municipios, como es el caso de Cartagena, o aquellos que se encuentren en vías de acceso a aeropuertos, como en Bucaramanga.
“Todo esto es un atraco. En estos peajes siempre los que se terminan beneficiando son las mismas mafias que saquean a nuestro país con la complicidad de políticos corruptos”, reclamó el congresista.
En su proyecto de ley Díaz propone también la creación de una tarifa de peajes más baja para el transporte de productos agropecuarios, buscando con ello beneficiar a campesinos.
El parlamento solicitó además a la Procuraduría acciones necesarias para suspender el cobro de los peajes internos en Cartagena, así como recuperar los $300.000 millones de daño patrimonial que reportó la Contraloría por irregularidades en los contratos de concesión de peajes.
