Barranquilla

Violencia acústica: ¿quién le baja el volumen a la música?

Habitantes de diferentes sectores de la ciudad reportan molestias debido a locales y vecinos que no moderan el sonido de sus amplificaciones. Hablan las autoridades  

A raíz del hecho registrado el anterior fin de semana en el que la coreógrafa y diseñadora barranquillera Rosanna Lignarolo denunció estar siendo afectada por el exceso de ruido de un establecimiento comercial cerca de su residencia, ubicada en el barrio Prado, de Barranquilla, EL HERALDO se trasladó hasta los alrededores de la carrera 8 y la carrera 21, sur de la capital del Atlántico, desde donde sus moradores reportaron también ser víctimas de violencia acústica en estas zonas que para ellos son de las “más ruidosas de la ciudad”.

¿Podría imaginarse vivir en medio del bullicio, de perder el sueño por las incesante vibraciones, de no poder ver televisión, o de tener que gritar para sostener una conversación con sus familiares?

Eso es lo que vive William Rebolledo, un residente del barrio La Alboraya, que aseguró ser víctima del estropicio desentendido de por lo menos 10 establecimientos que lo rodean, pues él vive en la carrera 8 con calle 44 hace 35 años.

“Esto nos está afectando hace unos 16 años. Nos molesta el exceso de volumen. En las horas de la madrugada hay riñas y nos perturban el sueño”.

Según Rebolledo, constantemente hablan de la problemática con las autoridades, y a pesar de que estas acuden a los llamados, desde los negocios “hacen caso omiso” y luego de que las unidades policiales se marchan “vuelven a subirle el volumen”.

Por su parte, Eduardo Niebles, habitante y presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Las Palmas, le contó a este medio que vive un “calvario” en su casa, ubicada en la calle 35A con carrera 8: “Esto aquí es invivible (…) son unos niveles de ruido que dicen que son 60 decibeles en la noche y 70 en el día, pero aquí hay exceso”, dijo.

El hombre aseguró además que los fines de semana “los vidrios trepidan” y que normalmente no los dejan dormir.

La comunidad pide mayor control del ruido. Gabriel Olivera

Sumado a lo anterior, mencionó que el exterior de su vivienda se ha convertido en un parqueadero, baño público y demás. “Aquí en la entrada de mi casa hacen deposiciones, se orinan, vomitan, me dejan los preservativos usados en la terraza (…) y no podemos hacer nada”.

Niebles finalizó enviando un mensaje a las autoridades a que “hagan cumplir la ley, que le pongan control al nivel de ruido”.

Panorama similar es el de una mujer que reside en calle 46 con carrera 21, del barrio San José, quien pidió reservar su identidad, y que manifestó sentir gran molestia por la “desconsideración” de los establecimientos aledaños a su vivienda. “Mi hija embarazada tuvo que mudarse porque no soportaba el ruido. Nos cansamos de luchar contra ellos, ojalá y puedan controlarlos porque vivir esto todas las semanas no es vida”.

Aspecto general del barrio La Alboraya. Gabriel Olivera
No es por ser costeño

El antropólogo e investigador social del Caribe y columnista de EL HERALDO, Weildler Guerra Curvelo, habló sobre este fenómeno y explicó que “la violencia acústica no está vinculada a una sociedad en específico, no es algo característico de los costeños exclusivamente”.

El conocedor señaló además que no solo se trata de picós. “Se puede encontrar barrios que se despiertan un sábado con una intensa actividad religiosa a través de grandes megáfonos(...)  esto va más allá del espacio del cual se emite, porque invade de manera inconsulta los espacios privados de los vecinos que pueden no estar interesados en participar de esas actividades”.

De acuerdo con Guerra Curvelo, muchas de las personas que ejercen la violencia acústica no creen estar agrediendo a nadie, debido a que olvidan que “no todos estamos interesados en escucharlos”.

El investigador apuntó de manera concisa que este tipo de conductas expresa un muy bajo sentido de la consideración por el otro, y que producto de ello se pueden generar tensiones sociales.

Finalmente, el experto consideró que una de las soluciones para mitigar ese fenómeno es la pedagogía ciudadana: “Es muy importante, tenemos que formar a ciudadanos respetuosos de la convivencia y la paz (…) lo otro son las normas, las autoridades ambientales son un punto clave”.

¿Se cumple la norma?

Según el artículo 9 de la Resolución 627 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo, sitios como bares tienen permitido para la emisión de ruido 70 decibeles en el día y 60 en la noche.

El director del Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde, Henry Cáceres Messino, destacó que “durante el 2021 atendimos unas 200 quejas por contaminación sonora, como consecuencia de esto realizamos la respectiva visita de inspección e imposición de obligaciones”.

El funcionario detalló en diálogo con este medio que antes de aplicar medidas realizan pedagogías: “La finalidad es que conozcan la normatividad vigente en materia de ruido, los decibeles permitidos en cada uno de ellos tal como lo establecen las normas al respecto. Al ver reincidencia lo que hacemos es el decomiso de amplificaciones”.

Asimismo, Cáceres Messino aseveró que “en lo que va del 2022 iniciamos unos operativos en el Centro donde nuevamente estamos recibiendo quejas. El llamado que hacemos es a la sana convivencia, estamos en un tema preocupante que es el covid, la gente quiere estar tranquila y la idea es tener controlado el tema del ruido (…) tenemos una línea para atender las quejas y es el WhatsApp 3173682850”, apuntó el director de Barranquilla Verde.

Por su parte, la Metropolitana de Barranquilla sostuvo que para atender requerimientos de violencia acústica la patrulla llega al lugar que genera molestia por su impacto auditivo, utiliza el medio denominado orden de Policía, definido en el artículo 150, y solicitan a la persona que baje el volumen en una primera ocasión.

“Si la unidad se retira y se restablece la convivencia no se impone orden de comparendo, pero si persiste la perturbación a la tranquilidad se expide orden de comparendo señalando multa y se realiza el proceso verbal inmediato para imponer la medida correctiva de disolución de reunión o actividad que involucre aglomeraciones de público no compleja. La medida dispuesta para este comportamiento es una multa tipo tres que equivale a 16 salarios mínimos diarios mensuales vigentes, es decir $608.064 pesos”.

La institución armada invitó a la ciudadanía a utilizar el número único de emergencias 123 para denunciar este tipo de hechos que afecten su tranquilidad y recordó el llamado a la tolerancia.

Gabriel Olivera
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