Insisten a SAE para que cumpla con el contrato
Gremios, concejales y senador se mostraron de acuerdo con la suspensión de la Procuraduría al presidente de la SAE. Conminaron a la Sociedad de Activos cumplir contrato con Distrito.
El caso Triple A y la Sociedad de Activos Especiales sigue generando ecos en los diferentes sectores del país, en especial Barranquilla y Atlántico. Esta vez, gremios, concejales y un senador se refirieron sobre la suspensión que hace la Procuraduría General de la Nación contra el presidente de la SAE, Daniel Rojas. De igual manera sobre cómo toda esta situación puede acarrear riesgos al funcionamiento y prestación de los servicios de esta empresa de acueducto, aseo y alcantarillado.
Efraín Cepeda Tarud, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, sostuvo que la Triple A necesita ser manejada con criterio técnico y con el conocimiento que ha acumulado el talento humano de la empresa y no la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la cual no tiene –según el dirigente gremial– ni la garantía ni experiencia en el manejo de organizaciones de este tipo.
“Estamos ante el ejercicio del poder central en contra de la autonomía que deben tener las regiones en el manejo de recursos tan vitales como el suministro de los servicios de agua potable, alcantarillado y aseo, que además se perpetró desconociendo derechos adquiridos por Barranquilla y arrebatándole un activo determinante para avanzar en el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y de 14 municipios del Atlántico”, señaló.
Calificó como arbitraria la decisión de la SAE de cambiar a los miembros de la Junta Directiva de la compañía de acueducto y que tal acción significa un riesgo en la ejecución del plan de inversiones y prestación de los servicios.
“Su decisión arbitraria genera un alto riesgo de deterioro de esa capacidad que se ha acumulado por años en cuanto a la operación actual de Triple A y destruye la confianza que tiene la banca en la compañía, indispensable para asegurar la financiación de su plan de inversiones, un tema urgente porque de ello depende la calidad en la prestación del servicio, que pueda atenderse el crecimiento inmobiliario e industrial del Atlántico y el desarrollo de su potencial turístico”, argumentó Cepeda.
Entretanto, el presidente del Concejo de Barranquilla, Leyton Barrios, sostuvo que la Procuraduría dentro de sus facultades puede suspender a cualquier funcionario público cuando evidencie circunstancias que permitan inferir que se vulnera el ordenamiento jurídico o se defraudará el patrimonio público.
“Como abogado siempre defenderé el estado social de derecho y sus instituciones. Si la Procuraduría decidió hacer uso de esa facultad de suspensión debió tener evidencias que le permitieron inferir transgresión al ordenamiento jurídico o detrimento patrimonial”, dijo.
Consideró además que la decisión del director de la SAE de no cumplir con las cláusulas de un contrato celebrado, y las posibles consecuencias negativas para los intereses del erario público, constituyen motivos suficientes para proferir dicha suspensión.
Por su parte, el concejal Juan Ospino reiteró en la necesidad de que el Gobierno nacional tome la mejor decisión frente al caso en favor de la colectividad y de los barranquilleros que se abastecen de los servicios públicos ofertados por Triple A.
“Las vías de hecho no son saludables, en un estado social derecho debemos dar ejemplo del cumplimiento de las normas y obligaciones de orden legal. Aquí hay un contrato vigente y todas las autoridades están llamadas a cumplirlo”, precisó Ospino.
Agregó que “ojalá que el diálogo fluido entre el Gobierno nacional y local se dé para que al final gane Barranquilla, que es la que requiere una empresa de servicios públicos sólida”.
El senador por el Partido Liberal, Mauricio Gómez, expresó su preocupación frente a las acciones de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) las cuales considera que pretenden “arrebatarle” a Barranquilla el manejo de Triple A.
“No se puede desconocer los pronunciamientos de Procuraduría y la Contraloría General de la Nación. La institucionalidad debe respetarse. Solicitamos a la SAE reconocer el contrato de K-yena (…) aquí no se pueden tomar decisiones por intereses políticos, debe primar decisiones técnicas, obrando siempre en el bienestar de los barranquilleros y de los atlanticenses que usan el servicio”, dijo Gómez
Indicó que el presidente de la SAE, Daniel Rojas, no puede extralimitarse en sus funciones y que debe ejercer con altura su cargo como funcionario público.
“Estas decisiones, indudablemente, generan graves externalidades negativas en la prestación de este servicio público esencial y vital en Barranquilla y el Atlántico. No podemos poner en riesgo las finanzas, la estabilidad de la empresa y mucho menos la salud pública de los más de 2.5 millones de usuarios a los que esta empresa le presta el servicio”, puntualizó
