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Barranquilla

Un bono: la última estrategia de Canal de Isabel II para recuperar Triple A

La empresa pública española ofrece 168 mil euros al abogado que logre que la sociedad barranquillera vuelva bajo su control, en el proceso internacional que se surte en el Ciadi del Banco Mundial

Canal de Isabel II está dispuesta a agotar todos los recursos para recuperar el control sobre la Triple A. Para ello su última estrategia es el ofrecimiento de una prima de 168 mil euros (182 mil dólares) que recibiría como premio el abogado que logre que la compañía pública española retome el control de la empresa de acueducto y alcantarillado de Barranquilla.

Esto en el marco del proceso que hace trámite en el Centro  Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el organismo del Banco Mundial dedicado al arreglo de diferencias sobre inversiones internacionales, en el que Canal de Isabel II, a través de su filial Extensia, denunció a Colombia con el visto bueno del gobierno español, en diciembre del año pasado, argumentando que sus inversiones en la empresa barranquillera fueron expropiadas ilegalmente por el Gobierno colombiano, al que señala de haber actuado “sin la más mínima transparencia y en violación de las garantías básicas del debido proceso”.

El propósito de Canal Extensia es tener de vuelta la titularidad de las acciones que poseía indirectamente (67,24 %) y directamente (1,16%) en Triple A a través de la sociedad colombiana Inassa, y que le fue expropiada bajo la figura de la extinción de dominio por la Fiscalía General de la Nación colombiana.

El proceso comenzó en 2018, cuando las autoridades judiciales de nuestro país congelaron las acciones de Inassa (Canal de Isabel II) en Triple A por el cobro de unas asesorías técnicas desde el año 2000 por valor de 62 millones de euros y que nunca se ejecutaron. Es en ese momento que ese paquete accionario queda en manos de la SAE.

Posteriormente en diciembre de 2021, el entonces presidente Iván Duque autoriza la venta de la SAE al Distrito de Barranquilla del 82 % de las acciones de la empresa de acueducto, a través de la entonces empresa Alumbrado Público (hoy K-yena). Sin embargo, con el cambio de gobierno, y ya con Gustavo Petro en la Presidencia, se frena la transacción, que finalmente terminó materializándose, con la intervención de la Procuraduría General de la Nación, el pasado 17 de febrero cuando la SAE transfirió formalmente la propiedad a K-yena.   

Frente a esta panorama, la firma pública española alista toda la batería legal en busca de lograr que el Ciadi falle a su favor para recuperar su presencia en la considerada “joya colombiana” de Canal Isabel II. Estipula el contrato legal de representación ante el organismo internacional que dirime el conflicto: “Los servicios objeto del presente contrato comprenden, aunque de manera no exclusiva, la realización de todas aquellas acciones legales necesarias para la debida defensa y representación de los derechos e intereses de Canal Extensia, S.A.U. en todo el curso del procedimiento de extinción de dominio que se ha presentado contra INASSA sobre las acciones que mantiene esta última en Triple A de Barranquilla, en todas las fases del proceso, incluyendo el ejercicio de recursos hasta las últimas instancias hasta la emisión de la sentencia definitivamente firme”, revela el diario español El País.

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