El Ministerio de Educación Nacional, a través de la resolución 013650 del 10 de diciembre de 2019, destituyó a seis de los ocho miembros de la Sala General de la Universidad Autónoma del Caribe.
Los removidos del cargo son Álvaro de Jesús Cervantes Sanjuanelo, Paul García Bisbal, Fredy Álvarez Martínez, Francisco Javier Gómez Miranda, Arnulfo Rafael Rico Camacho y María Cristina Vargas Cormane.
De acuerdo con el Ministerio, la decisión de excluir a Víctor Armenta del Gordo y a Gustavo Rodríguez Albor obedece a 'que cumplieron con lo ordenado por el Ministerio en el marco de lo ordenado en la vigilancia especial', facilitando que con su actuación se pudieran tomar medidas efectivas y oportunas por parte de la cartera de educación nacional.
La decisión del Ministerio sobre la destitución de miembros del órgano colegiado tiene relación con una medida de 'vigilancia especial'.
Lo anterior fue confirmado por la rectora María Victoria Mejía Orozco, quien aseguró que hay situaciones que no han sido superadas ni asumidas responsablemente por parte de los miembros de la Sala General.
'Eso es lo que básicamente motiva la decisión de la ministra, aunque yo aún no he sido comunicada oficialmente por parte del Ministerio', dijo Mejía Orozco.
La directiva cree que la decisión es un espaldarazo que le dan a la Universidad, a la institucionalidad, para continuar superando todas las causas 'que dieron origen a la crisis tan aguda por la que ha atravesado la Universidad'.
'Estamos a la espera de la designación de los nuevos miembros, la sabiduría de la ministra permitirá que sean personas de la más alta calidad académica', agregó la rectora.
No es un capricho
Por su parte el Ministerio en la resolución explicó que la determinación de reemplazo de los directivos no responde a 'un capricho o arbitrariedad', sino a las probadas circunstancias de incumplimiento de las condiciones administrativas y financieras dadas a los directivos, a través de comunicaciones enviadas por la Dirección de Calidad Para la Educación Superior. Condiciones que, según el documento, no fueron desatendidas, pero que han dificultado la adopción de medidas adicionales, en el marco de las acciones de inspección y vigilancia.
La resolución también señala que el objetivo es darle tiempo a la universidad para que en el marco de su autonomía solucione la situación que afronta, 'la cual no ha sido superada, sino que tiende a agravarse, en términos de inviabilidad financiera'. Además busca que este tipo de acciones se superen y no se vuelvan a generar.
El documento aclara que los nombres de los reemplazos serán comunicados posteriormente a la institución, así como la fecha de su posesión en el cargo.
'El Ministerio podrá adoptar posteriormente nuevas medidas dentro de las establecidas legalmente, o dar por terminada esta medida dependiendo del cumplimiento del propósito (…) y en general de la evolución de la situación en la institución', indica el documento.
Según la plataforma web de la Uniautónoma, la Sala General es el órgano máximo de dirección de la Universidad y es a quien le corresponde asegurar la consecución de los fines para los cuales se fundó la Autónoma del Caribe: velar por la estabilidad desarrollo y progreso y exigir el fiel cumplimiento de los estatutos.
