Las concentraciones en Barranquilla han sido programadas y coordinadas por sindicalistas, gremios, asociaciones, federaciones y gente del común, entre otros, y han contado con un servicio de vigilancia especial por parte de la institución armada que no solo consta de un numeroso grupo de uniformados, sino también con la tecnología drónica.

Gracias a los videos grabados por los drones desde el aire en tiempo real y que se reproducen en el Puesto de Mando Unificado, los mandos de la institución analizaron que cuando las manifestaciones son multitudinarias, de más de 400 personas, por ejemplo, los actos vandálicos son menos.

“Hemos llegado a tener 1.500 personas reunidas y ahí no pasa nada. Y si ellos (los vándalos) están ahí metidos, infiltrados, los manifestantes pacíficos no les permiten hacer nada. Tenemos muchas imágenes y eso lo ha visto la misma ciudadanía, que en buena parte de las marchas y las concentraciones alguien ha querido hacer algo y los mismos manifestantes han frenado esa acción”, expresó el general Diego Hernán Rosero, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.  

Sin embargo, a medida que el tiempo y el cansancio se convierten en una especie de colador y los manifestantes pacíficos comienzan a irse de los puntos de concentración, van quedando relegados los miembros de las “células anarquistas”, como las califica la Policía.

“Son estos últimos, que en ocasiones han llegado a ser unos 150, quienes empiezan con las acciones delictivas. Esa minoría que busca esa marcha como un vehículo para ellos moverse allí y cuando tengan la oportunidad, iniciar el caos”, expresó el oficial.

El general también precisó que gracias a las investigaciones que se han desarrollado a raíz de los desmanes, se ha corroborado la información de que no habría grupos terroristas infiltrando las marchas.

“No tenemos detectadas células terroristas, no las tenemos en la ciudad. Tenemos grupos de muchachos que no dan el paso para llegar a células terroristas. Es decir, aquí nosotros no observamos las papas bomba, por ejemplo, fabricaron bombas incendiarias, pero no les funcionaron porque no las saben hacer porque son muchachos que no son terroristas, sino de células anarquistas”, aseveró el oficial.

Estos grupos, según la institución, no tienen la capacidad de producir artefactos explosivos de alto poder o de portar armas de fuego. El poder bélico de estas personas es reducido; sin embargo, el ímpetu de la filosofía anti establecimiento los lleva a generar caos de la forma en la que puedan, de acuerdo con la Policía.

Una fuente de inteligencia de la Policía explicó a este medio que los grupos de personas “adeptas de los desórdenes” se organizan a través de redes sociales como WhatsApp y Telegram, pero que su planificación, por lo general, depende de la información que tengan sobre la preparación de las manifestaciones pacíficas.

“Hemos notado dos cosas: lo primero es que estas personas son muy dispersas, es decir, se reúnen muy pocas veces, lo hacen más que todo cuando hay contextos como la protesta social. Esto los hace desordenados en su forma de actuar. Lo otro es que actúan improvisadamente. Por ejemplo, si escuchan en medios de comunicación que hay una protesta o una manifestación el martes, entonces el lunes tratan de convocar a sus miembros en un grupo de WhatsApp donde empiezan a coordinar lo que tienen pensado hacer”, explicó el investigador.

Cuando deciden actuar, estas personas son “erráticas”, según el funcionario, pues tienen un plan que deben cambiar en cualquier momento ya sea por la presencia policial, si algún manifestante pacífico les impide moverse o simplemente si encuentran un objetivo que consideran adecuado.

“La mayoría de las veces no tienen ni idea de qué es lo que harán. En las manifestaciones, cuando se reúnen, es que empiezan a planificar. Arman bombas incendiarias, como sucedió el miércoles y que quedó registrado en video desde un dron y a través de redes sociales porque uno de ellos mismos se atrevió a hacer transmisiones en Instagram donde mostraba todo lo que hacían”, precisó el policía, quien agregó que todos los videos hacen parte de las pistas y pruebas que tienen para identificar y judicializar a los responsables en el caso de ser necesario.

Luego de armarse, los vándalos buscan sus objetivos. En este caso, lo que más se vio perjudicado fue el sector comercio, pues varios locales fueron atacados y saqueados.

Uno de los lugares afectados fue un Spa en la calle 79. Uno de sus trabajadores le dijo a este medio que analizó que los vándalos estaban divididos en tres grupos: unos lanzaron las piedras que partieron los vidrios del local, otros entraron y sacaron elementos y los demás se quedaron de ‘campaneros’ por si llegaba la Policía.

Por su parte, Catalina Jaramillo, trabajadora de un almacén de artículos para el hogar y electrodomésticos, afirmó que quienes vandalizaron este negocio no tenían intención de robar, sino de destruir.

“Todo lo que vieron lo destrozaron. Hasta el mismo vigilante nos dijo que a medida que se los iban llevando, los iban reventando. También se llevaron siete computadores, las cafeteras, licuadoras que destruyeron en las calles”, aseguró.

La fuente de inteligencia corroboró estas dos versiones y afirmó que lo que ocurrió en el local de la mujer “es una muestra más de lo anarquistas que son y demuestra que no son terroristas ni tienen una mentalidad delincuencial que vaya más allá de causar daños”.

También precisó que en el caso del primer negocio se evidencia la llamada “primera línea”. Se trata de un grupo que se queda a enfrentar a la Policía, sea el Esmad o los miembros de la vigilancia dispuestos para el monitoreo de las manifestaciones.

“Ellos colocan a esas personas que conforman la primera línea. Son ellos los que tratan de evitar que la autoridad intervenga cuando se está presentando un saqueo, por ejemplo. Utilizan escudos improvisados y se arman con cualquier objeto contundente o bombas incendiarias para atacar a los policías”, explicó el investigador.

Las personas que protestan en forma pacífica rechazan los actos vandálicos. Es el caso de Jorge Núñez, un estudiante universitario y veedor de derechos humanos, quien aseguró que los que cometen estos hechos, en su mayoría, no son estudiantes.

“La marcha comienza de la mejor manera con estudiantes conocidos y cuando se acerca la noche, un gran número de estudiantes se va yendo a sus casas, con eso no quiero decir que los que se quedan no son estudiantes, sino que la mayoría se va retirando y queda un pequeño grupo. De ese pequeño grupo, yo mismo he escuchado que esas personas vienen a cometer actos vandálicos, porque ellos mismos dicen”, aseveró Núñez. Por su parte, Jesús Ávila Terán, presidente de Adea, explicó que “nosotros después de analizar las situaciones tenemos claro que a todas estas marchas se están introduciendo personas que realmente no tienen ningún objetivo común respecto a los movimientos que estamos buscando para el pueblo. Son personas que están aprovechando los momentos finales o posteriores a las marchas para hacer de las suyas y realizar actos que sí son provechosos para ellos”.

Misma posición comparte José Ignacio Jiménez, presidente de Adeba, quien indicó que “no hemos compartido nada que tenga que ver con la violencia, pero sí es una gran responsabilidad de la Policía Nacional porque muchas veces en esos actos que se han cometido, ha sido ocasionados por las autoridades cuando han provocado a estos jóvenes que hoy se están levantando en contra de un Estado que tiene abandonado a un pueblo”.

Todas las acciones de las autoridades y, por supuesto, el desarrollo de las marchas, son monitoreados desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), localizado en el Comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

En él participan defensores de derechos humanos, representantes de la Personería, la Defensoría del Pueblo, representantes de la Alcaldía y la Gobernación. Ellos conocen de primera mano, a través de las telecomunicaciones y las transmisiones en video, todo lo que sucede en las calles.

A los funcionarios se les explica qué pasa y la forma cómo actuará, por ejemplo, el Esmad, para que se garantice “la pulcritud operacional”, de acuerdo con lo manifestado por el general Diego Rosero, refiriéndose al cumplimiento de todos los protocolos para la intervención policial y el respeto a los derechos humanos.