El Heraldo
El Grupo Aeroportuario del Caribe pretende terminar la concesión del aeropuerto Ernesto Cortissoz. Archivo
Barranquilla

“No hay justificación para demanda del Cortissoz”: Andje

El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, afirmó que la Nación tiene una posición sólida en este caso con pruebas y argumentos.

La posición del Estado colombiano frente a la demanda contra la Nación que presentó el Grupo Aeroportuario del Caribe por el caso del aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla es muy sólida y  el contratista tendrá que cumplir con la concesión, aseguró el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), Camilo Gómez Alzate.

Con esta demanda por $700 mil millones, el Grupo Aeroportuario busca dar por terminado el contrato de concesión del aeropuerto Ernesto Cortissoz por “imposibilidad de ejecución por causa de la pandemia” y pretende obtener los recursos de equilibrio económico contractual.

Gómez Alzate afirmó que los problemas con el concesionario del Cortissoz se venían presentando desde antes de la llegada de la pandemia y que no se trata de un incumplimiento originado en esta crisis.

“Este es un proceso que apenas está comenzando y tengo mucha confianza en la posición del Estado en este caso. Los barranquilleros han padecido los efectos de esta situación y ojalá se logre solucionar”, señaló el funcionario en entrevista con EL HERALDO.

Indicó que el Estado plantea que el contratista tiene que cumplir y la concesión se tiene que desarrollar.

“No creemos que haya justificación, la pandemia la sufrieron todos los aeropuertos del Colombia, no solo el de Barranquilla, y el Gobierno tomó las medidas suficientes”, agregó.

Dijo que una muestra de que estas medidas fueron apropiadas es que el sector aeroportuario y el transporte aéreo del país se están recuperando.

“Creemos que en este caso el Estado cuenta con todos los argumentos y las pruebas”, indicó.

Destacó que con el Ministerio de Transporte y sus dependencias se realizaron mesas de trabajo con los contratistas de varios proyectos del sector y se resolvieron muchos temas que se presentaron con la llegada de la pandemia evitando procesos jurídicos.

El Puente Pumarejo

Sobre la demanda de la constructora Sacyr contra el Instituto Nacional de Vías (Invías) por $135 mil millones para reclamar el pago de presuntos costos adicionales generados en el desarrollo de las obras del nuevo puente Pumarejo, dijo que se trata de un arbitraje sobre los diseños de la obra.

“Ya se contestó la última reforma a la demanda el pasado 20 de octubre y ahora viene una etapa probatoria, luego las audiencias y posteriormente el laudo”, explicó.

Destacó que en este caso el tema clave es la ingeniería frente al argumento jurídico, lo que implica un trabajo técnico.

Casos en proceso

El funcionario detalló que hay cuatro casos notorios de demandas contra el Estado que están en proceso.

Uno de ellos es el de Telefónica contra Colombia por USD627 millones y el del páramo de Santurbán con Eco oro, que ya tuvo un laudo parcial que indicó que Colombia no es responsable por expropiación y que puede prohibir la minería en los páramos. Hay otros dos de minería en la Costa Caribe que son Cerrejón y South 26 (Cerromatoso).

“Se firmó un convenio con la Corte Suprema de Justicia, para lograr intercambio de información y experiencias”, dice el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que piensa extender a alcaldías, gobernaciones y municipios que necesiten soporte jurídico. Buscan llevar la Agencia a los territorios.

“Tenemos la responsabilidad de preservar nuestro patrimonio cultural”

“Colombia tiene una riqueza cultural, que no puede dejarse sin protección”, comentó Camilo Gómez sobre el reciente lineamiento de  protección cultural que publicó el Gobierno nacional y que fue elaborado por la Andje.

Dicho documento, según Gómez, recoge “diferentes normas constitucionales, en tratados internacionales ratificados por Colombia y en un amplio desarrollo legal sobre la obligación de protección de los bienes de interés cultural”.

En el documento se desarrollan los mecanismos legales de protección de los bienes y los de orden sustancial que contempla el ordenamiento judicial para la protección de los BIC y que deben utilizar las entidades estatales cuando les corresponda defenderlos.

Aunque asegura no es específico sobre las protestas, aclara que “el derecho a la protesta está consagrado y protegido, pero eso no da derecho a dañar el patrimonio cultural; por el contrario, este es un bien que está por encima incluso del derecho a la protesta porque es la historia, la cultura”, dijo Camilo Gómez en conversación con EL HERALDO.  

Garantía | Colombia sí cumple

En medio de la conversación, el funcionario manifestó que “todos los tribunales internaciones han dicho que Colombia es un país que respeta las normas, el debido proceso y es serio en materia de regulación”, por lo que, según el abogado, el mensaje de los laudos arbitrales es que “Colombia cumple con las obligaciones internacionales, las obligaciones internacionales y los inversionistas pueden estar tranquilos”.

Agregó que se han logrado instrumentos de estabilidad jurídica, por ejemplo, el avanzar en la reforma del Código Contencioso Administrativo, en lo que se llama sentencia de unificación.

“Este logro es significativo, ya la agencia puede solicitar que se unifique una jurisprudencia, eso es reglas claras”.  

En Colombia hay 329.373 procesos judiciales activos, según la agencia de defensa estatal

El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, Camilo Gómez, reveló que a corte de septiembre de 2021 había un total de 329.373 procesos judiciales internacionales y nacionales activos.

Según Gómez, la cifra demuestra que “aquí en Colombia, por muchos años, tomaron como deporte nacional el demandar al Estado. Porque era relativamente muy fácil ganar los pleitos”.

Además, señaló que estos casos activos ascienden a $455 billones, incluidos los procesos en los que el país es demandante. Destacó un ahorro de $57,4 billones, incluyendo gastos en la defensa, entre 2018 y 2021.

El jurista discriminó con detalle cuáles son las entidades en donde están las mayores proporciones de las demandas: Colpensiones, según los datos suministrados a este medio, lidera la lista con 108.813 casos, lo cual presenta 33 % del total. Sigue Fomag, con 9,9 % del total y 32.602 casos; la Rama Judicial (7,7 %) y el Ministerio de Defensa Nacional (7,1 %), con 25.359 y 23.488 procesos, respectivamente.

La Agencia, durante estos diez años, destacó el funcionario, le ha ahorrado al país cerca de $114,7 billones, incrementando además la tasa de éxito de 42,9 % en el año 2018, al 51,3 % en 2021.

Ante la ausencia de un equipo especializado en la prevención de los pleitos, Gómez indicó que vienen trabajando en una política de asesorías a las autoridades locales.

“La mejor pelea es la que se evita, estamos convencidos de que con la prevención le estamos ahorrando billones al Estado”.

En 2021 se registraron 329.373 procesos judiciales activos en contra de la Nación. Esta cifra refleja una reducción del 1,1 % en los procesos frente al cierre del año 2020.

Gómez señaló que vienen trabajando en una política de prevención en la que se ha hecho un énfasis en la asesoría de los municipios para que así de esa forma, exista un apoyo institucional y se logren llegar a acuerdos previo a las demandas.

A corte del mes de septiembre, en el país, hay 80 procesos de arbitramentos por un monto total de $4,2 billones de pesos que, en su mayoría, están concentrados en el sector transporte.  

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