Extorsión y congestión de juzgados marcaron el debate sobre seguridad
Minjusticia y legisladores recogieron las propuestas de los mandatarios locales del Atlántico para fijar una ruta que permita resolver la situación de inseguridad en el departamento.
Barranquilla fue este jueves epicentro de la primera sesión descentralizada de la comisión segunda de la Cámara de Representantes que atiende, entre otros asuntos, la defensa nacional y el orden público.
Precisamente, fue el tema de la inseguridad en el Atlántico la que hizo que esa célula legislativa pusiera su mirada en el departamento, lo cual fue respaldado por varios senadores, el Ministerio de Justicia, de Defensa, miembros de la fuerza pública, autoridades locales y gremios.
Varios de los temas tratados con carácter de “urgencia” estuvieron relacionados con la circulación de armas ilegales, el déficit de jueces, falta de presencia de uniformados, extorsiones y la posibilidad de implementar aspectos de la justicia restaurativa.
Durante el evento, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, expuso su preocupación ante la falta de jueces que hay en la ciudad, pues aseguró que cada uno de los actuales maneja en promedio 1000 casos. “¿Quién atiende una condena efectiva con 1000 casos por juez” se preguntó el mandatario, quien argumentó que los togados en la ciudad “no están dando abasto”.
Sobre este tema, la gobernadora Elsa Noguera comentó que “no hay nada que genere más inseguridad y violencia que la impunidad y desafortunadamente en el Atlántico fuimos los últimos en ingresar al Spoa ¿Eso qué quiere decir? Que ya no nos quedó oferta judicial, empezaron por las ciudades que más problemas tenían, como es lo más lógico, pero hoy cuando nos comparamos con el resto del país vemos que hay un desequilibrio en la oferta judicial. Nuestros despachos judiciales no dan abasto. Así es más difícil combatir el crimen organizado”.
Ante ese déficit, David Racero, presidente de la Cámara de Representantes, se comprometió que desde el Gobierno nacional se trabajará para que haya más recursos a la rama judicial que permitan aumentar la planta de jueces en el departamento. “Esperamos pasar de 4500 a 7000 en todo el país. Con eso se permitirá más acceso a la justicia y que los procesos sean más rápido y evitar la reincidencia”, dijo.
Por otro lado, Racero indicó que la criminalidad es un problema de escala nacional y que “lastimosamente” Colombia “se ha vuelto un país experto en desmovilizar un grupo para que otro se arme”.
“Lastimosamente somos un país en el cual somos expertos en enviar a la cárcel o dar de baja a ciertos cabecillas para que los mandos medios terminen ocupando sus lugares, somos un país experto en desmovilizar para que otros se armen, algo ocurre, que no hemos podido terminar”.
El tema de las extorsiones fue uno de los puntos que expuso Orlando Jiménez, vicepresidente de Undeco, como representante de los gremios. En su intervención señaló que este flagelo lleva azotándolos desde “hace varios años”, por lo que piden que “esa presión que se siente en los barrios de la ciudad desaparezca de una vez por todas”.
En esa misma línea, la gobernadora Elsa Noguera indicó que “no es posible que desde las cárceles del país los cabecillas de las estructuras criminales continúen delinquiendo”.
Ante este esta preocupación, la presidenta de la comisión segunda en la Cámara, Juana Carolina Londoño, manifestó que en la discusión del Presupuesto General de la Nación se pedirá un aumento del rubro para reforzar las herramientas tecnológicas en los centros penitenciarios “que permitan combatir este delito” que en la mayoría de los casos reportados se originan desde las cárceles.
“Un billón 200 mil millones de pesos de adición presupuestal para el año 2023 con destino a creación de nuevos juzgados en el país anunció en Barranquilla el ministro de Justicia Néstor Osuna”, según destacó la representante Londoño.
Durante su intervención, el alcalde Jaime Pumarejo, propuso priorizar el juzgamiento de delitos que ocurran de forma violenta y con armas de fuego.
“Esta priorización no rige con idea del gobierno de descongestionar las cárceles, no rige con despenalizar algunos delitos. La propuesta nuestra es priorizar esos delitos que ocurren con violencia con arma de fuego. Cualquier persona que tenga un arma de manera ilegal debe ser procesado”, dijo el alcalde en su intervención, quien señaló que esa puede ser una propuesta piloto que salga desde Barranquilla.
El mandatario precisó que lo anterior da pie para la creación de juzgados especializados o juzgados que se dediquen a atacar solo los delitos violentos. “Si podemos generar juzgados de descongestión sería importante”.
En los municipios. El alcalde Rumenigge Monsalve solicitó apoyo para la implementación de herramientas tecnológicas, de infraestructura y capital humano para fortalecer la seguridad en Malambo.
En su participación, el mandatario detalló una propuesta enfocada en la implementación e instalación de un centro de monitoreo con cámaras de alta tecnología, el incremento del pie de fuerza y parque automotor de la Policía Nacional, la construcción de nuevos CAI, mayor presencia del CTI, implementación de políticas que incrementen la creación de centros transitorios de detención y reclusión de los capturados en el municipio y la creación de una Casa de Justicia.
“Con la gobernadora y los alcaldes estamos haciendo mesas de trabajo para que no solamente se aumente el pie de fuerza, estamos invirtiendo los recursos para construir los CAI y queremos apoyar a nuestro Ejército Nacional, Fuerza Aérea, Armada y mejorar el parque automotor”, precisó.
Por su parte Gregorio Brito, alcalde de Candelaria, indicó que en el sur del departamento la situación de inseguridad también los está “agobiando” y aseguró que muchos de los recursos que tiene presupuestados son usados para “contener situaciones relacionadas con la inseguridad”.
Conclusiones. En su intervención, el ministro de Justicia, Néstor Osuna señaló que otra de las salidas a la crisis de inseguridad estaría en aplicar el modelo de justicia restaurativa.
“Este tipo de justicia implica un cierto cambio cultural. Nuestra sociedad piensa que a toda conducta delictiva le corresponde un castigo de cárcel, y esa forma no repara a las víctimas”, indicó el ministro.
Este mecanismo jurídico, según el ministro, “es progresiva” en cuanto la sociedad lo vaya permitiendo.
“Uno no puede hacer unos cambios al sistema penal en contra de la sociedad, pero si la sociedad lo asume como algo inviable, como algo ridículo, como algo que no repara, entonces no lo logramos”.
El ministro aseguró que la seguridad no quiere decir necesariamente sistema penal. “Tenemos que diseñar una política de muy largo aliento para disminuir la criminalidad, pero es una postura genérica que guiará este Gobierno”.
“No vamos a construir más cárceles, eso no quiere decir que las que están en construcción no se van a terminar de construir”, aseguró Osuna.
Por su parte, el representante citante de la comisión descentralizada, Gersel Pérez, señaló que al término de un año se realizará una nueva audiencia con el objetivo de hacer una revisión al cumplimiento de los compromisos que adquirió el Ejecutivo en la jornada.
“El Ministerio de Defensa deberá revisar lo que viene pasando año tras año en la disminución del pie de fuerza de la Policía en Barranquilla y el área metropolitana que gradualmente pierde 70 hombres por año, por lo que se debe revisar y ajustar”, dijo el congresista.
Pérez anticipó que en los próximos días se citará al ministro del Interior, Alfonso Prada, con el objetivo “de revisar lo que viene pasando con los ‘Sacúdete’ que habían firmado los alcaldes de los municipios del Atlántico”.
Al término de la sesión, el alcalde Jaime Pumarejo celebró que el ministro de Justicia, Néstor Osuna, acogiera su propuesta de una “Barranquilla sin armas”.
Con esta iniciativa del mandatario se busca combatir “a quien porta las armas ilegales y utiliza la violencia para amedrentar, extorsionar y robar. Es por eso que queremos priorizar el delito de la tenencia y porte ilegal de armas”.
