Fiscalía citará a conciliación a implicados en caso La Ría
Medida de aseguramiento para uno de los señalados. Dos fiscales adelantan la investigación.
Luego de que el abogado Alfonso Camerano, representante de la pediatra Dalila Peñaranda y la señora Carmen Pérez, denunciara una supuesta “manipulación” del proceso por parte de la Fiscalía, el ente investigador se pronunció y explicó cómo va la investigación judicial que se adelanta por la agresión de la que fueron víctimas las dos mujeres y un patrullero de la Policía.
En comunicación con EL HERALDO, la Fiscalía precisó que dos fiscales fueron designados para adelantar la investigación correspondiente y que se ha avanzado en el proceso judicial. Uno de ellos se encarga del caso de lesiones personales dolosas contra las dos mujeres, y el otro, del proceso por violencia contra servidor público del que fue víctima el patrullero de la Policía.
Es precisamente esto lo que preocupa al abogado Camerano, quien afirmó en conversación telefónica con este medio que hubo “una ruptura de la unidad procesal” y que por el caso de violencia contra servidor público debían estar procesados todos los implicados en la agresión contra sus dos apoderadas y no solamente el señor Assad Baraque Morales, como en efecto ocurrió.
En el documento enviado por la Fiscalía, el ente precisó que por la agresión contra el policía Baraque Morales fue llevado a audiencia de formulación de imputación y un juez con funciones de control de garantías los cobijó con medida de aseguramiento no privativa de la libertad.
“El señor quedó libre prácticamente y además, las demás personas vinculadas en la agresión contra la señora Dalila y la señora Carmen se zafaron de ese delito que es el que podría llevarlos a la cárcel”, expresó Camerano, refiriéndose a Jalim Rebaje, Martín Parra y Fanny Franco, a quienes investigan por el delito de lesiones personales dolosas.
Actualmente, la Fiscalía espera que la pediatra y la señora Carmen Pérez regresen a Medicina Legal para hacerse una nueva valoración médica que determine la incapacidad definitiva.
“En el caso de la señora Dalila Peñaranda el informe pericial arrojó como resultado 25 días de incapacidad médico legal provisionales los cuales vencen el 1 de octubre próximo. En el caso de la señora Carmen Elena Pérez Monterrosa la incapacidad definitiva fue de 15 días. En este último caso, durante la semana que inicia se definirá el día en que deberá cumplirse la conciliación que dispone la ley”, explicó el ente investigador y añadió que “la referida conciliación únicamente se puede realizar cuando se cuenta con la incapacidad definitiva expedida por la autoridad competente, esta es la que permite establecer el tipo de delito en que se pudo haber incurrido (conducta punible) y que está siendo objeto de investigación”.
Respecto a la doctora Peñaranda, la Fiscalía dijo que “agotado este paso (la valoración de Medicina Legal) la Fiscalía citará la conciliación, o en su defecto iniciará la acción penal correspondiente” contra los implicados.
Frente a esto, Camerano afirmó que sus defendidas están dispuestas a conciliar. “Si hay un llamado a conciliar lo tratamos, no tenemos inconveniente, pero no queremos que se burlen de ellas. Queremos que las indemnicen. Ante lo que hizo la Fiscalía de solo imputarle violencia contra servidor público a Assad Baraque, nosotros quedamos ‘como dos de queso’”, expresó el jurista.
Todo este embrollo judicial se desprendió de la agresión de la que fueron víctimas la pediatra, su empleada y el patrullero de la Policía, Alexander Acosta Gutiérrez, el pasado viernes 4 de septiembre cuando Dalila Peñaranda fue hasta el apartamento del edificio La Ría donde se llevaba a cabo una fiesta.
Llegó acompañada del patrullero para pedir que bajaran el volumen de la música, pero todo se salió de control y terminó siendo agredida por varias personas, a pesar de que el uniformado y un vigilante del edificio intentaron evitarlo.
Desde entonces, a los anfitriones de la fiesta los hicieron mudarse del edificio luego de que se les cancelara el contrato de arrendamiento. También empezó el proceso judicial contra Jalim Rebaje, Martín Parra y Fanny Franco y Assad Baraque, siendo este último el único a quien se le ha llevado ante un juez. A todos los sancionaron con multas establecidas en el Código Nacional de Policía.
