
Alud de críticas por IVA de 18% a periódicos, libros y textos escolares
Gremios, empresas, editores, escritores y docentes coinciden en que el impuesto desestimularía la cadena, lo que impactará la educación y el bolsillo del consumidor.
Amenaza a la industria de impresión, un retroceso del gobierno, golpe al poder de compra, a la democratización y el acceso a los textos, promoción a la piratería, a lo de segunda y más uso de la fotocopia son algunas de las consecuencias en que coinciden los actores de la cadena del negocio del papel y el libro si el gobierno grava con el IVA a esta materia prima y este producto.
El papel representa la mitad de los costos de producción de la industria, afirma María Alejandra Solano, directora de investigaciones económicas de la Industria de la Comunicación Gráfica Colombiana (Andigraf). El impacto negativo de aprobarse el tributo al papel, agrega Solano, puede reducir la dinámica industrial empresarial hasta en un 27%, afectando incluso el precio de los reciclados, las cajas, el embalaje y los corrugados.
Esta es una industria cuyas exportaciones de producto final se han incrementado en 10% comparando agosto de 2017 y el mismo mes de 2018. “Las implicaciones de imponer IVA al papel se podrían ver reflejadas en estrategias desleales de competencia de precios afectando cupos de materias primas, márgenes de utilidad reflejados en un menor consumo en productos de calidad y un incremento de la informalidad, y contrabando, que hoy en día aquejan al sector significativamente”, dijo Solano.
Estos costos se trasladarían al cliente en incrementos en el precio del producto final de hasta un 14% dependiendo del segmento, afirma Solano. “Con el impuesto del IVA al papel en Colombia, en caso que se apruebe dicho proyecto de ley, se verían afectados todos nuestros segmentos de libros, publicaciones periódicas, empaques de papel y cartón, material publicitario y artículos escolares y de oficina, principalmente”.
Las empresas editoriales de libros didácticos, que se ofrecen en instituciones educativas, y las publicaciones, que corresponde a los de interés general, científico, técnico y religioso, mostraron su desacuerdo con la propuesta.
Néstor Estor Gil, director general de Enlinea Editorial, indicó que su público, padres de familia de bajos ingresos, sentirían el aumento. En 2018, esta empresa ofreció a colegios del país libros de matemática, sociales, castellano y naturales a un costo promedio de $80.000. Si se aplica el porcentaje del 18% en 2019, podría costar en promedio $94.400.
Unas cifras
Estor Gil dice que imprimen 160.000 ejemplares al año que ofrecen al mercado educativo, y estos dependen de los pedidos que, si es en un volumen alto, pueden demorar hasta dos meses su proceso de acabado.
De acuerdo con los registros ISBN y la Cámara Colombiana del Libro, en Colombia la producción de libros cayó en 2017 con una variación de -1,16% con respecto a 2016. La variación de 2016, comparado con 2015 alcanzó el 11,8%.
“Es una gran amenaza para el sector. Para los sectores de bajos ingresos, que se educan con la adquisición de libros y mermaría su avance. No estamos de acuerdo, porque incrementaría los costos y nos alejaría de ese público de bajos ingresos al cual nos dirigimos”, dijo Estor Gil
Entre el 2015 y 2017, la producción de textos didácticos alcanzó la cifra de más de 10 millones en Colombia (ver recuadro) y solo fue superado el año pasado por los de interés general que superó los 11 millones.
Si se aprueba el tributo, agrega Alfonso Ávila, representante de Santa Bárbara Editores, se abrirá una “puerta” a que la ilegalidad y la piratería de los libros, así como el fotocopiado de los mismos “se crezca nuevamente”.
“Este gravamen vendría a fortalecer la industria digital, que es lo al final le conviene al Gobierno, para sacar adelante la llamada economía naranja. Los portales especializados en ventas de libros, como Amazon y Ibook serían los grandes ganadores, porque los productos que allí ofrecen ya traerían el precio condensado, además de aquellos que generan contenido”, dijo Ávila.
Jael Gómez, editora Norma, afirmó que, si el Gobierno quiere fortalecer la formación de lectores, su propuesta del IVA contradice su discurso de fomentar la lectura.
“La producción de libros se desestimulará, como también la de la lectura, la de los autores y la de los colombianos. La cultura y la educación también recibirán el efecto con la producción de textos escolares. Es una manera de golpear la democratización y el acceso al libro”, dijo.
“Hay un retroceso”
Marly Solano Aldana, gerente de Collage Editores, editorial independiente de Barranquilla, califica de “inoportuno” la iniciativa tributaria y dice que, si el gobierno hace énfasis en que los niños lean más, que los colegios puedan adquirir más libros, “hay un retroceso si se grava el papel y los libros”.
Con un dólar promedio a $3.100, explica Solano, exige que el proceso de la edición de un libro mantenga su porcentaje para los editores y el escritor. Esto incluye los costos para el corrector, el diagramador, la portada y la corrección.
Un libro de autor de 150 páginas puede ponerse en el mercado a un precio de $40.000 y con un impuesto del IVA del 18% puede llegar a los $76.000.
Solano Aldana recuerda que hasta el 2010, editoriales pequeñas en Barranquilla imprimían en promedio entre 1.000 y 2.000 ejemplares de un autor. “Ahora los tirajes son entre 200 y 300 que dependen de los pedidos y la demanda. Son tirajes cortos que salen más costosos. Si es así de difícil la venta sin IVA, cómo será con el impuesto”.
La lecturabilidad
Según cifras del DANE de 2018, el número de libros leídos al año por los colombianos es de 5,1, mientras que el de la población total (que incluye los no lectores) es de 2,7 libros al año. Frente a este panorama, Emiro Aristizábal, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro, aseguró que con un IVA del 18% muchas personas van a restringir la compra de libros, tanto de textos escolares como de interés general.
Para el escritor y periodista cartagenero, Orlando Echeverri Benedetti, esta medida parece “un impuesto correctivo”, es decir, un impuesto cuyo fin es “desestimular o disuadir el consumo de determinado producto”.
“Colombia necesita desesperadamente cultivar su pensamiento crítico, y para esto el acceso a los libros es fundamental. La perspectiva de este gravamen, en fin, sirve al menos para asomarse a la verdadera idea que Duque tiene de “economía naranja”, donde supuestamente los bienes culturales, se constituyen como los generadores de riqueza de un país”, dijo Echeverri.
Ricardo Silva Romero, escritor, periodista y columnista del diario El País de España, considera que el impuesto al sector sería “una forma de censura”.
“Creo que la sola discusión, sumada a la nueva persecución a las regalías por derechos de autor, prueba que ni siquiera nos interesa que surja la tal economía naranja”, expresa Silva Romero.
El librero José Blanco, dedicado a la profesión por más de 30 años asegura que el gravamen “terminaría de hundir” al sector.
Blanco, de 67 años, sostiene que “hay escuelas que piden hasta tres libros y los papás vienen acá y solo compran uno, con ese impuesto no van a adquirir ninguno y nosotros estaremos condenados a cerrar nuestras puertas”.
El rector de la Institución educativa Alexánder Von Humboldt de Barranquilla, José Henao, señaló que la medida afectaría “en gran medida” al sector educación del país, debido a que son muchos los padres que hacen un esfuerzo por adquirir los libros para que sus hijos puedan asistir a las escuelas.
“En algunos casos los profesores, sobre todo del sector público, deben esperar hasta un semestre para que se puedan tener todos los implementos escolares. Sí la reforma va, este sería algo que hay que revisar, debido a que los más afectados serán los que menos tienen”, aseveró el docente.
Clímaco Flores, profesor de matemáticas del IED colegio distrital San José, de Barranquilla considera “descabellada” el anuncio del IVA a los libros escolares.
“Este impuesto complicaría más el acceso por parte de los padres a los cuadernos. Si antes compraban 4 ahora solo podrán comprar dos. Todo eso incidiría hasta en nuestra labor como docentes”, comentó Flores.
Padres de familia aseguraron ser los mayores afectados con el aumento y se mostraron en contra de la propuesta que describe como “algo fatal” para su economía.
“Esta situación afecta el bolsillo, porque el salario mínimo no está alcanzando y cada año todo aumenta. Tengo cuatro hijos y el año pasado me gasté casi un millón de pesos, ahora el próximo año con el aumento quién sabe en cuánto quedará”, expresó Guillermo Parra.