En el gobierno de Duque, se logró un tibio crecimiento en las pasifloras, cítricos, aguacate Hass, arándanos y tilapia, por el empuje de algunos empresarios visionarios y la alta demanda en los mercados de los EE.UU. y la UE. En el gobierno de Petro, ni siquiera existe una política pública para el sector agropecuario.
También hubiese sido de mucho interés ver en la agenda de la 59ª convención bancaria, propuestas audaces de cómo sustituir en vez de reemplazar a los pago-diarios con el microcrédito; de cómo crear un scoring estándar que ayude a agilizar los procesos de apertura, estudio y desembolsos de los créditos
¿Qué hacer en el 2026? Pues, lo mismo que le sugerí al expresidente Duque en el 2021, y no hizo. Es decir, enfocar todos los esfuerzos del ministerio de Agricultura en una política pública que ayude a los empresarios del campo a producir más con menos. Los burócratas del agro en Bogotá lo llaman “competitividad”.
En lo que sí deberían trabajar juntos con la bancada costeña es en la gestión de los recursos para terminar lo comenzado. Es una vergüenza que la Región Caribe, que concentra el 22% de la población nacional, tenga que traer la mayoría de los alimentos del interior del país por falta de infraestructura de bienes públicos e inyección de recursos de inversión en el desarrollo agroindustrial.
La polarización ahora es por el cuento chino de la “ruta de la seda”. La inexperiencia y falta de conocimientos de la canciller y la ministra encargada de la cartera de Comercio, Industria y Turismo, en protocolos diplomáticos y negociaciones de comercio exterior, y los ataques constantes de estos dirigentes gremiales, tienen confundidos a los empresarios del país.
La entrega de predios debió hacerse a asociaciones de productores bajo el esquema jurídico “en común y proindiviso”, para que todos compartan la propiedad del predio, sin que exista una división física o material del mismo. Además, debieron involucrar al Sena, ICA, Agrosavia, Banco Agrario y la Agencia de Desarrollo Rural, para capacitar y formar en buenas prácticas agrícolas, estructurar los proyectos productivos, financiar y prestar servicio de asistencia agronómica a las asociaciones de productores.
En esa rendición de cuentas, también dirán que fracasaron con la política de democratización del crédito del presidente Gustavo Petro. De los 39,4 billones de pesos desembolsados al sector agropecuario en el 2024, sólo el 8,7% fue para pequeños productores de bajos recursos. Literalmente, fue una gestión muy pobre.
Preocupados por esa indiferencia centralista, los empresarios, gobernadores y alcaldes decidieron crear una alianza público-privada territorial para construir ordenadamente un plan de acción que les permita crecer exponencialmente las áreas agrícolas de ese corredor geográfico.
Al final del sueño, ordenaba a los ministros de Agricultura y de Ambiente incentivar las zonas de producción agroindustrial, construir distritos de riego y sustituir las 250.000 ha de coca con plantaciones forestales mediante venta anticipada de bonos de carbono. Qué fácil es soñar y qué fácil es ser buen presidente de Colombia.
Mientras en Colombia no diseñemos e implementemos políticas públicas para reducir impuestos, tasas de interés y trámites engorrosos a los sectores productivos, y mientras no habilitemos el transporte fluvial y férreo, no habrá forma de ser competitivos en el comercio global.
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