En varias ocasiones he sugerido al Ministerio de Agricultura, Fasecolda y Finagro, crear un esquema de coaseguro. Este sistema ayudaría a enfrentar riesgos que, por su intensidad, frecuencia impredecible y costo económico, son muy difíciles de asumir por cualquier aseguradora que trabaje sola.
Barranquilla es la esquina mejor ubicada de Latinoamérica para desarrollar un ‘Food hub’ logístico, con el fin de producir, transformar y proveer de alimentos a un círculo de 100 millones de personas que están a una distancia no mayor de cinco horas por vía marítima, aérea y terrestre de la ciudad.
Para evitar la quiebra de los productores de arroz, debemos descartar de plano las pseudo-soluciones utópicas que solo contribuyen a confundir a los agricultores y a perpetuar los problemas del agro. El agobiado sector arrocero está exigiendo soluciones de verdad, que puedan efectivamente ser llevadas a la práctica y perdurables en el tiempo.
En Colombia, sucede todo lo contrario. Las ayudas económicas a los productores del campo se entregan con criterio político, de manera arbitraria y sin focalización en la productividad ni fomento a las agroexportaciones.
Desde este espacio propongo comenzar por la supresión de las 64 contralorías territoriales, unificar la función del control fiscal del Estado en una única Contraloría General y crear un “Tribunal de Cuentas” como órgano desconcentrado, encargado de adelantar los procesos de responsabilidad fiscal que surjan como consecuencia de los hallazgos fiscales configurados por la Contraloría General y Única, fruto del proceso auditado.
Indudablemente, la culpa de este estancamiento e ineficiencia productiva, es el manejo politiquero que le han dado los gobiernos de turno al sector. Los pactos burocráticos entre Palacio de Nariño y congresistas de los partidos políticos de la colación de gobierno, permitieron que el 70% de los presupuestos del Ministerio de Agricultura y sus entidades adscritas y vinculadas, se quedara en los bolsillos de funcionarios, congresistas y contratistas.
En el gobierno de Duque, se logró un tibio crecimiento en las pasifloras, cítricos, aguacate Hass, arándanos y tilapia, por el empuje de algunos empresarios visionarios y la alta demanda en los mercados de los EE.UU. y la UE. En el gobierno de Petro, ni siquiera existe una política pública para el sector agropecuario.
También hubiese sido de mucho interés ver en la agenda de la 59ª convención bancaria, propuestas audaces de cómo sustituir en vez de reemplazar a los pago-diarios con el microcrédito; de cómo crear un scoring estándar que ayude a agilizar los procesos de apertura, estudio y desembolsos de los créditos
¿Qué hacer en el 2026? Pues, lo mismo que le sugerí al expresidente Duque en el 2021, y no hizo. Es decir, enfocar todos los esfuerzos del ministerio de Agricultura en una política pública que ayude a los empresarios del campo a producir más con menos. Los burócratas del agro en Bogotá lo llaman “competitividad”.
En lo que sí deberían trabajar juntos con la bancada costeña es en la gestión de los recursos para terminar lo comenzado. Es una vergüenza que la Región Caribe, que concentra el 22% de la población nacional, tenga que traer la mayoría de los alimentos del interior del país por falta de infraestructura de bienes públicos e inyección de recursos de inversión en el desarrollo agroindustrial.
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