No desmerezco a figuras como Sergio Fajardo o Juan Carlos Pinzón; son candidatos serios, con propuestas respetables. Pero si en la contienda hay un costeño con igual preparación, liderazgo y visión, nuestra obligación moral y estratégica es respaldarlo sin titubeos. Es hora de aprender de los paisas: ellos se apoyan, se proyectan y defienden a sus líderes con convicción.
El 2025 evidencia que la política agropecuaria carece de enfoque estructural. El 2026 debe ser el año de la productividad, la transparencia y la innovación tecnológica en el agro. Sin estas acciones, el campo seguirá siendo el eslabón más vulnerable de la economía nacional.
El gobierno debe entender que la bancarización rural va más allá de una cuenta de ahorros para recibir una mesada pensional o un subsidio del Estado. La inclusión financiera tampoco debe percibirse como el aumento en la cobertura de microcréditos, si estos han sido otorgados a una tasa de interés del 45% anual.
La ciudadanía percibe al Congreso como un club de privilegios y no como una institución democrática. El poder prolongado genera riesgos. Cuando alguien permanece demasiado tiempo en el mismo cargo, se crean redes intrincadas de controlar, y eso abre la puerta al clientelismo y la corrupción.
Ha llegado el momento de que los colombianos castiguemos con el voto a los burócratas que solo buscan cuotas de poder y privilegios personales.
A pesar de ser productores del campo muy disciplinados y trabajadores, sus cultivos son ineficientes porque no cuentan con acceso a créditos, transferencia de tecnologías y conocimientos, ni con instrumentos de cobertura de riesgos en la comercialización de sus cosechas.
Es una lástima que los dirigentes gremiales del agro no hayan creado una mesa técnica nacional con el Congreso de la República para proponer, debatir y tramitar una nueva normatividad que le permita a los empresarios del campo tener seguridad jurídica sobre sus predios e inversiones, que garantice el acceso al crédito agropecuario y a la biotecnología.
Los partidos políticos tienen ese gran compromiso y los colombianos el deber y la responsabilidad de elegir congresistas que representen los intereses de la población, la región y el país.
No contentos con los incumplimientos y sobrecostos, los alcaldes de los municipios de esa zona bananera les entregaron a sus aliados políticos el perverso sistema de concesión de “cámaras ocultas” para imponer fotomultas a quienes no reduzcan la velocidad a 30 km en una vía nacional.
Reemplazar a El Cerrejón va a exigir del gobierno nacional y departamental unos grandes esfuerzos en materia de inversión pública y exención tributaria, para proveer al departamento de bienes públicos para poder atraer inversionistas privados que le apuesten al desarrollo de grandes proyectos turísticos, agroindustriales y de energías eólica y solar.
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