Al final, con esta mutilación de la información electoral antes de las elecciones, los ciudadanos terminamos afectados: con menos derechos, menos libertades y menos garantías democráticas. No puede olvidarse que fue bajo el gobierno de Petro cuando asesinaron a un candidato presidencial. La democracia empieza a fallar cuando el poder intenta apropiarse de la información y controlar la conversación pública.
Lo que está en juego no es solo el futuro de Venezuela, sino el modelo mismo de reconstrucción de un Estado colapsado: si primero la economía o primero la democracia. Y esa respuesta, que hoy parece estarse diseñando fuera de sus fronteras, terminará definiendo si el país sale realmente del ciclo autoritario o simplemente lo confirma.
La decisión establece que quien ocupa un cargo de elección popular con período coincidente no puede eludir la inhabilidad constitucional mediante la renuncia. El mensaje de la Corte es claro: los períodos son institucionales, no personales; no dependen de la voluntad del elegido.
Al final de cuentas, la ciudadanía deja de creer en la justicia. Y cuando la justicia pierde credibilidad, el sistema deja de funcionar. Sin independencia real no hay Estado de derecho posible. Y cuando eso ocurre, la justicia deja de ser un límite al poder para convertirse en su instrumento.
Con lo ocurrido la semana anterior, la justicia vuelve a equilibrar el poder: frena los excesos del Ejecutivo y corrige el desbordamiento de la JEP. El mensaje final es contundente: ni un Gobierno que pretenda gobernar por excepción, ni una justicia que invente reglas.
Pero el alcance del problema en Estados Unidos no se limita a ese frente. La actuación de la Fiscalía encendió nuevas alarmas. Ecopetrol es una empresa listada en la Bolsa de Valores de Nueva York, sometida a estándares particularmente exigentes de transparencia, gobierno corporativo y protección a los inversionistas.
El próximo gobierno no recibirá margen de maniobra, sino una estructura desordenada, endeudada y sin credibilidad. Tendrá que tomar decisiones difíciles desde el primer día: recortar el gasto, ordenar las cuentas, recuperar la confianza y frenar el deterioro institucional.
Lo cierto es que Gustavo Petro enfrenta una situación compleja: mientras las estructuras criminales están siendo combatidas en el vecino país, en Colombia operan como Pedro por su casa.
Tendremos un Congreso dividido entre dos grandes fuerzas, muy parecido al actual. Esa división, contrario a lo que muchos creen, no debilita la democracia; por el contrario, puede fortalecer el Estado de derecho al impedir hegemonías y obligar a la deliberación.
El sistema también establece que si el reconocimiento es tardío la sanción será de cinco a ocho años de prisión y, si no existe reconocimiento, la pena puede llegar hasta 20 años de presidio. Plantear metodologías o fórmulas evasivas frente a la aplicación de las sanciones abre un boquete frente a la Corte Penal Internacional.
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