Esta creciente reyerta entre el poder ejecutivo y el poder judicial en numerosos países se explica, en buena medida, por la nueva centralidad que ha adquirido la justicia. Una realidad incómoda para quienes, acostumbrados a ejercer el poder sin contrapesos, hoy descubren que el Estado de derecho ya no es un simple concepto abstracto, sino una realidad operativa.
La semana terminó con la firma de un acuerdo con el Clan del Golfo, mediante el cual se crean varias “zonas de ubicación” en medio de un proceso electoral cuya falta de garantías tiene al país en vilo, y sin ningún marco legal para hacerlo, pues no existe ley de sometimiento para estas organizaciones criminales.
Lo más grave es que millones de colombianos escuchan esta narrativa día y noche, adoptando un lenguaje virulento contra quienes poseen medios económicos o se han destacado profesionalmente, sin detenerse a reconocer el esfuerzo y el mérito detrás de esos logros.
Lo más sorprendente de este gobierno es que no existe la responsabilidad política. Una cosa es la responsabilidad penal -que se rige por el debido proceso y las garantías judiciales consagradas en la Constitución y en la Convención Americana de Derechos Humanos- y otra muy distinta es la responsabilidad política.
Por lo menos va quedando claro que apelar a relatos constituyentes para encubrir la falta de rumbo no va a funcionar. Chile y Ecuador están mostrando una cara seria en medio de la incorrección política que caracteriza a la región.
Los enemigos de las democracias pueden ser regímenes autoritarios exteriores o grupos internos dentro de la propia democracia. Ambos erosionan el sistema.
Todos ellos tienen un punto en común: reflexionar sobre cómo las sociedades se construyen o se deconstruyen analizando los aspectos puntuales que afectan a sus países o a sus culturas.
La conclusión del Departamento del Tesoro es que Gustavo Petro fue incluido en la lista Clinton por “ haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente o representan un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción”.
La sentencia de absolución de segunda instancia del expresidente Álvaro Uribe Vélez corrige una actuación irresponsable del fiscal que acusó y de la fiscal que sustentó y una desatinada sentencia de primera instancia que demuestra que el derecho penal no puede utilizarse para socavar la vida de las personas.
En medio de un lánguido final de la administración Petro que pretendió resolver los problemas de las tarifas de energía, el milagro de su reducción provino no por parte del gobierno sino de acciones exógenas que incluso han sido lideradas por las autoridades locales y departamentales.
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