El Heraldo
Atlántico

ANI dijo que no, la viceministra insiste en cobro de peaje de Luruaco

La confirmación sobre la instalación de un nuevo peaje en la vía Cordialidad por la viceministra de Infraestructura avivó la polémica por sus efectos.

Vuelve a salir a flote la polémica por la instalación de un peaje a la altura de Arroyo de Piedra, corregimiento de Luruaco.

La discusión se generó luego de que la viceministra de Infraestructura, Olga Lucía Ramírez, dijera a varios medios de comunicación que debían respetarse los contratos de las concesiones existentes; por lo tanto, el peaje será instalado para la ejecución del proyecto.

Este anuncio contradice lo dicho por el presidente de la ANI, Manuel Felipe Gutiérrez, a la gobernadora Elsa Noguera, en una reunión realizada recientemente. En ese encuentro Gutiérrez dijo que no se instalaría el peaje.

Olga Lucía dio a conocer la información este miércoles durante la instalación de la Reunión de Gobernadores en Barranquilla, en la que dijo que el tema de los peajes -en general- es que son necesarios para la construcción de infraestructura.

“Aquí lo importante es decir que se van a respetar los contratos de concesión existente, donde hay algunos peajes a instalar, no van a haber peajes nuevos para las concesiones nuevas (…). Sin embargo, los demás contratos deben respetarse”, dijo.

Aseguró que el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) dijo que el peaje de Arroyo de Piedra está en una resolución y que hay que “honrar un contrato”.

Reiteró que hablarán con la comunidad sobre la instalación de la caseta, prevista para final del 2022. 

Sobre las tarifas diferenciales de los peajes existentes, señaló que vienen trabajando el tema y que la ANI se reunirá con la Gobernación del Atlántico y la Secretaría de Infraestructura debido a que deben revisar el cumplimiento de algunos requisitos y hacer un censo para que “la comunidad no se vea afectada”.

 

Sobre este hecho, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, reiteró que cuando llegaron, los proyectos de cuarta generación ya estaban contratados y estructurados, y el que no estaba contratado -de alguna manera- tenía un derecho y eso hizo que un tribunal los obligara a firmar un contrato porque no se presentó ningún otro proponente.

Orozco explicó que las APP tienen una matriz de riesgo de contrato, entonces, si no es viable la instalación del peaje, hay otras formas de mitigar como el otorgamiento de tarifas diferenciales.

“El 83 % de las concesiones viales del país tienen tarifas diferenciales para las personas que habitan alrededor del peaje, entonces, eso es una forma de mitigación en caso que no se logre una negociación”, dijo.

Representantes opinan

 Martha Villalba, como miembro de la Bancada del Atlántico, dio a conocer su rechazo a la decisión de la instalación de nuevas casetas en la jurisdicción del departamento.

Aseguró que el Atlántico “hoy no soporta más” la instalación de una caseta de peaje y mucho menos las comunidades. 

“Es necesaria la infraestructura y es importante que desde el Gobierno nacional se planteen alternativas distintas para que efectivamente esas obras se puedan ejecutar, eso es posible y hay que encontrar, a través de un consenso, los mecanismos para lograrlo”, dijo.

El senador Mauricio Gómez hizo un llamado a la ministra de Transporte y al presidente de la ANI para que “de una vez por todas” aclaren el tema del montaje de nuevos peajes en el Atlántico.

Aseguró que en días pasados recibió la visita del presidente de la ANI, quien se comprometió a socializar con la comunidad antes de montar cualquier peaje, pidió claridad al Gobierno sobre el tema.

El también representante César Lorduy indicó que entiende que el mecanismo mediante el cual los privados recuperan el dinero invertido en las vías es por los peajes, pero también existen alternativas para que en vez de colocar los peajes se amplíe el término de la concesión.

“Lo único que avanza en el departamento del Atlántico son los peajes. El Puerto es un problema, la vía Ciénaga a Barranquilla es un problema, la vía Barranquilla a Cartagena es otro problema, el aeropuerto es otro problema”, dijo.

Por su parte, el senador Efraín Cepeda dijo que el Gobierno no puede cometer otro error como la fallida reforma tributaria anterior, que es tratar de meterle la mano al bolsillo –sobre todo- a la clase vulnerable en momento en que la pandemia les ha restado ingreso.

Explicó que hay 4 millones y medio de nuevos colombianos que han descendido en la tabla de pobreza, y anunciar un nuevo peaje puede resultar en “un nuevo estallido social si a la gente se le pretende cobrar una plata que no tiene”. Reiteró que la solución se debe buscar de otra manera y si insisten, llevarán el tema al Congreso para debatirlo.

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