La millonaria demanda que pone en jaque a Sabanagrande
El Consejo de Estado ratificó la decisión en contra del municipio, que tumbó una sanción por el orden de $10.579 millones a Comcel.
Problemas financieros. Ese es el fantasma que ha empezado a rondar al municipio de Sabanagrande a causa de un fallo del Consejo de Estado, a través del cual se tumbó una sanción por el orden de $10.579 millones que había sido impuesta en el año 2017 a la empresa Comcel por “no declarar el impuesto de industria y comercio”.
Dicha sanción había sido interpuesta por la Secretaría de Hacienda de Sabanagrande –a través de la resolución sanción 004– por la no declaración del impuesto en los periodos correspondientes de 2011 a 2015.
En el fallo de segunda instancia, emitido por la Sección Cuarta y con ponencia del consejero Milton Chaves García, se confirmó la sentencia emitida –en marzo de 2021– por el Tribunal Administrativo del Atlántico, en el cual se declaró la nulidad de las resoluciones expedidas por dicha administración municipal.
La decisión del alto tribunal corresponde a un recurso de apelación interpuesto por la Alcaldía de Sabanagrande, aduciendo que no se valoró el dictamen pericial entregado por un ingeniero.
Entre los argumentos expuestos por las autoridades locales corresponde a que la empresa Comcel realizó actividades gravadas con el impuesto de industria y comercio, puesto que en su jurisdicción existen dos antenas, a través de las cuales se presta el servicio de telefonía móvil.
Sin embargo, la compañía respondió que la prestación de dicho servicio se realiza por medio de conmutadores y si no cuenta con dichos equipos instalados en el municipio, “no es sujeto pasivo del ICA”.
En su momento, Comcel indicó que solo contaba con conmutadores en Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín y Pereira, “tal como se demostró en la inspección tributaria que se llevó a cabo en el trámite de la vía administrativa”.
Por este caso, la Procuraduría General de la Nación sancionó –en diciembre de 2019– con destitución e inhabilidad de diez años al entonces alcalde de Sabanagrande, José Mario Romero Cahuana, y a su secretario de Hacienda, Arot Guillermo Caballero Gómez.
El ente de control tomó dicha determinación debido a que adicionaron más de $10.579 millones, embargados a una empresa particular en desarrollo de un proceso coactivo, al presupuesto de rentas y gastos para la vigencia fiscal del 2018, a pesar de que la orden de apropiación de esos recursos no se encontraba en firme.
La sanción fue ratificada en mayo de 2020.
